El Senado aprueba el conflicto de competencias con el Congreso por la amnistía

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles un mecanismo nunca utilizado en 45 años de democracia: el conflicto de atribuciones entre la Cámara alta y el Congreso. Y lo ha hecho gracias a la mayoría absoluta del PP que, en su estrategia de rechazo frontal a la ley de amnistía, ha puesto en marcha un procedimiento inédito, regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero la incertidumbre sobre los distintos pasos a seguir y un calendario a la contra —la medida de gracia a los encausados del procés sigue su curso sin interrupción— han provocado entre los populares dudas sobre si llevar o no el choque institucional hasta el final, es decir, hasta el punto de denunciar al Congreso ante el Tribunal Constitucional.

El conflicto de competencias ha salido adelante con 148 votos a favor (144 del PP, 3 de Vox y uno de Coalición Canaria), la abstención de UPN y el voto en contra del resto del hemiciclo (112 senadores), tras un debate relativamente sosegado. El PP ha tachado la amnistía de “aberración democrática” y ha cargado contra el Gobierno por entregarse “a la arbitrariedad”. Enfrente, el PSOE ha acusado a los populares de “deslealtad institucional” y de “uso partidista” del Senado, y ha acabado comparando su actitud con el golpe militar del 23-F.

A juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, la ley de amnistía es una “reforma constitucional encubierta” —como también sostiene el informe elaborado por los letrados del Senado—. Por ello, consideran que su aprobación requiere de un consenso mayor que la mayoría absoluta (la mitad de los escaños más uno) recabada por el PSOE y sus socios en el Congreso. De ahí deducen la existencia de un conflicto de competencias entre ambas Cámaras. Y así lo ha defendido el senador popular Antonio Silván: “En una democracia, nadie lo puede todo. Algo tan medular [como una amnistía] no puede regularse por un simple proyecto legislativo. El poder no tiene derechos, el poder tiene competencias. Están tan entregados a la arbitrariedad que empiezan a dar miedo”.

El conflicto de atribuciones se produce cuando un órgano del Estado —en este caso, el Senado— considera que otro órgano del Estado —aquí, el Congreso— ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que no le corresponden. Para ponerlo en práctica, el órgano que se considera invadido en sus competencias se lo hace saber al órgano supuestamente invasor y le solicita que revoque su decisión. Si este no responde en el plazo de un mes, o responde negando la acusación, el órgano que ha planteado el conflicto puede elevar la cuestión al Tribunal Constitucional para que este resuelva el choque. Lo que el Senado ha aprobado este miércoles es declarar formalmente abierto ese conflicto de competencias para que el Congreso, antes del 11 de mayo, conteste o no. El PP tendrá que decidir entonces si da el último paso y denuncia a la Cámara baja ante el tribunal de garantías, un movimiento que podría complicar un posterior recurso de inconstitucionalidad ya con la ley de amnistía en vigor.

Los socialistas y sus aliados han negado este miércoles que el Congreso haya incurrido en “usurpación” de funciones. La proposición de ley de amnistía, han subrayado, sigue su tramitación parlamentaria como cualquier otra norma. El senador socialista Francisco Manuel Fajardo ha sostenido que la “competencia legislativa” se está ejerciendo con todos los pasos exigidos y que no existe tal choque institucional. “Es un auténtico disparate, es casi un ‘¡quieto todo el mundo!”, ha lanzado Fajardo, haciendo un paralelismo entre el planteamiento del conflicto de atribuciones defendido por el PP y el intento de golpe de Estado militar del 23-F. Esa afirmación, que ha provocado revuelo en la bancada del PP, ha dado lugar a uno de los pocos momentos tensos de la sesión. El también senador socialista Toni Magdaleno ha insistido en que nunca antes se había “producido esta falta de respeto” y “deslealtad institucional” por parte de un partido político.

Los socios del Gobierno han abundado en el discurso de “instrumentalización” del Senado por parte de los populares. “Las instituciones no están para prostituirlas”, ha espetado al PP el senador de Compromís Enric Morera. “Dejen espacio para debatir las cosas que sí interesan a la gente. ¡Sátrapas, totalitarios!”, ha continuado la parlamentaria de Sumar Carla Antonelli. “[El conflicto] no tiene ningún recorrido efectivo. Tiene un nombre: se llama fraude de ley”, ha agregado la parlamentaria del PNV Estefanía Beltrán de Heredia. “Dejen en paz el trámite parlamentario”, ha insistido la senadora de Junts Teresa Pallarès. Sara Bailac, de ERC, ha tachado la iniciativa de “ocurrencia”.

Pese al ruido generado con el anuncio, hace un mes, de esta herramienta nunca antes utilizada en democracia, la iniciativa podría quedar diluida si el PP desiste de acudir al Tribunal Constitucional después del 11 de mayo. El movimiento sirvió en un primer momento de parapeto frente a Vox —que pedía directamente bloquear la tramitación de la amnistía en el Senado—, pero, si ahora no se llega hasta el Constitucional, eso dejaría al PP en una situación complicada, como algunos senadores populares reconocen en privado. “Es como si pones una denuncia y no vas hasta el final”, señalan. El portavoz del PSOE en la Cámara alta, Juan Espadas, ha afirmado en los pasillos que espera una respuesta “rápida” por parte del Congreso. De producirse así, podría poner en un brete a los populares, que tendrían que tomar una decisión antes de lo imaginado.