Una filtración revela el espionaje de Gobiernos a periodistas y opositores con el programa Pegasus

Es un nuevo paso en la vigilancia de opositores y periodistas independientes por parte de regímenes más o menos autoritarios, un sistema que sigilosamente permite espiar teléfonos móviles de personas incómodas para el poder, con todo su contenido: llamadas, mensajes, contactos, fotografías. La existencia del programa Pegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group, era conocida. Ahora se ha sabido que casi medio centenar de gobiernos, entre ellos varios autoritarios, lo han usado para controlar a decenas de miles de objetivos potenciales en todo el mundo, según ha revelado el consorcio de periodistas Forbidden Stories y la organización Amnistía Internacional.

La revelación –publicada el domingo por los diarios Le Monde y The Guardian, entre otros medios internacionales– se basa en la filtración de una lista de 50.000 números telefónicos identificados como objetivos potenciales desde 2016 por los clientes de NSO, aunque no todos han sido infectados. Entre los estados que usaron el programa de NSO según las revelaciones, se encuentran México, Hungría, Marruecos, la India, Arabia Saudí, Ruanda y Azerbaiyán.

Entre los 180 periodistas incluidos en la lista de potenciales objetivos, figuran, según The Guardian, profesionales de los principales medios internacionales, entre ellos The Financial Times, The New York Times y EL PAÍS (este lunes no había trascendido ningún nombre concreto de afectados). También periodistas como el marroquí Omar Radi, detenido en julio de 2020 y acusado de espionaje y de atentar contra la seguridad del Estado, además de violación, y que este lunes ha sido condenado a seis años de cárcel. También a personas del entorno de Jamal Khashoggi, el opositor saudí asesinado en Estambul en 2018 y profesionales en Azerbaiyán, Hungría o la India.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que las revelaciones deben verificarse, pero que, si se confirman, sería “absolutamente inaceptable” el uso de programas de espionaje contra periodistas, informa la agencia Reuters. El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, describió las revelaciones como “extremadamente graves”. “Es muy grave que haya manipulaciones, técnicas que buscan dañar la libertad de los periodistas, su libertad de investigar, de informar”, declaró Attal a la cadena France Info.

Unos mil números de teléfonos franceses figuran entre los espiados con el programa Pegasus, según la cadena pública Radio France, que precisa que Francia no es cliente de NSO. Es Marruecos, añaden las revelaciones, el probable origen del espionaje de algunos periodistas franceses como Edwy Plenel, responsable del diario de investigación de izquierdas Mediapart, o de otros países, como el español Ignacio Cembrero, especialista en el Magreb.

“Durante tiempo los periodistas han creído que las nuevas tecnologías –la armada de comunicaciones encriptadas en la que confían– eran sus aliadas: una protección clave contra la censura”, escriben en The Guardian Laurent Richard y Sandrine Rigaud, responsables de Forbidden Stories. “Con la existencia de herramientas de cibervigilancia tan avanzadas como Pegasus, se han dado cuenta de forma brutal de que las mayores amenazas se esconden en lugares que antes creyeron que eran los más seguros”. Es decir, en sus teléfonos.

En respuesta a los periodistas que han destapado este supuesto espionaje, la empresa NSO respondió: “NSO Group niega con firmeza las falsas acusaciones que se plantean en su investigación. Estas acusaciones son en muchos casos teorías no corroboradas que arrojan serias dudas sobre la credibilidad de sus fuentes, así como sobre el núcleo de la investigación”.

En julio de 2020, una investigación de EL PAÍS y The Guardian ya reveló que los móviles de varios dirigentes independentistas catalanes, entre ellos el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, habían sido objetivo del programa Pegasus. Tanto el ministerio español del Interior como la Policía y la Guardia Civil aseguraron entonces que nunca han contratado los servicios de NSO. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) afirmó que “actúa siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico”.

A diferencia del programa de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU (NSA, en sus siglas inglesas), revelado en 2013 y capaz de vigilar indiscriminadamente los registros telefónicos, el programa Pegasus permite a los estados que lo ha adquirido fijarse en personas concretas, introducirse en sus teléfonos, captar sus contenidos e incluso activar el micrófono y la cámara de estos. Otra particularidad es que, en este caso, no se trata de piratas informáticos ni de Gobierno de potencias globales, sino de una empresa privada que vende un producto a los gobiernos, cuyos servicios secretos se dotan así de una capacidad de espionaje que, de otro modo, solo estaría al alcance de los estados más ricos y poderosos.

El problema que plantea el programa Pegasus, si se confirma la lista de 50.000 objetivos, es que no sirve solo para espiar y combatir a organizaciones criminales o terroristas, el uso para el que teóricamente se habría concebido. El problema sería que se hubiese utilizado fuera de todo marco legal y principalmente para espiar a activistas por los derechos humanos, periodistas y opositores, además de jefes de Estado y de Gobierno, diplomáticos y responsables de otros servicios de espionaje.

”El análisis de los datos”, escribe Le Monde, “muestra que, para un gran parte de los clientes de NSO, el terrorismo y la gran criminalidad no constituyen más que una parte ínfima de las utilizaciones”. Le Monde añade que la investigación “demuestra de manera incontestable que estos abusos son la norma y no la excepción”.

NSO no niega los posibles abusos. La empresa israelí ha prometido, según la declaración con la que ha reaccionado a las revelaciones de Forbidden Stories, “continuar investigando las acusaciones creíbles sobre la utilización abusiva [del programa] y actuará en función de los resultados de las investigaciones”. Y añade. “Esto podrá consistir en interrumpir el acceso de algunos clientes al sistema en caso de abusos confirmados. Lo ha hecho en el pasado y no dudará en reiterarlo”.