Puigdemont, la república virtual sobre la Cataluña real

El Consejo por la República, un organismo que a nadie fuera de Cataluña le sonaba demasiado hasta hace unas semanas, nacido en el entorno independentista de Bélgica y amamantado en Waterloo, se ha convertido en la pieza clave del rompecabezas de la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès. Hasta dos veces, el expresidente Carles Puigdemont le ha negado el apoyo de sus diputados de Junts mientras no se le garantice un acomodo al consejo. Mientras, desde ERC recelan de que sea una fórmula para competir con el liderazgo de la Generalitat, ganado en las urnas por los republicanos, y reclaman cambios en la estructura y gobernanza del ente para dar cabida a más voces.

Técnicamente, el Consejo de la República no existe. No es más que una página web y un reducido grupo de personas que se reúnen para debatir cada semana sobre los caminos de la independencia. No es una asociación ni una fundación, aunque se encuentra vinculada a dos entidades asociativas sin ánimo de lucro inscritas en Bélgica: CatGlobal y CatCip (Cataluña Cultura i Progres). A través de ellas se gestiona su presupuesto: las más de 92.000 personas dadas de alta online como miembros han aportado el mínimo exigido de 10 euros, lo cual le confiere una tesorería cercana al millón de euros.

Cuenta con un reglamento propio y en su consejo de gobierno figuran una docena de miembros, liderados por Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, también declarado en rebeldía en Bélgica y ambos eurodiputados. Comín es el vicepresidente del organismo y quien lleva su gestión diaria. Y entre estos 12 también se encuentra el cantautor Lluís Llach. Su sede se ha fijado en la autodenominada Casa de la República, la residencia de 550 metros cuadrados donde se instaló Puigdemont en Waterloo.

El consejo es inasible por voluntad propia. Un “espacio” al abrigo de cualquier artículo 155, esa fue la idea original: “No está sometido al marco constitucional español”, aseguran fuentes cercanas a los fundadores. “Alguien tiene que representar que la república catalana ha sido proclamada, aunque no se haya hecho de manera efectiva”. El organismo se declara “la primera piedra de un nuevo Estado independiente de Europa”.

Según Elisenda Paluzie, miembro del organismo y presidenta de Asamblea Nacional Catalana (ANC), el ente bebe de las fuentes del Consejo Nacional de Cataluña, la entidad política creada en el exilio por miembros de la Generalitat en 1939, primero en Francia, luego en Londres. “La diferencia es que con Franco no había Generalitat en Cataluña”, puntualiza Paluzie. “Aquí podemos seguir votando. Pero si los partidos intentan alcanzar su objetivo político, el Estado interviene”.

Sus fundadores incluso han encargado un estudio sobre Gobiernos en el exilio y aseguran haberse inspirado en organizaciones y administraciones perseguidas o no reconocidas, como la de Tíbet o la de Polonia tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización para la Liberación de Palestina y el Congreso Nacional Africano.

Su consejo de gobierno se ha reunido sobre todo por videoconferencia, pero también cara a cara en Waterloo y en Perpiñán (Francia), donde se presentó el organismo en febrero de 2020 como si fuera un concierto de rock: ante más de 100.000 personas. Fue el último gran evento político antes de la pandemia y donde se visualizó la diferencia de sensibilidades respecto a su funcionamiento entre los republicanos, la CUP y los de Puigdemont. Luego llegó el silencio, hasta la pugna por la investidura.

Estado gaseoso

Fuentes del organismo aseguran que se trata de un ente político tangible, con seis técnicos que trabajan a diario y unos 200 consejos locales desplegados en Cataluña. Pero a la vez describen su estado gaseoso: “Es una institución virtual, no reconocida por ninguna ley”. De algún modo recuerda al bitcoin: existe en la medida en que las partes le conceden un valor, pactan y asumen unas normas. Su cotización sube y baja según el momento. Lo mismo desbloquea una investidura (la de la pasada legislatura en Cataluña) que la engatilla (la presente).

Rondaba la cabeza de Puigdemont y los consejeros que escaparon a Bélgica desde sus primeras navidades fuera de Cataluña, las de 2017, que coincidieron con las elecciones tras el 155. Le daban vueltas a la “bifurcación”, un independentismo con dos faros: el de la Generalitat y el de Waterloo. El Consejo es citado de manera oficial por primera vez en marzo de 2018, en el pacto de investidura entre Junts per Catalunya y ERC. En ese momento, Puigdemont ha decidido dar un paso a un lado, cede el hueco a Quim Torra, pero en el acuerdo exige el nuevo ente.

Tres semanas después de su nacimiento, sin embargo, Puigdemont es detenido y encarcelado en Alemania. Tras ser liberado, pero aún sin poder abandonar territorio alemán, anota en su diario: “Lo que realmente me causa un gran perjuicio es la provisionalidad y la parálisis que comporta a nuestros planes para desplegar el Consejo por la República”. Es la primera vez que lo menciona en su autobiografía La lucha en el exilio.

