la crisis del coronavirus

Sánchez y Casado pactan convertir la mesa de reconstrucción en una comisión parlamentaria

La Moncloa planteaba la creación de cuatro grupos de trabajo y empezar este martes las reuniones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la videoconferencia con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, este lunes. En vídeo, declaraciones posteriores del líder del PP.MONCLOA / EUROPA PRESS / VÍDEO: QUALITY

La presión social a favor de un acuerdo político para afrontar la crisis del coronavirus —todas las encuestas señalan que una gran mayoría de ciudadanos lo desea— logró ayer un pequeño giro en el ambiente de máxima tensión de las últimas semanas. El Gobierno y el PP alcanzaron un acuerdo de mínimos para reconvertir la mesa de la reconstrucción que había propuesto el presidente, Pedro Sánchez, en una comisión parlamentaria, como reclamaba Pablo Casado. Es un formato que favorece a la oposición y reduce el protagonismo del Gobierno. Falta por acordar todos los detalles y sobre todo las medidas, algo muy lejano, pero al menos se inicia el diálogo.

En su primera reunión telemática durante la crisis, Sánchez, ha hecho llegar este lunes a Casado una propuesta detallada con fechas, componentes y grupos de trabajo de la mesa de reconstrucción para empezar mañana mismo a trabajar. Casado no contestó con no, sino con la exigencia de que se reconvierta en una comisión parlamentaria, un formato en el que la oposición tiene mucho más control. Y el presidente aceptó la idea, aunque ahora hay que negociar los detalles.

“Lo importante es que haya un acuerdo. Lo de menos es el formato, no importa si es una mesa o una comisión parlamentaria. Lo importante es que estemos todos, desde el Gobierno se valora positivamente que se incorpore el principal partido de la oposición”, ha asegurado María Jesús Montero, la ministra portavoz. Ahora el Gobierno pierde el control de la organización de este intento de acuerdo, y será la mesa del Congreso la que decida los detalles de la comisión parlamentaria, tanto la fecha como el formato como los comparecientes, algo que podría retrasar todos los trabajos. El Gobierno quería empezar mañana mismo y ya había avisado a los grupos para que se reservaran dos horas para una videoconferencia, pero tras la conversación con Casado todo queda en suspenso y ahora los equipos tratarán de encontrar un acuerdo y también de consensuarlo con los demás grupos, algo nada sencillo.

El líder del PP está dispuesto a participar en el debate de medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus siempre que el formato sea el de una comisión parlamentaria en el Congreso con la participación de los agentes sociales, y no una mesa dirigida por el Ejecutivo, en la que Casado considera que Sánchez pretende “mutualizar sus errores” e “implantar un programa de Gobierno” utilizando la crisis del coronavirus como excusa junto a “quienes quieren destruir España”, en alusión a ERC y Bildu. “No me pueden obligar a compartir una mesa extraparlamentaria para abordar un plan de legislatura a medio plazo, no puedo asumir que sea una mesa de reconstrucción nacional cuando están sentados los que todos los días dicen que quieren destruir España”, ha asegurado el líder del PP, que además exige una comisión parlamentaria para no mezclar debates entre representantes políticos y empresarios, sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos. Casado ha logrado así llevar la cuestión al terreno que quería, el Congreso, el más favorable para la oposición.

El presidente ha contestado que no tiene problema en que se haga con el formato que desea el PP y le parece “positiva” la propuesta. Ambos líderes han alcanzado así un acuerdo mínimo cediendo un poco cada uno. El jefe de la oposición había pedido en la última sesión de control que si había alguna negociación tenía que ser en el Congreso, un lugar donde todo está reglado y la oposición tiene más capacidad de controlar. En cualquier caso, las posiciones siguen muy alejadas y de momento solo hay acuerdo para el formato, pero no en el fondo y mucho menos en las medidas a adoptar en las próximas semanas, sobre todo las económicas. Casado ha dejado muy claro que no aceptará una salida de la crisis que lleve la impronta de Unidas Podemos.

De momento, para votar a favor de la prórroga del estado de alarma, que el Gobierno quiere ampliar hasta el próximo 9 de mayo, Casado ha puesto varias condiciones durante la charla por videoconferencia, de algo más de una hora, que ha mantenido con el presidente del Ejecutivo este lunes. El líder del PP reclama material de protección para todos los sanitarios y trabajadores de actividades esenciales; test masivos en toda España, ayudas económicas inmediatas para autónomos, pymes y afectados por los ERTE, la reapertura del Portal de Transparencia y que se garantice “la neutralidad” de RTVE.

En el documento que Sánchez había enviado anteriormente a Casado, el Gobierno planteaba un escenario de negociaciones intenso que debería empezar mañana martes y concluir a lo largo del mes de junio con un gran acuerdo político, que se pondría en marcha en julio después de discutirlo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Ejecutivo planteaba establecer cuatro grupos de trabajo ―reactivación económica, Estado de bienestar, sanidad y salud pública y Europa― y propone iniciar el trabajo con una gran reunión por videoconferencia este martes, en la que por parte del Gobierno estarían el presidente y los cuatro vicepresidentes, esto es, también Pablo Iglesias, un gesto claro de que Sánchez no es sensible a las presiones que plantean que renuncie a la coalición si quiere un gran acuerdo con el PP.

En el planteamiento que ha compartido Sánchez con Casado y los demás grupos, y que ahora está en cuestión por esta negociación entre ambos dirigentes, el Gobierno estimaba que a mediados de julio debería estar el acuerdo definitivo entre el Gobierno y las comunidades y las entidades locales para poner en marcha los pactos por la reconstrucción. La idea era empezar a reunirse ya, y desarrollar los grupos de trabajo durante el mes de mayo. El 1 de junio es la fecha límite que proponía el Gobierno para elevar las conclusiones y propuestas de los grupos de trabajo y de la mesa de diálogo social. El mes de junio se reservaba para el debate de las propuestas y los acuerdos a la mesa para la reconstrucción social y económica.

La propuesta incluía que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, coordinara el trabajo de la mesa y dirigiera las reuniones en ausencia del presidente. También formaría parte de esta los portavoces de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Al cambiar por completo el concepto, el Gobierno pierde el control y la dirección de los trabajos.

La propuesta de los grupos de trabajo se dividía en cuatro áreas, que ahora podrían reconvertirse dentro de los trabajos de la comisión: reactivación económica, Estado de bienestar, sanidad y salud pública y Europa. El documento del Gobierno proponía que los grupos de trabajo estuvieran compuestos por representantes de las fuerzas políticas de forma proporcional y de forma que hubiera, al menos un representante de cada formación. En los grupos también habría un máximo de tres representantes del Gobierno, designados por el Ejecutivo, y en función de la materia que aporte el grupo de trabajo. Pero el pacto de mínimos con Casado ha cambiado por completo el escenario y ahora habrá que reinventarlo todo dentro del límites del trabajo parlamentario, mucho más tasado y con menos protagonismo del Ejecutivo.

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