El PP rechaza negociar y aboca a un bloqueo al Poder Judicial

El PP ha rechazado tras las elecciones madrileñas volver a sentarse para negociar con La Moncloa la renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces y ese bloqueo aboca a la Justicia a un atasco sin precedentes. Ese rechazo ha sido “deliberado” y “premeditado”, según fuentes directas de la negociación. El interlocutor del Gobierno, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado varias veces tras el 4-M con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sin éxito. El PP exige ahora unas condiciones que el Ejecutivo asegura que no puede cumplir e incluso que no son legales.

La última vez que Boñalos y García Egea se sentaron para intentar desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, fuera de mandato desde hace dos años y medio, fue el jueves 25 de febrero hasta casi medianoche, unas semanas después de las últimas elecciones catalanas del 14-F. Desde entonces se han mandado más mensajes a través de la prensa y de sus móviles que en conversaciones directas, la mayoría de las veces protocolarias. El intento fracasado de moción de censura del PSOE en el bastión popular de Murcia, y las consecuencias que concatenó en otras zonas del país, a nivel nacional y, sobre todo, en Madrid, paralizaron esos contactos.

Los negociadores se habían puesto el reto de retomar las conversaciones tras los comicios del 4-M, y así lo habían trasladado en público, pero ahora el panorama ha cambiado de nuevo. El secretario general de Presidencia del Gobierno ha enviado varios mensajes al secretario general del PP en los últimos días para reunirse con urgencia y no ha obtenido respuesta. Y ese silencio no es casual. “No está habiendo ningún tipo de contacto y es algo deliberado y premeditado”, ratifican desde la cúpula del PP. “Un nuevo contacto solo tendría sentido si es para aceptar y hablar sobre el marco que hemos fijado en nuestras condiciones, tenemos claro lo que queremos y, si no se respetan nuestros principios, no tenemos ningún problema en levantarnos”, remarcan en el PP.

Los populares insisten en que sus condiciones para retomar la negociación “están claras”, aseguran que el Gobierno las conoce sobradamente y avanzan, además, que ahora querrían que algunos de los compromisos que exigen para reforzar la independencia del Poder Judicial “se apreciaran ya en este proceso teóricamente en marcha, al margen de las reformas legales que haya que acometer en el futuro para próximas negociaciones”, según fuentes de la dirección del PP.

Los planteamientos del PP, repetidos por el propio líder, Pablo Casado, se ceñían sobre todo a que Unidas Podemos no podía participar en esta transacción que consideran bilateral del PSOE con el principal partido de la oposición; que entre los vocales denominados juristas para ser seleccionados para el Consejo General del Poder Judicial no figuraran políticos de ningún partido y fomentar medidas que mejoraran la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces, en línea con lo que demandan las instituciones europeas.

El PP, hasta ahora, aceptaba que para renovar a los 20 vocales del actual Consejo había ya un proceso en marcha con el sistema de elección vigente y que no era posible cambiarlo sobre la marcha. El equipo de Casado querría, para reactivar las conversaciones paralizadas, que se incorporaran ya algunos de esos requerimientos, especialmente el de que no haya ningún vocal de procedencia política.

Actualmente los jueces, a través de sus asociaciones representativas o con un mínimo de avales, se pueden presentar como candidatos y luego los partidos eligen de entre los 51 con más respaldo a 12, seis por cada Cámara (Congreso y Senado). En los ocho puestos reservados para juristas de reconocido prestigio ha sido donde tradicionalmente los partidos han colado a vocales próximos a sus intereses o directamente de sus propias formaciones.

Los jueces cumplieron su parte del trato y seleccionaron a sus candidatos. Los políticos aún no y el Consejo lleva con los mismos vocales desde 2013, en teoría para un mandato de cinco años.

Ante el bloqueo en esos organismos constitucionales, el Gobierno intentó en otoño precipitar una reforma legal para cambiar el método de elección del Consejo (ahora de tres quintos y, según aquella reforma, solo por mayoría) pero la oposición y las asociaciones judiciales se sublevaron y el Ejecutivo recibió reconvenciones de la Comisión Europea. Lo que sí logró el Gobierno en marzo fue aprobar una proposición de ley en el Congreso para limitar las competencias de un Consejo General del Poder Judicial en funciones, sobre todo a la hora de ejecutar nuevos nombramientos. Esta limitación ha provocado que haya 46 cargos judiciales que no han podido ser renovados en 2021.

El PP apenas se ha movido en sus reclamaciones, al menos en público, pese a que desde el Gobierno los interlocutores, tanto de La Moncloa como el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han concluido de sus contactos bilaterales que el grueso de la negociación de estos órganos constitucionales ha estado varias veces a punto de cerrarse. Y ahí incluyen el cambio en el Defensor del Pueblo y varias vacantes en el Tribunal Constitucional, que ni PP ni PSOE quieren desligar de sus pactos para el Poder Judicial. Desde los dos bandos se ha aceptado incluso que el “perfil” de 18 de los 20 vocales del Consejo se había pactado en verano pasado y hasta en el encuentro frustrado del 25 de febrero.

El problema De Prada

El problema se suscitó, particularmente, con la propuesta como vocal del magistrado José Ricardo de Prada, al que los populares consideran próximo a Podemos y que redactó las frases más duras contra el PP y Mariano Rajoy en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. El PP argumenta su rechazo en que De Prada “no ha sido validado ni avalado por sus compañeros, y por tanto, no vale”. Podemos ha defendido su largo currículo y su independencia profesional. En el Gobierno y el PSOE le han revalidado hasta ahora, pero tampoco verían mal que el propio De Prada plantease su retirada, para eliminar ese escollo y facilitar el consenso. No se lo han solicitado.

Desde el Gobierno se razona que “la pelota de esta negociación está en manos del PP” y remachan que no se puede perpetuar un Poder Judicial en estas condiciones que no se corresponden con lo que han decidido los españoles con su voto en las urnas recientemente. Las fuentes gubernamentales socialistas apuntan que les gustaría conocer de primera mano las nuevas condiciones del PP, pero avanzan que lo que no puede discutirse es la legalidad del proceso ya vigente: “Hay un mecanismo en marcha con el que el listado de los jueces candidatos ya ha obtenido sus avales y, si ahora el PP cuestiona esa legalidad, los propios jueces lo podrían impugnar”. En el Ejecutivo se muestran más abiertos a debatir sobre mejoras en la elección de los jueces para el Consejo, pero no aceptan que los 20 vocales tengan que proceder directamente de las asociaciones profesionales, porque defienden que la participación de las Cortes mejora la representatividad puramente gremial.

46 vacantes por cubrir en 2021

El órgano de gobierno de los jueces cerrará este año con al menos 46 vacantes por cubrir, entre ellas nueve plazas de magistrado en el Tribunal Supremo (por jubilación o fallecimiento) y seis presidencias de tribunales superiores de justicia. En la aludida lista de los 46 cargos pendientes de provisión figuran nueve plazas en el Supremo, de las cuales cinco corresponden a lo contencioso, dos a lo social, una a lo civil y otra a la Sala de lo Militar. En los tribunales superiores territoriales no podrá designarse a los presidentes de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. En todos los casos, el nombramiento —implique reelección o sea nuevo— no puede hacerse con el Consejo en funciones y solo quedará desbloqueado cuando se renueve el órgano de gobierno de los jueces. La misma situación afectará a la presidencia de las audiencias provinciales de Huesca, Álava, Ávila, Barcelona, Gipuzkoa, Murcia, Logroño, Teruel, Cádiz, Sevilla, Girona, Burgos y Lugo. El resto son 18 plazas en los tribunales autonómicos.