Por qué salvar el planeta puede dañar a 300 millones de personas

Al mismo tiempo, no es menos cierto que el planeta sufre y que la humanidad no está yendo lo suficientemente rápido como para evitar males mayores. La semana pasada se publicó la quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad, un informe de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, que es un instrumento internacional nacido en 1992 y firmado por 196 países cuyo objetivo es vigilar la protección y el uso que se da a la biodiversidad del planeta: ecosistemas, especies y recursos genéticos. Su órgano rector, la Conferencia de las Partes, se reúne cada dos años para revisar el progreso de sus objetivos y decidir prioridades. Pues bien, en esta ocasión, la CBD advierte que no se ha cumplido casi ninguno de los propósitos que se acordaron por primera vez en 2010.

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No obstante, uno de los pocos puntos que sí se ha logrado parcialmente es el establecimiento de más áreas de protección terrestres y marinas: un 17% de la tierra y un 10% de los océanos. Y ahora se pide más: en concreto, una protección de aquí a 2030 de hasta el 30% del planeta. Es lo que se ha bautizado como meta 30x30 y viene respaldada por buena parte de la comunidad científica. Se trata de una medida que se negociará dentro del llamado Marco de la diversidad biológica posterior a 2020 el próximo 21 de mayo de 2021, en una cita que tendría que haberse celebrado la pasada primavera, pero que se canceló a causa de la covid-19.

Este ambicioso objetivo es el que ha hecho saltar la controversia hasta el punto de que, a principios de septiembre, más de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas envió una carta a la CDB advirtiendo de que la medida tendrá un efecto devastador en estas comunidades nativas y en poblaciones locales: el desplazamiento forzado de hasta 300 millones de personas. Se trata una cifra obtenida a partir de los resultados de una investigación publicada en la revista Nature Sustainability en noviembre de 2019. Otro análisis publicado en Nature en julio de 2020 también ofrece un dato similar.

Las organizaciones contrarias a la meta 30x30 consideran que se ha fijado sin realizar un estudio previo del impacto social que tuvo la anterior, la que fijó ese 17% de territorio protegido. "Las áreas protegidas han llevado al desplazamiento y expulsión de las comunidades locales que dependen de sus tierras y han ocasionado serias violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones conservacionistas y otros organismos encargados de la aplicación de las regulaciones sobre el terreno", reza la misiva enviada al CDB. También se solicita una evaluación de su potencial de mitigación climática, así como un resumen de qué áreas se planean incluir, bajo qué regímenes de protección y cuál será el impacto sobre sus habitantes.

"Esto no tiene nada que ver con el cambio climático, la protección de la biodiversidad o evitar las pandemias. Más bien se trata de una cuestión económica, de control de la tierra y de los recursos", destaca Stephen Corry, presidente de Survival International, una de las organizaciones que ha impulsado el envío de la carta a la CBD junto a Minoriy Rights Group International y Rainforest Foundation UK. La CBD, por su parte, no ha respondido a las preguntas de este periódico.

Todas las áreas de conservación previstas se encuentran en el hemisferio Sur, y la mayoría de las personas que habitan en ellas pertenecen a países de ingresos medios, aunque un 10% vive en países de ingresos bajos, según constata la investigación publicada en Nature Sustainability.

Las organizaciones conservacionistas sostienen que esta medida solo se puede llevar a cabo si se protege de una manera más efectiva a las comunidades de lo que se ha hecho hasta ahora, ya que el hecho de declarar una zona protegida implica que nadie pueda vivir en ella. "El riesgo es que 300 millones de personas serán desplazadas o sufrirán consecuencias como la militarización de sus territorios, la falta de alimento y la violación de sus derechos fundamentales" indica Fiore Longo, investigadora de Survival International. "Ya lo hicieron en el pasado, por ejemplo en las áreas que están siendo creadas desde el 2010, como la del Messok Dja, que se hizo sin el consenso de los pueblos. O las reservas de tigres en India... En todas las zonas que se han protegido ha habido consecuencias".

Las áreas protegidas han llevado al desplazamiento y expulsión de pueblos indígenas y otras comunidades locales que dependen de sus tierras

En realidad, la preocupación por la emergencia climática es compartida, pero creen que la creación de más zonas protegidas es "contraproducente" y puede afianzar aún más un modelo de conservación "obsoleto e insostenible" que pone en riesgo la supervivencia de las personas menos responsables del calentamiento global. "Es evidente que es una voluntad de los países del norte del mundo para seguir con su modo de vida y hacer pagar a otras personas por una crisis climática que no están produciendo", critica Longo. "Somos nosotros [países del norte] los que estamos destruyendo el planeta y encima hacemos pagar el precio a quienes menos contribuyen a ello", opina la investigadora. Y recuerda que lo demuestran porque son ellos, precisamente, los que poseen una mayor biodiversidad, hasta un 80% de la misma, y desempeñan un papel indispensable en la conservación del planeta, según resalta la propia ONU en su Declaración sobre los Pueblos Indígenas. Sin embargo, solo se les reconoce la propiedad del 10% de los territorios que ocupan.

"Ahora mismo, y a pesar de todos los obstáculos, el desamparo de los Estados, la pandemia y la violencia que sufrimos, somos el equipo de primeros auxilios de la tierra". Es una afirmación de José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que la semana pasada participó en la presentación virtual de una nueva investigación de Rights and Resources Initiative (RRI), una coalición de más de 150 organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos a las tierras forestales y los recursos de estas comunidades.

