Indultos a los presos del 'procés'

El Gobierno aprueba los indultos parciales y condicionados a los presos del ‘procés’ “para abrir un nuevo tiempo de diálogo”

Un Consejo de Ministros de más de tres horas aprueba “por utilidad pública” la medida de gracia para los líderes independentistas que aún siguen con condenas vigentes de prisión

Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros, este martes. (FOTO: JAIME VILLANUEVA | VÍDEO: MONCLOA)

Un Consejo de Ministros de más de tres horas ha aprobado “por utilidad pública” los nueve indultos para los presos del procés que aún siguen con condenas vigentes de prisión. El indulto será parcial y condicionado a que los reos no cometan un delito en varios años, según ha explicado el presidente, Pedro Sánchez. En el caso del condenado a una pena mayor, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la medida de gracia estará condicionada durante seis años, por encima de los cinco previstos inicialmente. En el caso de Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, serán cinco años. “Pretendemos abrir un nuevo tiempo de diálogo”, ha explicado Pedro Sánchez en una intervención sin preguntas y sin redactores presentes en las escalinatas de La Moncloa. “Encontraremos dificultades en el camino, pero merece mucho la pena intentarlo. Por nuestros hijos y nuestras nietas, la sociedad entera se lo merece. Queremos cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La sociedad española demuestra hoy su grandeza. Es el momento de volver a la política”. El decreto, firmado por el Rey, se publicará mañana en el BOE y tendrá efecto inmediato, por lo que los presos podrán salir de la cárcel de forma automática o no regresar si están de permiso.

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El Consejo de Ministros ha sido muy intenso, según varios de los presentes. Todos eran conscientes de la importancia de la decisión, y casi todos intervinieron. Nadie estuvo en contra, aunque hubo algunos matices jurídicos, como es habitual, sobre todo por esa condicionalidad de seis años a Junqueras, que se elevó en el último momento. Algunos mostraron más preocupación por la división del electorado socialista en este asunto, pero el apoyo fue unánime, incluida Margarita Robles, la ministra en teoría más alejada de una decisión como esta. Los ministros de Unidas Podemos, que siempre apostaron por esta idea, fueron los más rotundos.

Pedro Sánchez conversa con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en presencia del responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
Pedro Sánchez conversa con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en presencia del responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes. Pool Moncloa/EFE

El consejo fue “muy político”, según varios de los presentes, y hubo coincidencia entre varios ministros en que este es un momento que marca la legislatura. Los más claros en esta línea fueron el propio presidente, consciente de que es una medida política y que la mesa de diálogo marcará la segunda parte de su mandato, y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ambos defendieron con vehemencia la decisión. Dentro de “pocos días”, según el Gobierno, Sánchez recibirá en La Moncloa al president Pere Aragonés y ahí se pactará cuándo empieza a trabajar la mesa de diálogo.

Sánchez es consciente de las dificultades de esa mesa, pero está convencido de que hay que intentar este diálogo. Las últimas declaraciones de Junqueras muestran que no será fácil, señalan en el Ejecutivo. De hecho, el Gobierno ha aumentado los años previstos de condicionalidad en función de las declaraciones y las posiciones políticas de los presos, y no de los años que les quedan de condena. Por eso los que han sido más duros, como Junqueras y Sànchez, tienen más años, mientras que Dolors Bassa, que ha decidido abandonar la política, tiene tres. De hecho Sànchez, portavoz de Junts, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, también con cinco años, son los que salen peor parados porque sus condenas son más bajas, pero su condicionalidad es más alta precisamente por su posición política, que no renuncia a la unilateralidad. Aun así todos saldrán de prisión inmediatamente, que era lo más relevante desde el punto de vista político.

En cualquier caso, el Ejecutivo está convencido de que los independentistas, digan lo que digan, no lo volverán a hacer. No solo porque políticamente creen que no están en eso, sino porque los indultos ponen la precaución de varios años de condicionalidad y porque se mantiene la inhabilitación absoluta, por lo cual estos dirigentes no podrán ocupar un cargo público desde el que repetir sus actos de 2017. El Gobierno cree que ellos han dado el primer paso para la recuperación del diálogo con los indultos y ahora le toca al independentismo mostrar su voluntad de acercamiento.

Díaz, vicepresidenta tercera y máxima representante de Unidas Podemos, señaló después en un tuit que es “una de las decisiones más trascendentales de esta legislatura, un punto de partida para avanzar en la resolución del conflicto político, en la reconcialiación”. Unidas Podemos quiere aprovechar este hito de la legislatura para consolidar la mayoría de la investidura y dar un giro social a la línea política del Gobierno. El PSOE está de acuerdo y hay varias medidas progresistas en agenda para las próximas semanas, aunque la discusión entre los dos grupos sigue siendo intensa y falta el acuerdo en muchos puntos decisivos como la subida del salario mínimo.

Un largo desencuentro desde 2012

Todo empezó el 20 de septiembre de 2012. Ese día, el presidente Artur Mas, agobiado por la masiva manifestación del 11 de septiembre en Barcelona, subió la apuesta para no ser engullido por la calle y por ERC y exigió a Mariano Rajoy en La Moncloa que negociara el pacto fiscal, una especie de concierto vasco para Cataluña. Rajoy lo rechazó de plano. Mas convocó elecciones pensando en un gran éxito, pero fracasó y tuvo que gobernar con ERC. Desde ese momento, la política española y la catalana jamás volvieron a encontrarse y todo fue complicándose cada vez más. Nueve años después, por primera vez un Gobierno central toma una medida polémica, la de los indultos a los presos del procés, que tiene la declarada intención de darle la vuelta a ese proceso de deriva imparable. Nadie sabe si funcionará, ni siquiera el propio Gobierno que la toma, pero el argumento con el que se lleva adelante deja clara su dimensión histórica: “Alguien tenía que dar el primer paso”.

