Días de ruido en el Senado

Barrio caro, distinguido, somnoliento, a un minuto del palacio de Oriente. Lo que se podría esperar del entorno de la Cámara alta. Cuando uno avanza de mañana por la desierta calle de la Encarnación en dirección a la recóndita plaza de la Marina Española le vienen a la cabeza las palabras de Audrey Hepburn ante el escaparate de la joyería Tiffany: “Es tan silencioso y soberbio… Allí no puede ocurrir nada malo”. El Senado fue durante tres siglos un convento de los Agustinos. Tiempo después de las Cortes de Cádiz (que eran monocamerales) se estrenó en 1834 como una de las dos Cámaras legislativas de la nación. Su iglesia se transformó en una sala de sesiones a la británica, con sus bancadas enfrentadas. Así se conserva, atrapada en el tiempo, un poco ajada, con el tapizado rojo o azul de los escaños tatuado por las posaderas de sus señorías. Solo se usa en ocasiones señaladas. El otro hemiciclo, el moderno, de arce canadiense, construido a comienzos de los noventa, y con el frío aire impersonal de una asamblea autonómica, ha tomado el relevo. Una institución de la que nadie hablaba se ha convertido en el escenario de la cruda batalla política.

En el convulso siglo XIX fue un Senado intermitentemente. Un lugar de encuentro de poderosos y amigos del monarca. Un elitista contrapeso a la incipiente voluntad popular del Congreso envuelto en madera bien pulida, terciopelo rancio, enormes cuadros de gestas apócrifas, relojes con secretos en su interior y aroma a polvo, cera y habanos. Contaba con un fondo bibliográfico de 130.000 volúmenes en su biblioteca neogótica. Aquel Senado no duró mucho. En el siglo XX lo arrumbarían sucesivamente Primo de Rivera, la República y Franco, que lo transformó en el Consejo Nacional del Movimiento, un florero de la dictadura sin funciones evidentes más allá de jalear con el brazo en alto al caudillo un par de veces al año. Entre sus frescos, estucos y damascados no se atisban restos de esa parafernalia fascista, excepto unos extraviados luceros joseantonianos decorando unas lámparas de pared.

Tras el páramo franquista, la bisoña democracia reflotó el Senado en 1977, y la Carta Magna del 78 lo consagró en uno de sus títulos básicos (con unos poderes inferiores a los del Congreso, dentro del denominado “bicameralismo imperfecto”), aunque no se sabe muy bien por qué y para qué, más allá de que la mayoría de las democracias avanzadas (principalmente las federales, desde Alemania a Estados Unidos) contaban con uno. La derecha se empeñó y la izquierda no se negó. La Constitución caligrafió en pergamino en su artículo 69 una definición que aún nadie sabe muy bien qué significa y ha dado lugar a interminables y estériles interpretaciones de los catedráticos de Derecho Constitucional: “El Senado es la Cámara de representación territorial”. Sigue sin estar claro. Principalmente, porque cuando se redactó la Carta Magna el sistema autonómico estaba sin diseñar. Y ni siquiera se sabía ni cómo ni cuántas iban a ser ni el nombre que iban a tener las autonomías (que sigue sin figurar en la ley de leyes). “Como no estaba cerrado el modelo territorial, tampoco se cerró nunca el modelo de Senado”, analiza el letrado de las Cortes Generales José María Codes.

Lo explica Miquel Roca, de 84 años, uno de los dos padres de la Constitución que viven (el otro es Miguel Herrero): “Le debíamos haber dedicado más tiempo, pero había prisa por terminar. Estaba claro que tenía que haber un Senado, pero no cómo debía ser. Lo más sensato era seguir el modelo alemán, el Bundesrat, pero era federal, muy rupturista; no había recetas, no teníamos antecedentes de un Senado democrático; y tampoco la seguridad de que funcionara. Fue donde más nos equivocamos.

—¿Para qué vale el Senado?

—Siento si alguien se molesta, pero en estos 45 años, para nada. Se ha quedado en Cámara de corrección gramatical de las leyes que le remite el Congreso. Y en lo territorial, que se pretendía fuera una Cámara que reflejara con eficacia la estructura territorial de España, aún menos.

