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Ocho millones de habitantes de los bosques de India perderán su hogar de cumplirse esta sentencia

Tras acceder a las peticiones de grupos conservacionistas, el Tribunal Supremo rectifica a petición del Gobierno y aplaza el desalojo de más de un millón de familias tribales de áreas protegidas

Mujer de la etnia baiga desalojada de su tierra en el estado de Kanha. Después de la expulsión, su familia y ella no pudieron encontrar buenas tierras y ahora viven en una situación miserable, según la organización de defensa de los indígenas Survival International.
Mujer de la etnia baiga desalojada de su tierra en el estado de Kanha. Después de la expulsión, su familia y ella no pudieron encontrar buenas tierras y ahora viven en una situación miserable, según la organización de defensa de los indígenas Survival International.

Un millón de familias pertenecientes a las minorías denominadas como pueblos tribales y otros habitantes de los bosques corre el riesgo de ser expulsada de sus hogares en India. El pasado 13 de febrero, el Tribunal Supremo del país ordenó el desalojo de una parte de estos colectivos con una sentencia que responde a la reclamación interpuesta por varias asociaciones ambientalistas contra la Ley de Derechos Forestales (FRA). La norma, promulgada en 2006, reconoce a estas comunidades su derecho a habitar en sus tierras ancestrales, incluso dentro de zonas protegidas. Los demandantes, sin embargo, consideran que la FRA impide que se conserven adecuadamente estas áreas, por lo que han pedido la expulsión de aquellos que no han logrado todavía consolidar sus derechos con arreglo a la ley.

Este jueves, no obstante, la Corte ha suspendido su orden tras escuchar a un representante del Gobierno. Inicialmente, la sentencia fue dictada después de que ningún miembro del Ejecutivo compareciera ante el Tribunal para defender la pertinencia de la ley cuestionada. Así, los jueces se pronunciaron a favor de las expulsiones. Ahora, estos han pedido a los Estados que presenten los detalles del proceso que se adoptó para evaluar las reclamaciones, así como las autoridades que decidieron sobre ellas. El Tribunal retomará el caso el 10 de julio.

Un hombre de la etnia soliga reza en uno de los sitios sagrados dentro de la reserva de tigres BR Hills.
Un hombre de la etnia soliga reza en uno de los sitios sagrados dentro de la reserva de tigres BR Hills.

La medida, de hacerse realidad, supondrá una "catástrofe sin precedentes", según han denunciado los grupos de defensa de estas minorías: Se calcula que puede afectar a hasta ocho millones de personas en 16 de los 28 estados del país, y que se tratará de "la mayor expulsión jamás vista en nombre de la conservación", ha criticado la organización Survival International en un comunicado. Tanto los partidos políticos de oposición como parte de la sociedad también la han criticado fuertemente, algo que se ha reflejado en redes sociales.

"La sentencia no tiene en cuenta que muchos casos son rechazados o no aceptados por falta de documentos; hablamos de pueblos tribales con falta de organización. Es un proceso muy complejo, a veces se equivocan al hacer algo, no encuentran los papeles o nunca los han tenido... Y les consideran invasores sin más", alerta la investigadora de Survival, Fiore Longo. "Los casos rechazados estaban pendientes, y aunque no les habían reconocido los derechos, ellos seguían viviendo en su casa", explica la experta, ya que los solicitantes tienen derecho a apelar la decisión de las autoridades locales y aportar más documentación. 

La sentencia puede afectar a hasta ocho millones de personas y se tratará de la mayor expulsión jamás vista en nombre de la conservación, según Survival

Entre los principales grupos que han cuestionado la Ley de Derechos Forestales figuran Wildlife First, Wildlife Trust of India, the Nature Conservation Society, the Tiger Research and Conservation Trust y the Bombay Natural History Society. Estos han emitido un comunicado conjunto en el que explican su posición en vista de lo que consideran "muchos malentendidos en los medios de información". En él aseguran que la sentencia responde a una petición para garantizar la protección de los bosques, que se han visto gravemente afectados debido a reclamaciones "falsas". "Dichos reclamantes continúan ocupando un gran área de bosque a pesar de que sus peticiones han sido rechazadas después de una verificación debida y un proceso de apelación", indican.

