El juez señala a los “órganos superiores” del Estado como los responsables del espionaje a Bárcenas

Manuel García-Castellón, juez del caso Villarejo, da un nuevo paso al frente en la denominada Operación Kitchen, la supuesta trama urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. Tras dos años de pesquisas, el magistrado ha decidido este lunes levantar el secreto de sumario. En su auto, además, señala la existencia de un “operativo parapolicial” dirigido por los “órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado”, que tuvo por objetivo sustraer información a Bárcenas para que no accediera a ella el juzgado que estaba investigando la caja b del PP.

Esta iniciativa de García-Castellón llega tras dos años de pesquisas confidenciales y después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese el pasado viernes que se imputara por su relación con Kitchen a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex secretaria general del partido conservador; y al marido de esta última, el empresario Ignacio López del Hierro. Según el escrito de este lunes del juez, existen indicios de que se encargó a los comisarios José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, y Enrique García Castaño la ejecución del plan para sustraer a Bárcenas “material comprometedor para altos dirigentes del PP”. Un operativo que se prolongó desde 2013 a 2015.

Para ello, los sospechosos captaron al policía Sergio Ríos, chófer de la familia del extesorero. “El objetivo de dicha misión podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP”. En ese momento, apostilla el magistrado, el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional se encontraba investigando al antiguo senador popular y la contabilidad en b de la formación.

Esta investigación judicial arranca en noviembre de 2018. Según el sumario, los agentes encontraron en la finca El Montecillo (Boadilla del Monte, Madrid), domicilio particular del comisario jubilado José Manuel Villarejo, un pendrive con archivos de audio que revelarían la puesta en marcha de ese operativo policial para hacerse con documentos y grabaciones “comprometedores para el PP”. El magistrado Diego De Egea, el primero que llevó la instrucción hasta su salida de la Audiencia Nacional, detalló que esta operación careció de habilitación legal. A eso, apostilló, se añade que los sospechosos utilizaron para sus maniobras el dinero público de los fondos reservados.

De aceptarse ahora la imputación de Fernández Díaz y Cospedal, se sumarán a una larga lista en un caso donde se investigan delitos de cohecho, malversación y prevaricación, entre otros. Antes que a los dos exmiembros del Gobierno, ya se ha llamado a declarar en esta causa a una buena parte de la antigua cúpula de la Policía Nacional. Entre ellos, a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo del cuerpo y considerado el muñidor de la policía patriótica. También, a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y mano derecha del ministro, a quien le intervinieron unos mensajes que finalmente han puesto contra las cuerdas al antiguo responsable de Interior.