Escasas y vagas funciones. Mínima influencia. Siempre ha habido un resquemor de esta Cámara alta, de segunda lectura, hacia la, en teoría, Cámara baja, que es el escenario de las grandes ceremonias del Estado, protagoniza la investidura y la censura al jefe del Ejecutivo; la declaración de alarma, excepción y sitio. Y tiene la última palabra en el procedimiento legislativo. La realidad es que el Senado es incapaz constitucionalmente de bloquear las leyes. Aunque sean tan controvertidas como la de Amnistía. Sus vetos se los puede saltar el Congreso en un máximo de dos meses por mayoría simple y remitirlos directamente a la firma y el BOE. Sin embargo, aunque lo territorial se haya quedado sobre el papel, el Senado cuenta con igualdad de prerrogativas en el procedimiento de reforma de la Constitución, en ciertos nombramientos (los magistrados del Tribunal Constitucional o los miembros del Consejo General del Poder Judicial), en el control al Gobierno y sus Presupuestos, y en promover comisiones de investigación (como la recién iniciada por el llamado caso Koldo). Pero manda la Cámara baja. El Senado ha sido una institución invisible que, como afirmaba su primer presidente democrático, el liberal Antonio Fontán: “Está enferma de celos del Congreso”, según relata Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política, en su enciclopédico El porvenir del Senado. O, según una definición del constituyente Miguel Herrero: “Es una desvaída réplica del Congreso”.

El único momento de fugaz protagonismo del Senado transcurrió a comienzos de los noventa, cuando con motivo de la ampliación y construcción del segundo edificio salió a la luz la existencia de una piscina cubierta al servicio de los senadores que se había habilitado en el sótano. El escándalo fue mayúsculo. La Presidencia intentó atajar el fuego afirmando que no era una piscina, sino un aljibe contra incendios. Nunca se supo si aquella pileta de doce por seis rodeada de granito de Porriño era un aljibe dedicado a piscina o una piscina camuflada como aljibe. Hoy sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la Cámara. No se puede visitar de ninguna manera. “Hemos construido unos vestuarios encima”, se disculpan.

Los senadores de hoy repiten como una letanía que el Senado es una Cámara de reflexión, de perfeccionamiento técnico y semántico, de estudio sosegado de las leyes, de enfriamiento de ellas fuera del foco directo de los medios de comunicación. Pero, al mismo tiempo, muchos confiesan la inutilidad de su diseño actual. En especial, los senadores periféricos, que consideran que tendría que ser un lugar de encuentro y diálogo entre el Estado y las autonomías: “Que sirviera para negociar con los nacionalistas, no para echar gasolina al fuego como está haciendo el PP”, sostiene el socialista Ander Gil, presidente entre 2021 y 2023. “España necesita urgentemente esa coordinación territorial”, concluye. “Esto no sobra”, añade Uxue Barcos, senadora por la coalición navarra Geroa Bai, “la democracia es cara, pero más caras son las dictaduras. Esto tiene que servir como Cámara ideológica y también territorial”.

De tiempo en tiempo, a babor y estribor, se resucitaba la palabra “reforma” de sus funciones, composición y forma de elección. Nunca se llevó a cabo. Aunque hubo atisbos en 1994 (“no nos pusimos al final de acuerdo con la oposición del PP”, recuerda el expresidente Juan José Laborda) y 2004, ningún Gobierno lo abordó en serio. Suponía abrir el melón de la Constitución a través del procedimiento agravado. El actual presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular, comparte esa visión: “Para una reforma del Senado se necesita un cambio constitucional profundo para el que no se dan las condiciones. No se da en España un ambiente de sosiego”. Nunca se hizo nada. Siempre su mayoría coincidía con el Gobierno. ¿Para qué reforzar el Senado, para que causara problemas al Ejecutivo?

Tuvo un breve y gran momento estelar en octubre de 2017, cuando su pleno autorizó al Gobierno de Mariano Rajoy (con el voto afirmativo del PSOE de Pedro Sánchez) la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitía la suspensión de la autonomía en Cataluña (es, posiblemente, la más poderosa prerrogativa exclusiva del Senado). El resto del tiempo fue una balsa de aceite. Hasta que el Partido Popular obtuvo en las elecciones del 23 de julio de 2023 la mayoría absoluta (144 de los 266 escaños; el PSOE cuenta con 88). Un resultado avasallador que, sin embargo, no se reprodujo en el Congreso. No le dieron los números. Por media docena de votos no fue investido presidente del Gobierno Alberto Núñez Feijóo. Una derrota que, según los senadores de las minorías, los populares no han conseguido digerir. “Y aquí se han montado un Congreso bis”, reflexiona Carla Delgado, primera mujer trans en la Cámara alta y senadora por Más Madrid. Su compañero de grupo Enric Morera, de Compromís, añade: “El Senado debe tener mirada larga, menos tensión y centrarse realmente en lo territorial, como la gestión del agua, el envejecimiento de la población o la violencia de género. Ese es su papel”.