Desde la promulgación de la FRA hasta septiembre de 2018 han sido presentadas 4,2 millones de reclamaciones sobre tierras forestales, según datos del Ministerio de Asuntos Tribales (Mota). De ellas, se han otorgado algo más de 180.000 títulos, y 72.000 kilómetros cuadrados de tierras forestales públicas se han convertido en propiedades individuales y comunitarias. "Además de la pérdida de bosques, otorgar derechos tan amplios en parcelas dispersas está causando un impacto perjudicial en el hábitat porque fragmenta grandes bloques de bosques en trozos más pequeños. La fragmentación se ha establecido científicamente como la amenaza más grave para la conservación a largo plazo de los bosques y la biodiversidad", justifican estos grupos.

El silencio del Gobierno

La Corte Suprema retomará el caso el 10 de julio para decidir si ejecuta las expulsiones de los pueblos tribales

La ausencia del Ejecutivo cuando debía defender los derechos de los pueblos tribales y la pertinencia de la ley que los ampara fue muy criticada por los partidos de la oposición y grupos de derechos humanos. Tras dos semanas de silencio, el Gobierno ha solicitado la suspensión de la sentencia y ha hecho público un comunicado que señala que, a causa de esta, un gran número de habitantes podrían ser desalojados sin observar el debido proceso de ley.  "No hay ninguna disposición en la Ley que estipule el desalojo después de que se rechace una reclamación", recuerda el comunicado. También ha señalado que el rechazo de las reclamaciones de las tribus en todo el país había sido defectuoso, que no siempre se comunican las resoluciones debidamente, que las reuniones de los comités de monitoreo no se están llevando a cabo regularmente, que no se puede expulsar a ninguna tribu hasta que se complete el proceso conforme a la Ley y que las resoluciones no aceptadas se pueden apelar".

India tiene más de 100 millones de indígenas (el 8% de su población), también conocidos como adivasis o habitantes originales. Según explican desde Survival, la expulsión de estos colectivos de sus territorios ancestrales está ocurriendo desde hace años de forma constante, "pero son cifras que al lado de esto son pálidas, ahora ya es preocupante", afirma Longo. "Es la amplificación de un fenómeno recurrente en India, de una injusticia extrema porque al expulsar a indígenas de sus tierras no es que se vayan a vivir a otros lugares y hacer otra cosa, ellos tienen una relación con la tierra muy fuerte, con el bosque, es parte de su identidad y esto va a destruir familias enteras", afirma la investigadora. Longo recuerda que estas comunidades son las mejores guardianas de las selvas porque su vida y sustento depende de ellas.

Niños soliga en un bosque dentro de una de las reservas de tigres de India.
Niños soliga en un bosque dentro de una de las reservas de tigres de India. Survival International

Cuando un pueblo tribal es desalojado, tienen dos opciones: o se les da dinero o les se les construye otro lugar de residencia. "Yo estuve en esas aldeas y era obvio que viven en condiciones terribles, la tierra no es buena, no pueden cultivar… No sabemos qué espera a estas familias cuando sean expulsadas, y es una injusticia inhumana que sean considerados invasores solo porque no tienen un papel que demuestre que están viviendo ahí cuando sí que han vivido, pero no tienen unas escrituras de propiedad. ¿Cómo le puedes pedir eso a un pueblo indígena? Hablé con algunas de estas personas y me decían: ‘mi familia vive aquí desde 1900, no sé cómo demostrarlo, no tenemos títulos de propiedad".

Los pueblos tribales y habitantes de los bosques no son cazadores porque desde hace décadas la práctica está prohibida en el país, sino que se dedican a la recolección y la agricultura. "Son cientos de pueblos totalmente distintos que tienen en común que dependen de la tierra para vivir", describe Longo. Survival ha denunciado durante años que se expulsa a estas minorías de zonas protegidas con el argumento de que dañan la vida silvestre, incluidos a los tigres, una especie en peligro de extinción (quedan menos de 4.000 ejemplares silvestres en el mundo). "Algunos consideran a los tigres parte de su familia espiritual, como los chenchus. Hay una gran riqueza cultural y biológica y siempre convivieron juntos. Ahora hay menos espacio por la industrialización y urbanización, se van reduciendo a un espacio más pequeño, lo que a veces genera conflicto, pero antes no existía", afirma la experta de Survival.

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