Vox emprende su ofensiva jurídica contra la amnistía con un recurso de amparo de sus 33 diputados al Constitucional
La impugnación de la ley sostiene que no debió convocarse nuevamente la Comisión de Justicia y da cuenta de que se ha pedido a la Mesa del Congreso que la suspenda
Vox ha decidido iniciar de inmediato su ofensiva jurídica contra la ley de amnistía, y con este propósito tiene preparado un recurso de amparo de sus 33 diputados contra la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de devolver a la Comisión de Justicia la iniciativa sobre dicha proposición de ley, para que pueda volver a votarse. Vox ha dado este paso tras la convocatoria de dicha comisión, que volverá a reunirse el próximo día 7.
La formación de Abascal va a basar su petición de amparo al Tribunal Constitucional en que a su juicio la decisión de devolver a la Comisión de Justicia la oportunidad de reconsiderar el contenido de la ley implica una violación de derechos fundamentales de sus diputados. En concreto, estiman que por esta vía la presidenta de la cámara incumple el artículo 23 de la Constitución, en la medida en que este precepto “garantiza el ejercicio de la función parlamentaria en condiciones de igualdad”.
En paralelo, el grupo parlamentario de Vox registrará en el Congreso un escrito dirigido a la Mesa de la cámara y otro a la Comisión de Justicia para solicitar en ambos casos que se suspenda la reunión de esta instancia parlamentaria convocada para el próximo jueves. El escrito sostiene la tesis de que después de la primera votación, que reflejó la falta de la mayoría requerida para la continuación del trámite parlamentario, la iniciativa de la ley de amnistía debería haber decaído sin más. En cambio, la concesión de una segunda oportunidad de acuerdo en torno al texto supone según los recurrentes una “arbitraria interpretación” del reglamento del Congreso.
Vox utiliza estos mismos argumentos en su recurso al Constitucional. En este sentido, afirma que su interpretación del reglamento de la cámara en pro de la paralización del debate sobre la ley de amnistía “es coherente con el sistema de mayorías (no alcanzadas en este caso) que se emplea como control y garantía de legalidad así como de manifestación de la voluntad mayoritaria a través de la representatividad parlamentaria”.
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