Cuando saltó al campo de juego la ley de amnistía, el PP encontró su gran ocasión para el lucimiento. El Senado pasó en horas de la placidez de Tiffany a la batalla de San Quintín. Se convirtió en un plató para el Partido Popular, donde, según aseguró Feijóo, había que “contrarrestar la humillación del Congreso, en el que las minorías mandan”. Una Cámara baja que el líder de la oposición definió como “un foro de chantaje”. Lo recalcaría en la tribuna el senador Alfonso Serrano (leñera mano derecha de Isabel Díaz Ayuso): “Esto no es el Congreso de Armengol; aquí se cumple la Constitución”. Según los grupos minoritarios de la oposición en la Cámara alta, el objetivo del PP era dilatar, retrasar, ralentizar, boicotear, torpedear y estirar la tramitación de la ley de amnistía en el Senado.

Como explica un parlamentario popular que prefiere mantener el anonimato y que ha oficiado en las dos Cámaras: “El Senado no servía para nada, pero no estorbaba. Y ahora sigue sin servir para nada, pero estorba. Es la caja de resonancia de una rabieta. Tiene un puro sentido publicitario para generar noticias y hacer ruido”. Para el portavoz de la minoría socialista, el exalcalde de Sevilla Juan Espadas, “el PP intenta revertir aquí la mayoría que no tiene en el Congreso. Su objetivo es desgastar como sea al Gobierno, subvertir las reglas y que la legislatura fracase”. Y añade: “Aunque sea a costa de pervertir un órgano constitucional. Y hace daño, porque supone el descrédito de las instituciones; si solo sirve para desgastar al Gobierno, ¿qué utilidad objetiva tiene el Senado? Y el descrédito de las instituciones conduce a que se queme un muñeco en la calle que representa al presidente del Gobierno”.

En ese estado de las cosas, uno de los términos más repetidos por los senadores de las minorías es “devaluación”. Por ejemplo, Estefanía Beltrán de Heredia, portavoz del PNV y anterior consejera de Seguridad del Gobierno Vasco: “Se está usando de forma partidista y devaluando su existencia para el futuro”. Para el veterano senador de Junts Josep Lluís Cleries: “El PP, que ama tanto a España, debería respetar sus instituciones y aquí no lo está haciendo. Todo para bloquear la ley de amnistía. Puro filibusterismo. Es ese PP que mientras hablaba con nosotros lanzaba a su gente a manifestarse en la calle. Llamaron a nuestras puertas y nos ofrecieron de todo. Y ahora dicen que somos terroristas. ¿Cree que yo soy un terrorista?”.

—¿Negoció usted con el PP?

—Yo hablo con todos, pero no me salgo del guion. Es el president Puigdemont el que negocia. Yo soy muy disciplinado.

—¿Qué sentido tiene para Junts el Senado?

—Este es un lugar para hacer política. Estar aquí supone abrir un camino. Todas las oportunidades de hacer política que tengamos las vamos a aprovechar. Tenemos que defender lo nuestro con nuestros escaños. No dimos nuestro voto a Sánchez a cambio de nada. Vamos a exigir. Hacemos lobby de Cataluña en Madrid.

Ese último razonamiento lo asume Gorka Elejabarrieta, senador por Bildu en el Grupo Izquierdas por la Independencia, el tercero de la Cámara (con 11 senadores), que comparte medios, estrategia, acción y “conciencia de clase” con Esquerra Republicana de Catalunya: “Sí, lo podemos llamar lobby. Desde el Senado hacemos de embajadores de nuestro país en Madrid. Explicamos un conflicto político. Nos relacionamos con los otros partidos, con la comunidad internacional y con la prensa. Y ese sirimiri va calando. Queremos abrir aquí un debate sobre la plurinacionalidad del Estado. Y frente a eso, el PP solo hace ruido; ruido inútil, porque la ley de amnistía va a superar la tramitación, aunque el PP intente cerrar esa ventana de oportunidad”. Su compañera, la senadora catalana Sara Bailac, explica su visión: “Nosotros, en ERC, usamos esto para temas locales. Cada uno de nuestros senadores está especializado y tiene conocimiento de la ciudadanía y sus problemas. Nos centramos en lo específico; en los rodalíes, la sequía, el bienestar de la gente de nuestro territorio, no en los temas del Gobierno español y el PP”.

