La UE retira su financiación a WWF en un proyecto en África por violar los derechos de los pigmeos

En el año 2008, WWF empezó a trabajar en la creación del área protegida del Messok-Dja en la cuenca del Congo con un presupuesto de casi 22 millones de euros. El parque comprende un área de 1.500 kilómetros a lo largo de un territorio de selva casi virgen que se extiende hasta Camerún y Gabón, y fue concebido para proteger la biodiversidad y perseguir la tala ilegal y la caza furtiva de especies autóctonas como elefantes, distintos tipos de gorilas, bonobos, pangolines y otras en peligro de extinción.

Más información

Cuando la protección de las especies pone en peligro a los indígenas

Gorilas y pigmeos: luces y sombras de conservación

La lucha por la dignidad de los baka

Seis años más tarde, la Unión Europea concedió, a través de su programa ECOFAC VI (un programa de apoyo para la conservación de la biodiversidad en África central) un millón de euros para la realización de este proyecto, de los que ya ha desembolsado 300.000. Uno de los requisitos era que WWF obtuviera el permiso de la etnia que habita y que subsiste gracias a estas tierras desde hace siglos: los baka. No se trata de una condición caprichosa: el llamado Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido por las Naciones Unidas y WWF también lo contempla entre sus principios fundamentales.

Esta autorización no solo no se ha conseguido, sino que la población baka lleva años sufriendo abusos por parte de los guardabosques contratados con fondos de WWF. Es la denuncia que han efectuado desde hace años los defensores de los derechos de esta minoría. La campaña principal en contra del proyecto del Messok-Dja viene de Survival International, una organización que lleva desde mediados de los años ochenta investigando la destrucción de las etnias en toda la cuenca del Congo.

Tras años de pesquisas, en 2018 Survival elevó una queja acompañada de las cartas de varios baka a las Naciones Unidas, en concreto al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), que también ha apoyado la construcción del parque con 3,5 millones de euros. "No hace mucho, los guardaparques llegaron al pueblo y comenzaron a golpear a todos. Golpearon a mi hermano con un machete y le cortaron la espalda, hasta el hueso, y golpearon a mi madre con un trozo de madera. Nos golpearon a mi hermano y a mí. Destruyeron nuestras ollas con sus botas, buscaron marfil en nuestras casas, pero no encontraron nada", denuncia un indígena en una de las misivas.

El PNUD vio indicios de veracidad suficientes como para enviar una delegación al Congo, y en febrero de 2020 publicó un informe preliminar muy duro que constata que los indígenas están sufriendo detenciones arbitrarias, palizas e incluso violencia sexual por parte de guardabosques armados cuya labor es, o debería ser, impedir la caza furtiva de especies en extinción y arrestar a los responsables. "Ejercen violencia y amenaza a los pueblos baka. Los testimonios de las comunidades indígenas expresan una situación continua de intimidación. (...) La violencia y las amenazas están provocando trauma y sufrimiento en los baka" describe el informe del PNUD en un intenso ejercicio de autocrítica. Desde Survival señalan que no es lo mismo un furtivo que caza elefantes para traficar con sus colmillos, por ejemplo, que un indígena que caza gacelas para dar de comer a su familia.

El informe preliminar también constata que no se deja a los baka acceder a los bosques, vitales para ellos porque, como sociedad cazadora y recolectora, necesitan de sus plantas y sus animales para sobrevivir. "Se está evitando que busquen sus medios de vida habituales, lo que a su vez está contribuyendo a su mayor marginación y empobrecimiento", señalan los investigadores.

Por último, el informe pone de relieve que a estos pueblos no se les ha preguntado acerca de su parecer sobre la construcción del parque. "Los baka afirman que no han sido informados ni consultados. Que el personal de WWF llega a sus asentamientos y simplemente les dicen a dónde ya no pueden ir para realizar sus actividades de caza y recolección. Esto difiere de la política oficial que según WWF, es que no hay restricciones de acceso a las áreas protegidas", describe la investigación. Otra de las cartas enviadas a la ONU por parte de la comunidad indígena dice así: "Estamos sufriendo, ellos [los guardabosques] vienen y nos golpean, toman nuestra carne para venderla en la ciudad, si hacemos campamentos en el bosque, los queman. Muchos baka están muertos hoy. Los niños se están volviendo más delgados. Sufrimos desnutrición y la falta de nuestras plantas medicinales".

"Ninguna de las políticas de la ONU fue aplicada y se asumió que todo iba a salir bien porque dieron por hecho que nadie vivía en esas áreas consideradas vírgenes y salvajes y crear un área protegida para flora y fauna no podía ser algo malo", critica Fiore Longo, investigadora de Survival International y coordinadora de la campaña #DecolonizeConservation. "Esto indica la importancia de hacer entender que todos los proyectos de conservación son, en realidad, proyectos de desarrollo, y que la conservación no es buena porque sí".

La investigación de las Naciones Unidas no fue la única. En junio de 2019 y a petición de WWF, un consorcio de ONG y el Programa de Pueblos de los Bosques también publicaron sus respectivos estudios (se pueden consultar aquí y aquí), en los que destacaban varias deficiencias. Una visita de control del Observatorio Congoleño de Derechos Humanos (OCDH) solicitada poco después por la Delegación de la UE en Brazzaville las confirmó. "La UE reconoce las conclusiones de la OCDH, que demuestran no solo la necesidad de encargar a una organización independiente que supervise el proceso del CLPI, sino también la importancia de evaluar dichos procesos", indican desde la Comisión Europea por correo electrónico.

En la práctica, esta decisión significa que la Comisión Europea no cree que WWF tenga legitimidad para llevar a cabo el proceso de consulta y obtención de consentimiento de los indígenas baka, y espera que esa labor la lleve a cabo un organismo independiente con el apoyo del Ministerio de Justicia congoleño, que es el responsable de velar por los derechos de estos pueblos. "Se dieron cuenta de que no pueden dar dinero a WWF, que eran las mismas personas que pagan a los guardaparques que agreden y arrestan a los baka, y a la vez los mismos que les tenían que pedir el consentimiento. Es ridículo", valora Longo. 

Rebecca Clear, portavoz internacional de WWF, indica que desde que se conocieron estos hechos han estado trabajando con las partes interesadas para identificar opciones para conservar el bosque y beneficiar a las comunidades. "Los resultados de estos informes se presentaron a todos los interesados en Messok Dja en un taller en Ouesso, en el norte del Congo, en noviembre de 2019, que reunió a representantes de 35 de las 37 comunidades interesadas", recuerda.

 WWF sí continuará recibiendo fondos europeos para ayudar al Gobierno a combatir la caza furtiva y "para labores de biomonitoreo y desarrollo socioeconómico de la región", según Clear. La UE no levantará la suspensión de sus fondos a WWF hasta firmar un nuevo contrato con consideraciones adicionales sobre los derechos de los baka. WWF asegura que está listos para apoyar el proceso de consentimiento en lo que sea necesario al tiempo que modifican el proyecto en curso como ha solicitado la Comisión. 

Para Longo, lo interesante es el gesto de la UE al suspender una financiación a un proyecto por causa de una violación de derechos humanos. "Para nosotros sienta un precedente para que las organizaciones que piden dinero a la UE en temas de conservación ahora sepan que, si cometen abusos contra una minoría, puede que su proyecto sea suspendido".

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.