El Supremo espera que la justicia italiana entregue a Puigdemont
La detención del expresidente catalán abre un proceso de intercambio de documentos entre Italia y España
La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña pone en marcha un procedimiento que, si fructifica, terminará con la entrega del expresidente catalán a la justicia española para que sea juzgado en el Tribunal Supremo. El arresto se ha producido porque el Parlamento Europeo levantó recientemente la inmunidad de la que gozaba Puigdemont como europarlamentario y estaban vigentes las órdenes de busca y captura dictadas por el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena.
Fuentes del Supremo señalan que el expresident ha sido detenido tras viajar a Cerdeña y ser detectado por la policía italiana al introducir su nombre en el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés), un programa de control de las personas que salen o llegan a la Unión Europea por vía aérea para detectar la presencia de presuntos delincuentes. La detención abre, según estas fuentes, un escenario “un poco incierto” que pasa por un proceso de diálogo entre los tribunales de España e Italia. El magistrado Llarena remitirá a Italia un escrito con los delitos por los que se reclama al expresidente: sedición y malversación, los mismos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y otros cinco miembros del Govern de Puigdemont. Italia debe revisar esas acusaciones y decidir si realiza la entrega.
Puigdemont se encuentra en dependencias policiales, y lo previsible, según fuentes jurídicas italianas, es que pase a disposición judicial, sea interrogado en las próximas 48 horas para convalidar el arresto y pase luego a la Corte de Apelación de Sassari, que será la que decida si se lo extradita o no, informa Daniel Verdú. El plazo máximo para decidir sobre la entrega es de 60 días. Italia no tiene un delito similar a la sedición, el más parecido es un delito de subversión del orden democrático que es el que se ha aplicado a terroristas fascistas (270 bis del código penal). Ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno fueron informados de la detención hasta después de que esta trascendiera a los medios.
El Tribunal General de la Unión Europea afirmó el pasado 30 de julio, en la resolución que confirmó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, que “nada” permitía “considerar” que las autoridades judiciales belgas o las de “cualquier otro Estado miembro” pudieran “ejecutar las órdenes de detención europeas” dictadas contra los eurodiputados independentistas y “entregarlos a las autoridades españolas”. Y ello era así porque estaba pendiente de resolverse por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión planteada por el juez Llarena sobre la interpretación que hizo Bélgica de la directiva de las euroórdenes, por la que rechazó la entrega del exconsejero catalán Lluís Puig. En el auto del 30 de julio, el tribunal de Luxemburgo afirmaba, además, que las “autoridades españolas” —sin citar cuáles— indicaron “expresamente” que hasta que no se resolviera esa pregunta de Llarena, “la ejecución de las órdenes de detención también ha sido suspendida”.
No obstante, el Tribunal General contemplaba en ese momento la posibilidad de que Puigdemont o los otros dos eurodiputados fugados pudieran ser detenidos por cualquier Estado miembro de la UE en ejecución de las euroórdenes. En ese caso, el tribunal europeo planteaba que “los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda” para recobrar la inmunidad parlamentaria.
Fuentes del Supremo señalan que, pese a lo afirmado en ese auto de julio, la euroorden por sedición contra Puigdemont se ha mantenido siempre activa. Desde principios de 2020, cuando tomó posesión de su escaño como eurodiputado, el expresidente catalán gozó del blindaje de la inmunidad de los parlamentarios europeos, pero la Eurocámara le levantó esta protección en julio pasado, por lo que Puigdemont se arriesgaba a ser detenido si salía de Bélgica para un viaje que no tuviera relación con su cargo de eurodiputado.
Fuentes del alto tribunal explican que la euroorden que se tramitaba en Bélgica estaba paralizada, por decisión de la justicia de ese país, mientras el Tribunal de Justicia de la UE resolvía la cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena. Pero esa pregunta solo afectaba al procedimiento abierto en Bélgica, pero no impedía que se pusiera en marcha otro procedimiento si, como ha ocurrido, el expresidente catalán era detenido en otro país.
La orden de detención europea (ODE) es un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad. Las ODE emitidas por las autoridades judiciales de cualquier país de la UE son válidas en todo el territorio de la UE. La ODE viene funcionando desde el 1 de enero de 2004 y ha sustituido a los dilatados procedimientos de extradición que solían existir entre países de la UE.
Fuentes del Supremo señalan que si Puigdemont es entregado a España, lo lógico es que el juez instructor dicte prisión provisional e incondicional contra él, siguiendo idéntico criterio que el utilizado con los otros dirigentes independentistas catalanes que fueron juzgados por los mismos hechos por los que huyó el expresidente. La concesión de indultos a los nueve condenados por el procés no tiene por qué influir en la situación de Puigdemont, señalan estas fuentes.
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