Nadie esperaba que este plácido y discreto microcosmos, habitado por viejas y conocidas glorias de la democracia, con sus distinguidos cuerpos de letrados, archiveros, bibliotecarios y ujieres, sus decenas de asesores y su propia unidad de policía a cargo de la comisaria Olga Jiménez, donde los senadores de los distintos partidos se saludaban con corrección antigua en el pasillo, se iba a convertir en un campo de batalla y una fuente de enfrentamiento con otros órganos constitucionales, como el Gobierno o el Congreso, y con el Tribunal Constitucional de árbitro de sus cuitas. “El PP ha provocado el mal rollo en esta Cámara, el ambiente está enrarecido”, dice Juanjo Ferrer, senador por Eivissa i Formentera al Senat. Coincide con él Carme da Silva, del Bloque Nacionalista Galego: “Lo están usando de forma torticera para el bloqueo. ¿Cómo se puede decir en el Senado que se rompe España? La Cámara territorial no puede ser más centralista que el Congreso. El PP ha impedido incluso con su apisonadora que podamos hablar en los plenos en nuestra lengua. ¿Es eso una Cámara territorial?”.

Desde la desolada tribuna de invitados del Senado durante el pleno de control al Gobierno de cualquier martes, uno se encuentra un paisaje distinto al de la modorra del pasado. El PP ocupa toda la derecha y gran parte del centro del hemiciclo, y también domina la Mesa por cuatro a tres (por primera vez no están los nacionalistas para desempatar, lo que provoca el unilateralismo en las decisiones). El ambiente es denso. La mayoría popular se maneja con suficiencia. Hay tipos cañeros como Monago, Maíllo y Serrano que calientan el ambiente. El grupo popular arrasa en cada votación. Estos martes suponen un desfile de ministros a los que se castiga a conciencia. Las piezas más cotizadas, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska. En la sesión de hoy, al primero se le acusa de traicionar a los jueces, vender España con la amnistía y defender más a Puigdemont que a la Guardia Civil. Al segundo, la senadora María del Mar Blanco (hermana del asesinado concejal popular Miguel Ángel Blanco) le echa en cara “poner una alfombra roja a los presos de ETA” y termina con una grave acusación al ministro del Interior: “¿Hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo? ¿Cuándo decidió abandonarnos a las víctimas?”. Marlaska rebate descompuesto: “Señora Blanco, usted sabe muy bien qué es terrorismo y qué no es terrorismo”. La bancada popular estalla en voces y pataleo al grito de “dimisión”.

“Abucheamos a Marlaska porque nos dio en el corazón. Faltó al respeto a una víctima de ETA; los socialistas han hecho un pacto encapuchado y eso es digno de abucheo”, afirma el popular Javier Arenas, que ha sido todo en la política española (desde concejal en Sevilla a vicepresidente con Aznar) y es el secretario general del Grupo Popular en el Senado: el hilo directo con Feijóo (a través de su presencia en el Comité de Dirección del partido) y con el Congreso (vía Miguel Tellado). Su jefa en el Senado (al menos sobre el papel) es la portavoz, Alicia García, que procede del mundo municipal y autonómico en Castilla y León. Pero Arenas es ubicuo. Conoce a todo el mundo, abraza a derecha e izquierda, llama a los periodistas por su nombre y anima las broncas. En nuestro primer encuentro, define al Senado actual como un “contrapoder”, y continúa: “Va a ser una Cámara de respuesta del PP. ¿Decían que el Senado no servía para nada? Pues ya sirve: para frenar la amnistía que representa cargarse la Constitución”.

A nuestro segundo encuentro se une Alicia García. Fue nombrada por Feijóo portavoz en noviembre de 2023. Su análisis sigue al pie de la letra el argumentario: “El PP quiere convertir al Senado en la Cámara de la esperanza. Los españoles viven una gran frustración al ver que Sánchez está centrado en las necesidades de Puigdemont y no atiende sus problemas. Queremos que sea una Cámara que marque la agenda legislativa”. Al unísono, García y Arenas se refieren a las que han bautizado pomposamente como leyes Feijóo: “Que son la traslación de nuestro programa electoral. Iniciativas legislativas del PP desde el Senado para dar respuesta a los problemas que tienen los españoles. Al contar con la mayoría absoluta, tenemos la posibilidad de que en todos los plenos se pueda debatir y votar una ley propuesta por el PP. A partir de ahí, esa ley va al Congreso y continúa su tramitación”.

