El tribunal paraliza los embargos para analizar el aval público catalán

El Tribunal de Cuentas paralizó este jueves los embargos de bienes que había decidido a primera hora de la mañana para cubrir la fianza impuesta a los 30 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña que no habían entregado los avales necesarios.

Los abogados de esos ex altos cargos comunicaron al Tribunal de Cuentas que sus defendidos habían decidido acogerse a los avales del Institut Català de Finances (ICF) para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman por los gastos que la administración catalana desvió presuntamente a la promoción exterior del procés independentista. Y que la documentación original de esos avales llegaría este viernes al órgano fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas accedió in extremis a las reiteradas peticiones de las defensas, a pesar de que el día anterior había denegado un aplazamiento para formalizar las fianzas.

A las ocho de la mañana de este miércoles seguían sin llegar los avales, por lo que el tribunal comenzó a preparar las diligencias de embargo, una vez recibida la correspondiente orden al haber vencido en la medianoche del miércoles al jueves el plazo para constituir la cantidad reclamada. La publicación de la noticia sobre el inicio de estos trámites activó las gestiones de los letrados de los investigados, que reiteraron sus llamadas para asegurar que los documentos correspondientes se enviarían a media mañana por vía telemática, y que este viernes llegaría el original a la sede del organismo fiscalizador por medio de una empresa de mensajería contratada al efecto.

Fue en ese momento cuando se dio la orden de paralizar las diligencias de embargo, ante el reiterado compromiso de agilizar al máximo el envío de los avales. Durante todo el miércoles, se mantuvo el diálogo entre el tribunal y las defensas, que solo pudieron hacer llegar al órgano fiscalizador una copia del acuerdo del Institut Català de Finances de conceder los avales. Pero la certificación de ese acuerdo no satisfizo a la delegada instructora, Esperanza García, que exigía los avales propiamente dichos. La garantía, a su vez, no pudo formalizarse hasta este jueves, porque según la Generalitat, surgieron problemas de tramitación.

De ahí que este jueves a primera hora, vencido el plazo legal para constituir las fianzas, se diera la orden de comenzar con los embargos, escenario que al ser desvelado tuvo la virtud de desatrancar rápidamente la situación, según indicaron a este periódico fuentes del tribunal. La remisión telemática de una copia de los avales permitió que el órgano fiscalizador concediera un plazo de 48 horas para la efectiva remisión de los documentos acreditativos de que el citado Instituto no solo había acordado conceder tal garantía, sino que la había prestado.

Lo importante ahora es lo que vaya a suceder con este mecanismo de aseguramiento de la suma que se exige a los investigados. Cuatro de ellos han preferido aportar su propio listado de bienes para que el tribunal pida a los correspondientes registros que tomen nota de que están bajo embargo, como garantía del pago, si se dicta sentencia condenatoria en su momento. Para eso pueden faltar años. Quienes han optado por este camino son encausados a los que se les atribuyen gastos escasos o residuales en la acción exterior de la Generalitat para promover el proyecto de independencia de Cataluña durante el procés. Para ellos el riesgo de pérdida completa de bienes a causa de este expediente es muy remoto.

En cambio, los avales son de momento una tabla de salvación para aquellos investigados a los que se les reclaman las mayores cantidades, El Tribunal de Cuentas exige, por ejemplo, 2.803.116 euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, o al exconsejero de Finanzas Andreu Mas-Colell, que ha recibido muestras de solidaridad de muy destacados economistas ante esta reclamación de responsabilidad. Cifras también elevadas corresponden al expresidente Carles Puigdemont (hoy prófugo) y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a cada uno de los cuales se le exigen 1.981.454 euros.

Para todos ellos y otros, hasta 30 investigados, la admisión de los avales del Institut Català de Finances implica diferir por un largo período la hipótesis de tener que abonar las mencionadas cantidades. El procedimiento de responsabilidad contable sobre la consulta ilegal del 9-N de 2014 se ha convertido ahora, después de siete años, en sentencia firme, al ser inadmitidos los recursos por el Supremo (que es quien revisa en casación las sentencias del Tribunal de Cuentas si se impugnan). Y no es este el último capítulo de este asunto, porque el caso va a ser recurrido ante el Constitucional y posteriormente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). De modo que no pagar ahora, ni ver los bienes embargados para garantizar cantidades elevadas, significa ponerlos a buen recaudo por no pocos años.

Dudosa garantía

Ahora bien, la aportación de los avales no implica que automáticamente vayan a ser aceptados por el Tribunal de Cuentas como garantía absoluta, sobre todo después de que la Generalitat no obtuviera el respaldo de las principales entidades financieras para amparar la operación. Lo que va a analizar ahora la delegada instructora es si este mecanismo ideado por la administración catalana como vía alternativa, tras no lograr el apoyo de un banco, supone dedicar dinero público para defender a los investigados.

A estos se les acusa de haber utilizado indebidamente fondos públicos para promover la independencia de Cataluña en países extranjeros. Es decir, de utilizar los mencionados 5,4 millones para unos fines que eran ajenos a las competencias de una administración autonómica. La Generalitat ha insistido en que sí tiene atribuciones en materia de acción exterior.

El criterio dominante en el Tribunal de Cuentas es que no estaría justificado admitir que la institución perjudicada por un desvío de fondos acuda luego con dinero igualmente público a garantizar la defensa de los investigados.

Si la delegada instructora no admite el empleo de este mecanismo, los investigados lo recurrirán. Y si lo permite, el recurso será de Societat Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución, que ejercen en este caso la acción popular.