El Gobierno y el PP ceden para evitar el desastre

¿Quién ha cedido en mayor medida para que el PP participe de las reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo socioeconómico cuando se supere la emergencia sanitaria? El marco de ese acuerdo será finalmente el Parlamento, como quería el presidente del PP, Pablo Casado; pero el índice, el esqueleto del proyecto, es el de Pedro Sánchez. Ninguno de los dos podía arrostrar la responsabilidad de que ni siquiera se diera una oportunidad al diálogo, y por eso ambos han cedido. Sin el PP, los acuerdos no podrían considerarse nacionales.

El formato elegido, una comisión de nuevo cuño en el Congreso, no era la primera intención de Pablo Casado, tal y como la expuso el pasado miércoles en la Cámara. Con las comisiones oficiales instituidas, desde la actual de Sanidad hasta la de Pacto de Toledo, no había necesidad, dijo, de crear un nuevo foro. Este fue el planteamiento de Casado, junto a juicios muy críticos sobre las intenciones de Sánchez y sus socios. El PP siempre estará en un acuerdo a favor de los españoles pero no “para destruir España”, dijo.

Casado reclama la creación de una comisión en el Congreso para debatir la reconstrucción

Esa única comisión servirá de estación–base para el trabajo en cuatro áreas o en cuatro mesas, que es donde de verdad se discutirá sobre economía, sanidad, Estado del bienestar y propuestas para pedir ayuda a la UE. El tópico, no exento de realidad, que reza “si no quieres un acuerdo, monta una comisión”, circuló ayer en fuentes parlamentarias nada más conocerse el sí de Sánchez a que el ámbito sea el Palacio de San Jerónimo, la sede la soberanía popular. Si todo se hace “con luz y taquígrafos”, como pidió Casado, no saldrá nada, señalan estas mismas fuentes. Los grandes pactos, los grandes acuerdos, y, desde luego la Constitución, requirieron muchas horas de discusiones, con rupturas y reconciliaciones, pero todo ello en un marco de trabajo privado, antes de iniciarse las sesiones parlamentarias, dicen fuentes del Congreso. “Lo contrario no es serio o simplemente no se quiere llegar a un acuerdo”, coinciden fuentes de distintos grupos. “Ahora resulta que es un pacto entre el PP y el PSOE y nos enteramos por la prensa”, señaló este lunes la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás.

Sí, primero por la prensa, pero a media tarde su grupo y otros recibieron un correo electrónico de La Moncloa en el que se les informaba de la nueva situación y se les convocaba para hoy a mediodía a mantener una reunión, vía videoconferencia, del presidente del Gobierno con los portavoces parlamentarios. Todos salvo Vox y la CUP, que se han autoexcluido.

De que ha habido cambio en el planteamiento no cabe la menor duda, ya que tanto los grupos independentistas como el PNV tuvieron hasta este lunes mismo una visión diferente de cómo se iba a trazar el camino hacia este diálogo. Los peneuvistas no han ocultado su “sorpresa” y atribuyen a Gobierno “improvisación y falta de rigor”, según señalan a EL PAÍS fuentes del partido nacionalista. Este lunes mismo habían tenido un contacto con el Gobierno central y estaban convencidos de que el formato sería una mesa y no una comisión parlamentaria.

La guía que este martes verá el presidente con los grupos políticos será la misma que expondrá a los secretarios generales de los sindicatos CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. La reunión previsiblemente se celebrará este jueves. Las comunidades autónomas y los Ayuntamientos completarán a los actores de esta negociación. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, llevará la voz de los alcaldes, que serán punta de lanza en la aplicación de las medidas de desescalada sanitaria, aunque ya están a pleno rendimiento “sin haber recibido ni un euro de las comunidades autónomas”, se quejó ayer Caballero, alcalde de Vigo.

Una vez superado el escollo de si el PP participa, vendrá la discusión de contenidos. Una bajada de impuestos y planes de choque para numerosos sectores, como propone Pablo Casado, serán de difícil aceptación por parte del Gobierno, a no ser que todos asuman un aumento del endeudamiento de España. En julio debería haber resultados, según el calendario del Gobierno, y conclusión de si salen adelante los pactos de San Jerónimo.

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