Las dos primeras proposiciones de leyes Feijóo que ha presentado el PP con su mayoría en el Senado, una ley antiokupación y otra para ampliar los casos de la prisión permanente revisable, duermen el sueño de los justos aparcadas en el Congreso tras media docena de aplazamientos para su tramitación.

Vox solo tiene tres senadores, pero su influencia se ha dejado sentir en la operativa del Grupo Popular contra la ley de amnistía. Desde el primer día, tanto Santiago Abascal como Jorge Buxadé exigieron a los populares que utilizaran su mayoría para “impedir la tramitación en el Senado de una ley a todas luces inconstitucional”. De ahí no se han apeado. Es el discurso que repite la portavoz de Vox en la Cámara, Paloma Gómez: “El PP debe actuar con mayor contundencia. Tiene que plantar cara a la amnistía. Hay que ser más audaces y poner escollos legales; hay que ir a por todas. Si tienes mayoría absoluta, úsala, aunque suponga un conflicto de atribuciones con el Congreso. Y parece que el Partido Popular nos va haciendo caso pese a su dejadez y su miedo”.

El PP recogió el guante de Vox. Su colonización del Senado ha sido de guerra relámpago. Se inició en los mismos días en que Pedro Sánchez fue investido presidente. En paralelo, el PP ejecutó una reforma exprés y unilateral del Reglamento de la Cámara (que ha sido recurrida ante el Constitucional por los socialistas) con tres objetivos: dilatar el trámite de la ley de amnistía en el Senado hasta dos meses (en contra del criterio del Congreso, que exigía el trámite de urgencia, de 20 días), obligar a todos los miembros del Gobierno a comparecer en el Senado y ampliar el número de plenos mensuales de dos a tres. Desde entonces, el paseíllo de ministros interpelados es continuo. Efecto plató. Maniobra de desgaste. Así lo ven los grupos de la minoría. Que también aprecian sombras en la repentina marcha del letrado mayor del Senado, Manuel Cavero, máximo asesor técnico y jurídico de la Cámara, en los primeros compases de la legislatura. Explica un notable senador socialista: “Cavero, que llevaba aquí 20 años, se fue porque no tenía estómago para hacer ese cambio del reglamento y esos dictámenes contra la amnistía que le exigía el PP”. Por el contrario, su sucesora, la letrada de las Cortes Generales Sara Sieira, buena conocedora del procés, ha sido radical en sus dictámenes contra la ley de amnistía que le ha encargado la Mesa del Senado, presidida por Rollán, y en la sugerencia de iniciar un conflicto de atribuciones con el Congreso por la tramitación de esa ley que, dictamina la letrada en un escrito, “debería hacerse como una reforma constitucional y no como una ley orgánica”.

En política, todo depende de quién te lo relate. Para el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, todo está en orden en el Senado: Cavero solicitó su marcha por temas personales y el cambio exprés del reglamento era necesario para empoderar la Cámara. “Lo del tercer pleno fue idea mía. No es para dar caña, es una oportunidad de hacer cosas que incidan en tu territorio: va a haber más control al Gobierno y le vamos a dar más visibilidad al Senado”.

Rollán es calificado por las minorías como una persona afable y sensata, y también como alguien que funciona a las órdenes de Feijóo. Él decidió que fuera presidente de la Cámara alta, la cuarta autoridad del Estado, con un sueldo anual superior a los 177.000 euros. Lo confirma Rollán: “Feijóo me dijo en agosto: ‘¿No tienes curiosidad por saber quién va a ser el próximo presidente del Senado? He pensado que seas tú”. Días después, era elegido. Aunque puntualiza: “Ahora soy un militante de base que no acude a las reuniones del Grupo Popular y dejé mis cargos en el partido. He reseteado”.

Su nombramiento fue una sorpresa relativa. Ya antes Feijóo le había hecho vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP nacional. Pedro Rollán, un profesional de la política que fue alcalde de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (el más votado de España), consejero, vicepresidente y brevemente presidente de la Comunidad de Madrid, no es, sin embargo, miembro del clan de Isabel Díaz Ayuso, que prescindió de sus servicios y en cuyo entorno se refieren a él con sumo desdén. Rollán pertenece a otro clan del PP madrileño, el del diputado Manuel Cobo, hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón y amigo íntimo de Feijóo. Rollán fue de los escasísimos dirigentes madrileños que apoyaron con determinación al dúo Gallardón/Cobo en su batalla contra Esperanza Aguirre por el control del PP de Madrid. Caerían masacrados en la “noche de los cuchillos largos” del 13 de noviembre de 2004. Cobo, al parecer, no olvidó su fidelidad.

