Diez años de juego sucio para enterrar el delito

El PP lleva diez años chapoteando en la ciénaga de la financiación ilegal. La investigación judicial ha acumulado pruebas de un delito grave: constructores y contratistas de administraciones gobernadas por la formación conservadora donaron 8,3 millones de euros ocultos al fisco. Con ese dinero, el PP pagó presuntamente gastos de campañas electorales, obras de su sede y sobresueldos a sus dirigentes, algunos de los cuales así lo han reconocido al juez. Esta causa no será juzgada hasta, al menos, dentro de un año.

El caso Gürtel fue el origen de la pesadilla que araña el honor del PP. El magistrado Baltasar Garzón desarticuló en febrero de 2009 una trama que hacía negocios multimillonarios gracias al trato de favor de Gobiernos del PP. La red que dirigía Francisco Correa tenía hilo directo con Luis Bárcenas, tesorero del PP, quien durante casi 20 años controló la caja b del partido. En apenas unos meses de investigación, el caso Gürtel atrapó a Bárcenas.

El PP encaró la acusación sin reconocer los hechos. Mariano Rajoy, rodeado de dirigentes cuyos Gobiernos colaboraron con la red corrupta, llegó a decir: “Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP”.

La formación conservadora se empeñó desde entonces en evitar daños mayores mediante distintas tretas. Primero se personó como acusación popular en la causa, hasta que el juez le expulsó del procedimiento tras comprobar que el PP solo defendía a los supuestos corruptos, entre ellos, a Bárcenas.

El juez quiso conocer si el libro de visitas de la sede del PP registró entradas de empresarios que donaban dinero negro. Pero el PP se negó a facilitar la información con la excusa de que había borrado los datos porque la ley impedía conservarlos más de un año. Cuando el juez intentó acceder al contenido de los ordenadores que usó Bárcenas, se encontró con que los discos duros habían sido destruidos. El borrado se produjo cuando el partido ya conocía la implicación de su tesorero.

Cuando EL PAÍS publicó, el 31 de enero de 2013, los papeles de la caja b manuscritos por Bárcenas, el PP obligó a su tesorero a desmentir la información. El 5 de febrero, Bárcenas aseguró que no era su letra y que el PP no tenía caja b. Cuatro meses después, el mismo Bárcenas detalló al juez el sistema de financiación ilegal que alimentó al PP. Bárcenas declaró aquellos días que, además de los papeles publicados por EL PAÍS, guardaba otras pruebas de los delitos de su partido.

Fue entonces cuando desde el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz se puso supuestamente en marcha una operación, a espaldas del juez, para buscar los secretos de Bárcenas. La policía captó al chófer del tesorero como confidente. Le pagó 2.000 euros al mes durante dos años y le premió con un puesto en la policía al finalizar el encargo. Todo lo que el chófer consiguió apenas añade gravedad a las pruebas aportadas por Bárcenas.

El ministro Fernández Díaz declaró entonces que no sabía nada de la operación ilegal. Pero su secretario de Estado, Francisco Martínez, aportó pruebas de que su jefe conoció e impulsó la iniciativa. No sería la primera vez que Fernández Díaz miente al verse acorralado. Cuando se filtró su conversación con el jefe antifraude de Cataluña declaró indignado en el Congreso que lo importante era saber quién colocó micrófonos en su despacho. Varios años después, Fernández Díaz escribió un libro en el que confesó que fue él mismo quién autorizó la colocación de micrófonos.

Durante 10 años, distintos jueces y fiscales han destapado el juego sucio que el PP, primero desde la oposición y después en el Gobierno, ha utilizado para obstruir el trabajo de la justicia y enterrar el delito cometido durante 20 años.