Los últimos días de Puigdemont en Waterloo

Carles Puigdemont no estaba allí, en Estrasburgo (Francia). Varios medios buscaban por los pasillos, por asegurarse de si había acudido o no, pero el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española desde 2017 y asentado en Bélgica desde entonces, no asistió la semana pasada al pleno del Parlamento Europeo a pesar de que, en teoría, no corría riesgo de ser detenido. O quizá sí. Fue la última oportunidad en la que se le pudo haber visto en su escaño de eurodiputado, pero rechazó desplazarse a la ciudad alsaciana alegando motivos familiares, según indicaron entonces fuentes de su entorno.

En julio, su enmarañado caso judicial había dado el enésimo giro cuando el Tribunal General de la Unión Europea rechazó la petición de medidas cautelares que había solicitado la defensa del político independentista, y volvió a retirarle a él y a los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín —también huidos en Bélgica y reclamados por el Tribunal Supremo— la inmunidad de la que gozaban como eurodiputados.

En ese auto, el juez consideró que ninguno de los tres corría el peligro de ser detenido y entregado a las autoridades españolas porque las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por el Tribunal Supremo español estaban suspendidas. Sus euroórdenes quedaron congeladas a la espera de que el tribunal europeo resuelva el conflicto entre la justicia española y la belga, que en enero de este año había rechazado entregar a España a Lluís Puig, otro encausado del procés residente en Bélgica, por estimar que su entrega a España pondría en peligro sus derechos fundamentales.

Tras ese golpe, el juez del Supremo Pablo Llarena planteó una cuestión prejudicial ante el tribunal europeo para determinar si la justicia belga ha infringido o no las normas de la orden europea de detención y entrega en el caso de Puig. Esa cuestión prejudicial conlleva la paralización del resto de órdenes, según confirmó entonces España durante el procedimiento.

Tras pasar un 2020 de perfil bajo durante la pandemia, que disminuyó de forma obligada el ritmo de sus viajes por Europa y sus habituales recepciones y ajetreo en la autodenominada Casa de la República, el chalet de 550 metros cuadrados donde vive en Waterloo, Puigdemont fue recuperando protagonismo este año.

En junio, tras meses de tensión para formar Gobierno en Cataluña, y el enfrentamiento entre Junts, el partido que preside, y ERC, recibió en Waterloo la visita del recién nombrado presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Aparcaron diferencias y en una comparecencia a la puerta de la vivienda aseguraron: “Con los indultos no se soluciona la represión” y tampoco “el conflicto político de fondo”.

Poco después, regresó el movimiento a la residencia del expresident: a principios de julio recibió la visita del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, tras haber pasado este más de tres años y medio en prisión y después de ser indultado por el Gobierno. Fue un encuentro breve que Junqueras describió como “personal”, “agradable”, “emotivo” y en el que no hubo “ningún reproche”. Puigdemont abrió la casa incluso a la prensa, y dejó ver entre bambalinas unos minutos distendidos del que se suponía iba a ser un encuentro gélido entre dos antagonistas del procés.

Durante las últimas semanas, Puigdemont ha dedicado bastante tiempo a criticar una sólida investigación del diario estadounidense The New York Times sobre el apoyo de Rusia al proceso independentista. Su último tuit, publicado el mismo jueves de su detención, arranca: “España es una monarquía bananera”. Y critica que “los bien informados corresponsales del New York Times” no hablen de su “deriva totalitaria”.

A mediados de septiembre, hace menos de 10 días, Puigdemont se dejó ver por París, donde acudió a la presentación de un documental sobre el proceso independentista.