Ocho vocales del Poder Judicial obligan a debatir en el pleno si se frenan los nuevos nombramientos

El debate sobre si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe seguir o no adelante con los nombramientos discrecionales que estaban previstos para el pleno de este jueves ha fracturado este lunes el seno del órgano de gobierno de los jueces. El presidente, Carlos Lesmes, dejó en principio fuera del orden del día del pleno la votación de ocho plazas que ya estaban listas para ser asignadas, pero la protesta de ocho vocales, que exigieron por escrito que esos nombramientos se incorporaran al orden del día, obligará al Consejo a incluirlos porque así lo prevé el reglamento de funcionamiento de la institución. Estos ocho vocales argumentan que debe ser el pleno, y no Lesmes, quien decida si los nombramientos se debaten.

La elaboración del orden del día del pleno es competencia del presidente, pero en los últimos días se había encendido el debate interno sobre si había que frenar los nombramientos previstos una vez que había trascendido la negociación de PSOE y PP para la renovación del Consejo. Un grupo de vocales, tanto del ala conservadora como de la progresista, consideraba que debían quedar aparcados, “en coherencia” con lo decidido en enero y en julio de 2020, cuando se paralizaron por la posibilidad (aparentemente menos cercana que ahora) de que se alcanzara un acuerdo nombrar un nuevo Consejo.

Algunos vocales, sin embargo, eran partidarios de incluirlos y, si el jueves las negociaciones entre los dos partidos habían fructificado o seguían adelante, sacar los nombramientos del orden del día sobre la marcha al inicio de la sesión plenaria. Así, según estos vocales, se ganaba tiempo por si las conversaciones políticas volvían a fracasar. Pero el presidente optó finalmente por dejarlos fuera. Fuentes del Consejo señalan que en esta decisión ha pesado tanto la “coherencia” como la propia división interna, que hacía imposible conseguir un acuerdo de consenso si se optaba por someter a votación alguna plaza.

Tras conocer la decisión de Lesmes, ocho vocales (cinco conservadores, dos progresistas y el vocal propuesto por el PNV) presentaron un escrito exigiéndole que siga adelante con las designaciones que ya estaban sobre la mesa, entre ellas tres plazas de magistrado en el Tribunal Supremo. Los vocales basan su petición en el artículo 18.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, que reconoce a los miembros del órgano su derecho “a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo”. Es decir, si hay una petición oficial de que se incluya un tema en el orden del día de un pleno, el presidente está abocado a aceptarlo, aseguran fuentes del órgano.

Los ocho vocales que han exigido que se debate el asunto son Vicente Gilarte, José Antonio Ballestero, José María Macías, María Ángeles Carmona y Gerardo Martínez Tristán (propuestos por el PP); Roser Bach y Victoria Cinto (propuestas por el PSOE); y Enrique Lucas (propuesto por el PNV). Uno de los promotores del escrito asegura que la intención no es someter a votación los nombramientos a toda costa, sino que sea el pleno, y no Lesmes, el que decida si se debaten o no. Estos vocales argumentan que así se hizo en las dos ocasiones anteriores en las que se decidió aparcar las designaciones. Además, defienden algunos de los firmantes del escrito, esta opción permite también ganar tiempo hasta el jueves para ver cómo avanzan las negociaciones entre PSOE y PP.

Tras la petición de estos vocales el debate sobre las designaciones se incorporará como una adición al orden del día, según explican fuentes del órgano. En principio, se propondrá someter a votación ocho plazas, entre ellas, tres de magistrado del Tribunal Supremo (dos en la Sala I, de lo Civil, y otro en la Sala IV, de lo Social). Los nombramientos de magistrados del Supremo se consideran puestos claves porque el elegido conserva el puesto hasta su jubilación, lo que llevó al Gobierno el pasado otoño a sugerir que el Consejo debería abstenerse de seguir cubriendo vacantes en el alto tribunal, algo que fue desoído. Junto a esos tres puestos en el Supremo, el Consejo pensaba también someter a votación las presidencias de los tribunales superiores de Canarias y País Vasco, la de la Sala Social del País Vasco y las de las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca.

El orden del día sí incluye cinco nombramientos correspondientes a la jurisdicción militar (dos en Sevilla, dos en Madrid y uno en Las Palmas de Gran Canarias) pero fuentes del órgano argumentan que son puestos de candidato único que no se considera necesario aparcar. También se ha incorporado el informe al anteproyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual elaborado por tres vocales, que se someterá a votación.