Rollán contesta alguna pregunta más en su espléndido despacho de diario (además tiene el de gala):

—¿Por qué promovió el cambio exprés del reglamento?

—Supone dar más tiempo al trámite de una ley. Veinte días es muy poco y legislar es algo muy serio. Se necesita esfuerzo y concentración. Informes preceptivos. Y que comparezcan los expertos. ¿Si se hubiera tenido más tiempo para reflexionar hubiera salido como salió la ley del solo sí es sí? Queremos que ese tipo de errores no vuelva a ocurrir. Y no es para torpedear, es para mejorar.

—¿Qué opina de los abucheos de la bancada popular al ministro Marlaska?

—La amnistía caldea el ambiente.

Hay dos Senados. Dos edificios soldados, el antiguo, el institucional, construido sobre el convento de María de Aragón, catedralicio, donde las pisadas de los ujieres son absorbidas por las alfombras del salón de pasos perdidos, y el nuevo, el de la ampliación, el de la gresca. Los tres dictámenes e informes encargados por el presidente a su letrada mayor (la admisión a trámite de la ley de amnistía en el Senado, su análisis y el conflicto de atribuciones con el Congreso que supone un choque institucional con la Cámara baja que puede tener que dirimir el Tribunal Constitucional), todos refractarios a la medida de gracia, han prendido fuego al hemiciclo. El expresidente socialista de la Cámara Manuel Cruz apunta: “El PP ha endosado la responsabilidad de su rechazo a la ley de amnistía a los propios letrados. Y eso supone desacreditar a ese cuerpo y crear incertidumbre”.

Diego López Garrido es un peso pesado jurídico, miembro jubilado de ese cuerpo de letrados de las Cortes Generales, la élite de los funcionarios españoles, apenas medio centenar en activo que prestan asesoramiento técnico y jurídico a las Cámaras. Es también catedrático de Derecho Constitucional y fue portavoz socialista en el Congreso. Analiza el último dictamen de su compañera la letrada mayor del Senado sobre la amnistía, que ha activado ese largo y farragoso conflicto institucional con el Congreso que puede acabar en el Constitucional: “No he visto dictamen así en mi vida. Está cargado de prejuicios y antepone las conclusiones al informe jurídico. Es un dictamen con una orientación política que se ve a la legua. Ignora la autonomía del Congreso y lo pone en cuestión. No hay argumentación. No es deductivo, sino inductivo: desde su base ofrece la certeza de que la amnistía está mal”.

El pulso de la Cámara alta se puede tomar en el pasillo que bordea su hemiciclo, decorado con arte contemporáneo de todas las autonomías y que concluye en la escueta cafetería, desde la que se divisa la plaza de España y donde los senadores conviven relajadamente con policías, porteros, letrados y periodistas. Es un territorio óptimo para aproximarse a sus señorías. Lejos de la batalla coyuntural de la ley de amnistía, ¿cómo ven el papel y el futuro de la Cámara alta? Su presidente, Pedro Rollán, explica: “En temas autonómicos, no debería ser un órgano de segunda lectura. En este ámbito, sus decisiones debían de ser la última palabra”. Carme da Silva, del BNG, añade que convertir el Senado en una Cámara realmente territorial supondría reconocer que “España no es uniforme (como afirman algunos), que se compone de pueblos y naciones”. Para Juan Espadas, portavoz de los socialistas, el Senado “necesita reflexión, definición y especialización”. Y añade: “Puede ser un punto de encuentro donde se visualice la pluralidad de España, la diversidad, pero con un compromiso con la unidad. Donde se escuche lo territorial y donde se pueda hablar del reto demográfico, la digitalización, la despoblación, el agua o los fondos europeos. Esto podría ser útil, pero estamos en la batallita diaria, en el ruido permanente, y así no se va a avanzar”.

La Cámara alta echa humo estos días, convertida en el Fort Apache del PP. La tramitación de la ley de amnistía continúa adelante. El plazo máximo legalmente previsto para el procedimiento en el Senado concluye el 16 de mayo. No habrá prórrogas. Los históricos relojes del Senado marchan inexorables.