La siguiente mención al órgano en el libro nace de una parodia en el programa satírico Polònia de TV3. Torra preside una reunión preparatoria del Consejo, a la que asisten una cabra, un osito y un perro. Puigdemont aparece y explica que quiere fundar otra entidad, la Crida Nacional (el partido con el que primero intentó presionar en su día al PDeCAT para hincar la rodilla). Exclama: “Necesito un nuevo invento”. El líder catalán se lamenta en las memorias: “Me duele”. Considera que se ha puesto en marcha una “estrategia de ahogamiento del exilio”.

Pero el Consejo es aceptado, no sin recelos, por ERC y durante su puesta de largo, en un acto en el Palau de la Generalitat en octubre de 2018, Puigdemont se conecta desde Waterloo y surge a través de una inmensa pantalla. Pere Aragonés lo define allí como un ente privado de la jurisdicción belga. A través de la televisión Puigdemont percibe el escepticismo: “A algunos consejeros se les ve en la cara que no creen en el Consejo por la República”.

En estas últimas elecciones, Junts coloca el Consejo en un lugar clave de su programa. El partido de Puigdemont se compromete a adoptar de inmediato una resolución en el Parlamento en la que se reconozca el órgano “como autoridad nacional”, confiriéndole “poder para liderar el movimiento independentista”. De este modo un ente de derecho privado belga se convertiría en una institución catalana.

Tintes autoritarios

El entorno de Waterloo está convencido de su legitimidad democrática. Asegura que emana directamente del 1-O y del pacto de investidura de 2018 y explica los vericuetos de los procesos de elección interna para argumentar su supuesto acervo democrático: su reglamento provisional, en el que se ratifica la presidencia de Puigdemont, que es quien a su vez nombra a los miembros del consejo de gobierno, fue votado por los diputados independentistas del anterior Parlament, aunque sin la presencia de ERC. Quizá por eso hay quien intuye en el órgano tintes autoritarios: hace poco, el filósofo Ferrán Sáez Mateu publicaba en Ara una columna titulada Presidente legítimo perpetuo con referencias a ilustres autócratas como Kim Il Sung y Hugo Chávez.

“A ERC no le convence que exista una institución paralela que rivalice con la Generalitat”, dicen fuentes próximas al Consejo, que aseguran que el organismo no es el problema para la investidura, sino un “síntoma”. “El debate de fondo es: ¿quién lidera el proceso de independencia? ¿Qué hacemos el día después de que la mesa de negociación [con el Gobierno español] fracase? El consejo es un debate fake. Si estamos dispuestos a seguir la vía unilateral es imprescindible, porque este camino ha de prepararse. ¿Qué hacemos si no? ¿Repetir en bucle el 1-O?”

ERC defiende un Estado Mayor "autónomo" dentro del Consejo por la República

Isaac Peraire, vicesecretario de vertebración territorial de ERC, era hasta hace poco el único miembro de este partido entre los doce del Consejo. Lo sigue siendo, pero su estatus, explica al teléfono, es el de “congelado”. Dice que al encontrarse en minoría muchas de las decisiones se tomaban sin contar con él. “Por eso pedimos que se cambie la gobernanza”, argumenta. Considera que en el órgano “hay una mayoría de miembros próximos a Puigdemont” (para empezar, están Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, los tres exconsejeros huidos a Bélgica) y, en su opinión, el hecho de que su presidente haya sido también el cabeza de lista de Junts el 14-F “genera confusión”.

Peraire cree que la idea de la “internacionalización” con la que nació se ha ido desvirtuando con el tiempo para centrarse en el interior de Cataluña, entrando en conflicto con instituciones de la sociedad civil (Òmnium Cultural, por ejemplo, cuenta con el doble de asociados) y también el Gobierno catalán. También describe “reuniones larguísimas” en las que se debatía sobre los objetivos del Consejo, sin llegar a un acuerdo. “Es surrealista que ahora se venda como un gran problema para la investidura. Yo creo que el Consell es una excusa. A lo que mejor lo que no quieren es que Pere Aragonès sea president”.

El órgano ha accedido a comenzar una ronda de conversaciones con los cinco actores del independentismo —Junts, ERC, CUP, Òmnium y ANC— y se ha mostrado abierto a una “reformulación de la gobernanza” con el fin de “facilitar la inserción” de una “dirección colegiada en su estructura institucional”.

Elisenda Paluzie explica que la batalla no es sino una extensión de los recelos entre Junts y ERC, marcados estos últimos años por el hecho de contar con “un dirigente en el exilio y otro en prisión”. Los primeros, dice, “tienen la sensación de que lo que se pretende es aniquilar la figura de Puigdemont”. Mientras que en ERC argumentan que al haber seguido siendo candidato no puede ser considerado una figura neutral. “Todos tienen algo de razón”, concede.