El informe sugiere que los gobiernos no están reconociendo el papel de estos colectivos para abordar la crisis medioambiental. "Estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad mundial, y por eso es importante preservar, al menos, el 50% de todo nuestro planeta si realmente queremos tener la oportunidad de sobrevivir. Pero es imposible ayudar a proteger nuestro futuro común sin que se reconozcan nuestros derechos sobre la tierra o sin tener acceso al apoyo técnico y financiero que necesitamos para ampliar nuestros propios proyectos", declaraba este líder comunitario.

Una meta reconciliable y que se debería ampliar

En esta controversia, numerosas voces piensan que las dos posturas —proteger la Tierra y respetar a los pueblos nativos— no son irreconciliables y que, de hecho, no puede ir una sin la otra. "La Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica debería servir como una llamada a la acción para los líderes de todo el mundo porque no nos podemos permitir otra década sin avances en la conservación de la biodiversidad", sostiene Brian O'Donnell, director de Campaign for Nature, que agrupa a otro centenar de organizaciones de conservación que apoya la meta 30x30. "Por eso, desde Campaign For Nature estamos impulsando el objetivo de proteger al menos el 30% del planeta y trabajamos para garantizar que se pueda implementar de manera plena y justa", sostiene. O'Donnell resalta que, para lograrlo, los países deben ponerse de acuerdo y, también, "los pueblos indígenas y las comunidades locales deben jugar un papel central en la conservación con sus derechos defendidos y su tenencia de la tierra asegurada".

Para Eric Dinerstein, director del programa de biodiversidad y soluciones de vida silvestre de Resolve (y ex jefe científico de WWF), el 30% es un buen comienzo y sería adecuado para 1950, pero más allá: "Tenemos solo una década para abordar tres crisis existenciales: la pérdida masiva de biodiversidad, el colapso climático y el colapso del ecosistema. Las soluciones a estos problemas son interdependientes, por lo cual solo protegiendo cerca del 50% podemos salvar una biosfera viviente", sostiene el experto.

Y desde Avaaz, un movimiento cívico y social que ha juntado más de dos millones de firmas para proteger la mitad del planeta, señalan que la meta se queda corta porque se debería proteger un 35% adicional en ecosistemas críticos si realmente se quiere evitar el colapso de la biodiversidad y el punto de no retorno en nuestro clima. "Los países que abogan por un 30% proteccion para el 2030 buscan, en realidad, proteger solamente un 15% adicional de tierras. Pero gran parte de ese 15% ya es manejado por los pueblos indígenas, y son áreas en excelente estado gracias a su sabiduría ancestral, a pesar de la violencia y de que su tenencia no sea reconocida", sostiene Óscar Soria, el director de campañas de la organización. "La meta del 30% para el 2030 es una meta pobre, sin consenso científico y producto de una solucion de compromisos entre el movimiento conservacionista tradicional y algunos países, que está más basada en el mínimo común denominador que en una ambición real y transformadora", asegura.

Cualquier aumento de las zonas protegidas del mundo debe ir precedido de una investigación independiente sobre los impactos sociales y sobre la eficacia real de la medida en la conservación de la naturaleza. Esto es algo que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, según las organizaciones firmantes de la carta a la CBD, y piden que antes de declarar como protegidas nuevas tierras se reconozca, en cumplimiento con los acuerdos internacionales, el derecho a la tenencia de la tierra de las comunidades que las habitan, que se garantice su acceso a sus recursos naturales, el derecho a su autodeterminación y a dar su consentimiento libre, previo e informado.

De hecho, la publicación de Rights and Resources Initiative lanzada la semana pasada también ofrece un plan que identifica oportunidades para que inversores, donantes y organizaciones filantrópicas demuestren su compromiso con la conservación mediante la adopción de un enfoque que respeta más los derechos a las tierras comunitarias para sus legítimos propietarios, e incluso se enumeran países que ya cuentan con un marco legal y financiero adecuado. "Si solo el 30% recibiera una mayor protección, pondríamos en riesgo grandes áreas silvestres, selvas tropicales y áreas de grandes conjuntos de mamíferos intactos. Afortunadamente, gran parte de las tierras ricas en biodiversidad se superponen con áreas bajo jurisdicción o reclamadas por pueblos indígenas. La solución más simple para salvar la vida en la Tierra es empoderar y financiar a los pueblos indígenas para que sean los administradores globales de una biosfera vibrante", aconseja Dinerstein.

En esta línea se pronuncian las organizacions que enviaron la misiva a la CBD, pues solicitan que se reconozca que la gestión de los territorios por sus pueblos originarios es el principal mecanismo para conseguir la conservación de la biodiversidad. "Nosotros no queremos competir con las grandes organizaciones de conservación, queremos trabajar juntos, pero con reglas claras en nuestra visión de territorio, en nuestra visión de los derechos y nuestra visión del desarrollo que estamos haciendo en los territorios", insiste Díaz Mirabal. "Hago un llamado a unir esfuerzos, porque es muy doloroso oír un informe sobre el planeta, que se hizo esta semana, y no hay un solo párrafo que nombre los aportes que han hecho los pueblos indígenas. Eso duele mucho porque somos los primeros que estamos dando la vida por la defensa de los territorios, y así es difícil buscar la unidad".

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