El Gobierno denuncia que los móviles de Sánchez y Robles fueron espiados con el programa Pegasus
Los atacantes extrajeron 2,6 gigas de datos del teléfono del presidente y nueve megas de la ministra de Defensa. El Ejecutivo no sabe aún cuál es la información robada y su grado de sensibilidad
Giro inesperado en el caso Pegasus. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido espiados con el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el terminal de Robles.
Los piratas extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigabytes en la primera intrusión, y 130 megabytes, en la segunda. El botín que sacaron del móvil de la titular de Defensa fue mucho menor; al menos, en cuanto a volumen: nueve megas. El Gobierno no sabe aún cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de una cantidad equivalente al espacio requerido para almacenar varias películas o miles de folios.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha comparecido a primera hora de la mañana de este lunes en La Moncloa acompañado de la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha informado de “intrusiones consumadas” en las que se ha producido una “extracción de un determinado volumen de datos de los terminales”, y ha calificado las intervenciones de “ilícitas” y “externas”.
En su denuncia, el Ejecutivo no señala la posible autoría de estos ataques informáticos, pero asegura que son “ajenos a organismos del Estado”, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la única agencia española que oficialmente tiene el programa Pegasus. “Cuando decimos intrusiones externas, queremos decir que son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial. Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños.
La Abogacía del Estado ha presentado este lunes por la mañana una denuncia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional ―el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 José Luis Calama― para que se investiguen los hechos. La denuncia no señala a los posibles responsables, pero se basa en datos “verificados y contrastados”, sobre los que “no hay ninguna duda”, según Bolaños. El juez Calama ha acordado el envío a reparto de la denuncia.
El Gobierno asegura que el pasado sábado tuvo en sus manos el informe del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos. Según dicho informe, no se ha producido ninguna nueva intrusión en los teléfonos de Sánchez y Robles después de junio de 2021. “Sabemos que, desde esas fechas, no ha habido ninguna intervención en esos dos terminales. No hay pruebas de que se haya producido una nueva intrusión”, ha insistido el ministro.
El descubrimiento se ha producido después de que el CCN —con apoyo de técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— realizara un minucioso análisis forense de los dos móviles. Para ello, fue necesario que Sánchez y Robles los entregaran durante un periodo de entre 24 y 36 horas, ya que las revisiones periódicas y rutinarias a las que se someten los teléfonos de los altos cargos no los habían detectado. A raíz de la publicación de la lista de más de 60 líderes independentistas catalanes y vascos que, según Citizen Lab, un grupo de expertos de la Universidad de Toronto (Canadá), fueron infectados con el Pegasus se limitaron, sin embargo, a descargar la información de sus móviles en un documento, con asesoramiento técnico, y remitirla a los expertos.
Según fuentes gubernamentales, fue precisamente a raíz de la publicación del informe de Citizen Lab que el Gobierno decidió realizar una revisión exhaustiva de sus propios móviles. terminales.
Cuando un alto cargo toma posesión, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) le entrega un móvil encriptado y teóricamente a prueba de ciberataques, que a su vez facilita el Centro Criptológico Nacional (CCN). Los teléfonos que han sido atacados son los oficiales y no posibles teléfonos privados, según las fuentes consultadas. El hecho de que los teléfonos del presidente y la ministra de Defensa hayan sido espiados sin que se detectara en casi un año supone una clara quiebra de la seguridad.
Fuentes de La Moncloa excusan el fallo asegurando que intrusiones de este tipo se han descubierto en una veintena de países sin que, en la mayoría de las ocasiones, haya sido posible descubrir el origen. El programa Pegasus no está teóricamente en poder de servicios secretos de países supuestamente hostiles, como Rusia o China, sino de amigos, como Marruecos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o México.
“Una de las conclusiones a las que ha llegado el Gobierno es que reforcemos los sistemas de seguridad. Vamos a poner todo el conocimiento y capacidades del Gobierno central a disposición de gobiernos y parlamentos autonómicos”, ha añadido Bolaños.
El Ejecutivo sostiene que este descubrimiento no va a afectar a las comparecencias en el Congreso para aclarar el escándalo de las escuchas. Está previsto que el miércoles acuda a la Comisión de Defensa la ministra Robles, y que la directora del CNI, Paz Esteban, comparezca ante la Comisión de Secretos Oficiales ―que se constituyó finalmente la semana pasada, tras dos años y medio de bloqueo― en cuanto fije una fecha la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Estaba previsto que, bajo la presidencia del Rey, el CNI celebrara un acto el próximo viernes para conmemorar el 20 aniversario de la aprobación de la ley que lo creó en su forma actual, pero ha quedado suspendido, según adelantó este lunes El Mundo. Las fuentes consultadas indicaron que la suspensión se debe al hecho de no saber qué día tendrá que comparecer la directora del servio secreto en el Congreso.
La revelación de los hackeos se ha producido tras una semana en la que el Gobierno ha sacado adelante en el Congreso por la mínima su plan para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española, gracias al apoyo de EH Bildu y con el enfado de ERC, uno de sus socios parlamentarios clave, por el supuesto espionaje a al menos a 60 líderes políticos y sociales del independentismo. En los últimos días, el discurso del president Pere Aragonès, uno de los afectados, se ha ido endureciendo hasta que a finales de la semana pasada pidió que la ministra de Defensa y máxima responsable del CNI, Margarita Robles, asumiera responsabilidades.
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