La palabra autoridad

Si las palabras siempre confunden —si su función, al fin y al cabo, es confundir—, pocas confunden más que la palabra autoridad. Es habitual, en estos días, entender autoridad como poder, eso que tienen los que pueden obligarte a hacer lo que ellos quieren. La autoridad sería, en última instancia, lo que ejercen las autoridades o, incluso, los autoritarios: una manera de la opresión y la arbitrariedad, dirían algunos; una forma del orden, dirían otros. Y, sin embargo, durante tanto tiempo no fue nada de eso.

La palabra autoridad viene de un verbo latino, augere, que significaba aumentar, mejorar, hacer que algo progrese. Un auctor era quien lo hacía, y auctoritas la capacidad de hacerlo. De donde autor, por supuesto: el que hace que algo avance, el que lo aumenta —y a veces lo empeora. De donde autoridad.

Autoridad fue, durante siglos, ya en castellano, eso que ahora la Academia pone en tercer lugar: “Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o su calidad y competencia en alguna materia”. Por eso su primer diccionario — 1713— se llamó, precisamente, Diccionario de Autoridades. Su propósito declarado era cuidar la pureza de una lengua que —como siempre— se estaba corrompiendo. Conservadora por misión, ya entonces la Academia quería limpiar, fijar, dar esplendor. Para eso necesitaba definir qué estaba bien dicho y qué mal; para eso recurría a las autoridades, o sea: citaba frases de los grandes autores que mostraban cómo había que usar cada palabra. Ellos eran las autoridades cuyo prestigio confirmaba la regla: para eso servía, entonces, la autoridad.

En esa idea ya había un principio de poder: saber les daba el privilegio de definir qué estaba bien y qué mal, qué había que hacer y qué no. Pero esa idea de autoridad es un concepto idílico del poder: que se basa en saber, que lo ejercen los que saben. Cuando el poder, sabemos, suele basarse en sí mismo o en algún origen insondable: un dios, las armas, la marcha de la historia, la voluntad popular, la salvación de la patria, el peso de una sangre, la fortuna.

Así que la palabra autoridad pasó a designar a aquel que ejercía su poder, más allá de razones o justificaciones. Y empezó a aparecer con más frecuencia como abuso que como principio. Fue famosa aquella frase de los terroristas uniformados que ocuparon el Parlamento español a punta de pistola, cuando dijeron que estaban esperando a “la autoridad competente, militar por supuesto”.

El principio de autoridad, la idea de que hay que respetar lo que alguien dice porque sabe más, todavía funciona en ciertas circunstancias: en principio, uno no cuestiona el diagnóstico de un médico —aunque un médico puede ser tan inepto como este columnista—; tampoco duda de la idoneidad del piloto en el vuelo —­aunque puede haberse perdido alguna clase. Pero, en general, creemos que no se le puede creer nada a nadie. Ciertamente no a los políticos —que detentan la autoridad pero no tienen ninguna— y, ahora, ni siquiera a los científicos, que nos dicen que la vacuna o la distancia importan y tantos no les hacen caso.

No queda autoridad: nos han engañado demasiado. Desconfiamos, con razón desconfiamos y esa desconfianza nos deja desnudos, desamparados. Un mundo sin principio de autoridad es un espacio oscuro. En general, no creer puede ser saludable. En situaciones de crisis como esta, en cambio, hay que poder confiar en lo que dice tal o cual sabio porque nuestras conductas y nuestras vidas dependen de ello. Y ahora no lo conseguimos, y quedamos a merced de la tormenta y de los vivos que la aprovechan. Cuando no hay principio de autoridad, los que pueden ejercen la autoridad sin principios: porque yo lo valgo, porque puedo. Cuando no hay autoridad se imponen las autoridades: esas a las que no hay que respetar, solo obedecer. Y ejercen su autoridad sin autoridad, y la convierten en su contrario: el autoritarismo.

Sabemos cómo es eso: en ese tema, por desgracia, somos autoridades competentes.