El Gobierno lleva casi un año dando vueltas a los indultos. Y hablando con ERC de ellos casi de forma permanente. Pese a las dudas iniciales, y el cambio claro de posición del presidente, que en 2019 rechazaba de plano la idea de aprobar la medida de gracia, todo ha ido sumando poco a poco hacia su aprobación.

El ambiente social en Cataluña, con cada vez más agentes no solo de la política, sino también del mundo empresarial, como se comprobó esta semana, presionando para dejar atrás el desgarro del procés, ha sumado mucho. La posición de la justicia europea y los sectores más relevantes de la política y los medios de la UE, que han dejado claro que verían con buenos ojos la búsqueda de una salida, también han sumado. El ascenso del PSC en Cataluña, que remata la apuesta de Sánchez por un giro en su mensaje hacia la sociedad catalana, también ha contribuido. El paso del tiempo, que prácticamente llevó a que la mayoría de los presos estaban cerca de recibir el tercer grado, también ha empujado. La victoria de ERC sobre Junts en las elecciones catalanas ha terminado de despejar un escenario que ya estaba muy trabajado al máximo nivel entre La Moncloa y la cúpula de los republicanos desde hace meses. Y el hundimiento de Ciudadanos, que se comprobó en las elecciones de Madrid y marca el reagrupamiento de la derecha, fue la puntilla de una decisión largamente madurada.

Ahora queda por saber qué efecto real tendrá. En cada una de las reuniones de dirigentes socialistas con ERC o Junts, había un momento de la discusión en que los interlocutores independentistas, aunque se tratara del debate técnico sobre una ley sin ninguna relación, sacaban el asunto: “Todo esto está muy bien, pero es muy difícil para nosotros hablar de nada con nuestros líderes en la cárcel”. Los independentistas se quedan sin argumentos para no mover ficha. Ahora son ellos los llamados a dar el “segundo paso”, esto es, abrir la posibilidad de una negociación real que saben que no puede girar alrededor de la autodeterminación ni la amnistía, conceptos que el PSOE descarta de plano por anticonstitucionales.

Los indultos dan un giro completo a la legislatura. El Gobierno queda ya claramente colocado en la mayoría de la investidura, sin muchas posibilidades de mirar a Ciudadanos ―la semana pasada la agresividad entre Carmen Calvo e Inés Arrimadas marcaba claramente una ruptura de puentes― y con Cataluña como uno de los grandes focos. Y el PP se instala en una oposición sin cuartel probablemente hasta el final de la legislatura en la que ya prácticamente se descarta la posibilidad de un pacto para renovar el Poder Judicial que estuvo muy cerca poco después de las elecciones catalanas. Los bloques se consolidan y Sánchez ya sabe que todo lo que haga en el diálogo con los independentistas lo tendrá que llevar adelante con su mayoría de investidura pero sin ningún tipo de acuerdo, ni siquiera tácito, con Pablo Casado.

La política española es tan compleja que lo que va bien electoralmente en Cataluña, como esta política del reencuentro que ha llevado al PSC a volver a ser el primer partido de esta comunidad, puede ser muy perjudicial en el resto de España. Las líneas se van separando. El PSOE sufre en Madrid y Andalucía, donde crece sin freno el PP, mientras los populares casi desaparecen en Cataluña y el País Vasco y no levantan cabeza en la Comunidad Valenciana, con una sensibilidad diferente hacia el problema catalán. La cuestión territorial sigue teniendo un claro efecto electoral, pero en sentidos opuestos y difícilmente controlables. Sánchez explorará en los próximos meses un camino para deshacer el ovillo del procés en el que no tiene ninguna garantía de éxito, pero parece haber llegado a la conclusión de que la única opción real era intentarlo. La catarata de decisiones para recuperar el pulso político después del fiasco de Madrid se acompaña con la aceleración de la agenda progresista en el Congreso, con medidas positivas como la eliminación de las mascarillas o el control del precio de la luz a través de una fuerte bajada de impuestos, y un cambio de Gobierno que está ya en el horizonte de todos los ministros para poco antes o poco después de las vacaciones de verano. Además se intenta reforzar la coalición con el acuerdo de varias leyes que estaban encalladas hace semanas, entre ellas las de vivienda.

“La legislatura empieza ahora”, dijo la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, hace poco. El PSOE y Unidas Podemos ya han optado claramente por centrarse en recuperar el pulso del electorado progresista y arriesgar con su apuesta por los indultos para buscar una salida al conflicto catalán. La oposición está convencida de que Sánchez está marcando el principio del fin de su mandato con estas decisiones y es solo cuestión de tiempo que la derecha vuelva al poder. La recolocación de las piezas en estos días es de tal calibre que en poco tiempo se verá cómo se reenfoca la legislatura. Lo único seguro es que nada volverá a ser igual después de la decisión más compleja y trascendente del mandato de Sánchez.

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