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El secesionismo mina la relación entre Bruselas y la Generalitat

Las reuniones Comisión-Govern casi han desaparecido por el ‘procés’ independentista

El presidente catalán, Artur Mas, a la izquierda, con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en 2011.
El presidente catalán, Artur Mas, a la izquierda, con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en 2011.Jordi Bedmar
Cristian Segura

Hace una década, la relación de la Generalitat de Cataluña con la Comisión Europea era inusualmente intensa. Pocas regiones de la UE mantenían un vínculo institucional tan estrecho con la cúpula del poder en Bruselas. En marzo de 2011 se produjo la culminación de esta buena sintonía, el encuentro entre José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, y el president Artur Mas. Desde entonces, la conexión entre la Administración catalana y la UE ha ido difuminándose hasta una práctica irrelevancia.

El proceso de independencia, el enfrentamiento con España y una acción exterior rupturista han erosionado los puentes europeístas que los gobiernos de Jordi Pujol y una hiperactiva sociedad civil habían levantado. Una década después de la cita Barroso/Mas, el máximo exponente del cambio acontecido fue la visita este marzo del comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, a la fábrica Reig Jofre de Sant Joan Despí (Barcelona): Reig Jofre producirá la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Janssen.

Ningún representante de la Generalitat estuvo presente en el acto de Breton, según denunció el nuevo líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Salvador Illa. El comisario sí estuvo acompañado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La separación de España, un Estado miembro, es la prioridad de los partidos del nacionalismo catalán y en esta estrategia, quien lleva la voz cantante en el plano internacional es Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat es eurodiputado y reside en Bélgica para evitar ser juzgado por el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia. Puigdemont expresó el pasado diciembre unas palabras que visualizan el cambio de estrategia europea que ha experimentado el poder político catalán: “No negociaremos con la UE la independencia de Cataluña porque la UE es un sindicato de los Estados; allí la voz cantante es España. La UE tampoco es la más rápida en reconocer independencias. Hay vida más allá”.

Illa ha sido especialmente crítico con la situación. “Llevamos diez años, que se dicen pronto, sin que ningún responsable de la Generalitat haya sido recibido por un comisario de la Unión Europea, cuando en Europa se deciden cosas tan importantes”, dijo Illa en una entrevista del mes de marzo con EL PAÍS. La afirmación no es precisa: Mas fue recibido en julio de 2015 por la comisaria de Transporte y Movilidad Violeta Bulc, aunque sí fue el último coletazo de la relación privilegiada que tuvo Cataluña con Bruselas.

El año 2011 fue el último con lazos estrechos entre la Generalitat y las instituciones europeas. Cataluña era reconocida como un aventajado alumno de las nuevas directrices de austeridad para reducir la deuda pública. “Cataluña ha hecho los deberes y servirá de ejemplo a otros territorios en política de ahorro”, afirmaba Mas en su encuentro de junio de 2011 con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. En julio de aquel año, el president recibía en el palacio de la Generalitat a la vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding; en octubre, el consejero de Empresa, Francesc Xavier Mena, se entrevistó con el comisario de Ocupación y Asuntos sociales. Laszlo Andor, y los consejeros de Agricultura y Territorio, Josep Maria Pelegrí y Lluís Recoder, se citaban con el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik; en noviembre, el consejero de Salud, Boi Ruiz, atendía en Barcelona a su homólogo comunitario, John Dalli.

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En 2013 se materializó la fractura entre la Generalitat y las instituciones europeas. Mas intentó en septiembre de 2013 encontrarse de nuevo con Durao Barroso, aunque este lo rechazó. El segundo plato no fue poca cosa: el jefe del ejecutivo catalán sí pudo verse con los vicepresidentes de la Comisión Olli Rehn y Maros Sefkovic. Pero algo ya se había roto. Dos meses más tarde, el presidente de la Comisión Europea confirmaba por escrito, tras la insistencia de los eurodiputados independentistas, que si Cataluña se separaba de España, saldría de la UE.

La Generalitat se volcó a partir de 2014 en los referéndums de autodeterminación inconstitucionales y en la independencia unilateral. Las instituciones europeas la sometieron un sonoro vacío. Las citas más destacadas desde entonces con autoridades comunitarias fueron un breve encuentro en 2016 de la consejera de Agricultura, Meritxell Serret, con el comisario de Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, en unas conferencias en las Azores (Portugal) y la presentación en 2019 en Barcelona del Cuerpo Europeo de Solidaridad, un acto que estuvo presidido por el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, y el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani.

