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El juez expulsa al PP como acusadora en Gürtel por dar apoyo a Bárcenas

La Fiscalía se había mostrado favorable a que fuera responsable civil de la trama de corrupción

El magistrado cree que el partido actuaba a favor de Bárcenas y Merino

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el mes pasado.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha expulsado este viernes al Partido Popular de la investigación de la pieza principal del caso Gürtel de corrupción. El magistrado ha revocado la condición de acusador popular con la que la formación conservadora estaba personada en las actuaciones desde el año 2009. Ruz ha adoptado la decisión de apartar al PP del procedimiento a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que el partido podría ser “responsable civil” de los nuevos delitos investigados en la causa. La formación conservadora ha anunciado este viernes que recurrirá la resolución ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

En un auto de 20 páginas que supone una sonora bofetada judicial, el juez Ruz considera que algunas actuaciones concretas del PP en la causa “vienen en la práctica a contradecir” el planteamiento de que el partido “no tiene otra intención que colaborar activamente con la investigación”. El magistrado cita una decena de momentos en los que los representantes del PP en la causa, supuestamente acusadores, actúan a favor de imputados como el extesorero Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o el exdiputado nacional Jesús Merino. Según Ruz, esta forma de proceder “no resulta congruente”.

Los movimientos de los abogados del PP que cita Ruz en su auto se inician el 11 de febrero de 2010. En esa fecha, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la pretensión de otras acusaciones de que el PP fuera apartado de la acusación popular. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal madrileño apuntó entonces, no obstante, que debía efectuarse un “permanente control de pertinencia o inutilidad de las diligencias de prueba” que propusiera el PP.

En función de este control, Ruz cita varias alegaciones del PP en las que, en su condición de acusador popular, promueve actuaciones “tendentes todas ellas al sobreseimiento de las actuaciones respecto del imputado Luis Bárcenas Gutiérrez”. Algunos de los escritos exculpatorios del PP sobre su extesorero se registraron cuando aún estaba pendiente de recibirse de Suiza el resultado de una comisión rogatoria —petición de auxilio judicial a otro Estado—, sobre la presencia de cuentas de Bárcenas en bancos del país helvético. En los tiempos en los que el PP solicitaba el archivo de la causa contra su antiguo empleado, este todavía negaba la existencia de depósitos bancarios en Suiza, que acabaron confirmándose.

El juez, que destaca la necesidad de que la acción popular se ejerza “con arreglo a la buena fe procesal y a la naturaleza y significado propios de dicha institución”, recuerda que el PP ha “negado reiteradamente” los “indicios racionales de criminalidad” que pesan contra Bárcenas por delito fiscal, cohecho y blanqueo de capitales

Con respecto a las actuaciones seguidas contra el extesorero del PP y también contra el exdiputado Merino, Ruz apunta, a modo de ejemplo, que en un escrito de 10 de octubre de 2011 los abogados del partido veían “patente la ausencia o inexistencia de elementos de convicción objetivos con los que poder sostener en su caso una acusación tan grave”. También consideraban que los hechos que se les imputaba no tenían “relevancia punitiva”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha rechazado ya en dos ocasiones que el PP pueda personarse como acusación popular en la causa en la que se investigan los papeles de Bárcenas. El sumario sobre la contabilidad secreta del PP se instruye como pieza separada del caso Gürtel. Precisamente esta conexión jurídica entre ambas investigaciones —vital para que Ruz pudiera instruirlas en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez— justifica el apartamiento del PP de la acusación popular en la causa matriz. Finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia deberá pronunciarse en ambos casos.

Investigado el congreso de Valencia

IGNACIO ZAFRA, Valencia

El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, continúa ahondando en las adjudicaciones que Orange Market, la empresa que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió de la Generalitat y sus organismos hasta que la trama fue desarticulada en 2009. El magistrado, que acaba de imputar en la causa al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, dirige ahora su atención a los trabajos que la firma de El Bigotes realizó en Feria Valencia en 2008 y, a petición de la fiscalía, ha requerido a la institución “la documentación relativa a la contratación de Orange Market” en aquel ejercicio.

Entre los trabajos realizados aquel año por la empresa en el recinto ferial está el 16º congreso nacional del PP, en el que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se impuso a los críticos que pedían su relevo después de su segunda derrota electoral frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y también el 12º congreso del PP valenciano, que consagró el poder del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras haber liquidado a los últimos partidarios de su antecesor Eduardo Zaplana.

El requerimiento del juez puede aclarar un misterio pendiente de aquella época. Feria Valencia anotó a final de 2008 que el PP de Camps le adeudaba 568.511 euros del congreso. Pese a pertenecer al sector público, el recinto ferial se ha negado hasta ahora a explicar si le fue abonado alegando que es “confidencial”.

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