Los encuentros bilaterales entre la presidencia de la Comisión Europea, sus comisarios y los líderes regionales no son habituales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, solo mantuvo en 2020 dos entrevistas con los presidentes de los Estados alemanes de la Baja Sajonia y Renania del Norte– Westfalia. Pese a ello, no son excepcionales: Alberto Núñez Feijoo, presidente de Galicia, se entrevistó telemáticamente el pasado enero con la vicepresidenta de la Comisión, Dubravka Suica, y el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunió en 2017, en los meses más tensos en Cataluña, con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y con Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Puig se entrevistó en 2019 con el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans.

El independentismo catalán denuncia que el Gobierno español les veta en las instituciones europeas
El independentismo catalán denuncia que el Gobierno español les veta en las instituciones europeas

El independentismo catalán denuncia que el Gobierno español les veta en las instituciones europeas. Una portavoz de la Comisión Europea informa por escrito a EL PAÍS que Von der Leyen y sus comisarios “deciden libremente con quién se reúnen, incluidas las autoridades regionales”. Pese a ello, Jordi Bacaria, catedrático de Economía Aplicada y exdirector del centro de estudios internacionales CIDOB, está convencido de que la palabra del Gobierno es tenida en cuenta: “Muchas de estas relaciones se habían desarrollado a través del Gobierno español. En el momento en que se produce un enfrentamiento, inevitablemente se pisa el freno”.

El Ministerio de Exteriores puso empeño durante los años de carrera independentista en contrarrestar la propaganda del nuevo órgano diplomático de la Generalitat, el Diplocat. El Diplocat nació de la transformación del antiguo Patronat Català Pro Europa, un consorcio público que unió a las instituciones catalanas y a la sociedad civil para ejercer de grupo de presión en la UE. Bacaria señala la desaparición del patronato y la creación del Diplocat como el punto de ruptura con las instituciones europas. “La Generalitat seguramente había tenido una relación institucional en la UE muy buena, excepcional, fruto de una situación política activa, aceptable y de consensos”, explica Bacaria: “Este entendimiento ya no existe. Había mucha gente por el lado catalán trabajando diplomáticamente, haciendo de sherpas. Cuando estos sherpas ya no existen, porque no interesan, porque son apartados o porque se apartan ellos mismos, y al otro lado no hay interés, la conexión desaparece”. “Hemos quedado reducidos a una relación funcional, como tantas otras regiones”, añade el exdirector del CIDOB.

Francesc Homs, consejero de Economía con Pujol y presidente de la Liga Europea de Cooperación Económica, valora que el “planteamiento unilateral [del independentismo] seguro que ha cambiado la relación”. “Es lógico que la UE haya adoptado una disposición distante y cautelar. La UE se rige por sus tratados fundacionales y estos dejan las cuestiones territoriales totalmente para las dinámicas internas de los Estados”. Del mismo parecer es Casimir de Dalmau, quien fue director del Patronat Català Pro Europa y delegado de la Generalitat en Bruselas: “El conflicto incomoda a las instituciones europeas, que se instalan en la posición inamovible de que se trata de una cuestión interna española. A partir de ese momento, las relaciones políticas entre la Generalitat y las instituciones europeas quedarán condicionadas por la evolución de la política interna española”.

“A Pujol se le esperaba y se le escuchaba en Bruselas”

“Jordi Pujol prestigió la Generalitat porque era capaz de discutir con las máximas autoridades europeas sobre política monetaria y financiera, política industrial, relaciones transatlánticas y, si era necesario, también sobre la avellana de Reus. Al president Pujol en Bruselas se le esperaba y se le escuchaba”. Así lo explica el veterano Casimir de Dalmau, exdirector del Patronat Català Pro Europa. De Dalmau afirma que la hiperactividad europeísta de Pujol, pero también la de Pasqual Maragall, perdió fuelle con la ampliación de la UE: “Se produce una multiplicación y una diversificación exponencial de las entidades subestatales, con una consecuencia inmediata, la incapacidad material de las instituciones europeas, en particular de la Comisión, de mantener una relación directa con cada una de ellas y la falta de voluntad política de diferenciar entre las regiones con personalidad política y las estructuras puramente administrativas”.

De Dalmau apunta que los gobiernos tripartitos de la Generalitat, entre 2003 y 2010, ya iniciaron una política exterior más soberana abriendo delegaciones internacionales. “Cuando llegamos a 2012, las relaciones de la Generalitat con las instituciones europeas estaban muy lejos de donde las había dejado Pujol”, dice De Dalmau, “habían perdido contenido y fluidez y Cataluña había dejado de brillar con luz propia en Bruselas”.

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Sobre la firma

Cristian Segura
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania como enviado especial. Es autor de tres libros de no ficción y de dos novelas. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa.

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