Primer plazo

Acaba de transcurrir el primer plazo del estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente en España a la progresión de la pandemia de coronavirus, prorrogado esta misma semana hasta el 11 de abril. Durante este tiempo, ciudadanos y Gobiernos de todo el mundo han tomado conciencia de la amplitud y gravedad de un problema que, hasta ahora, se contemplaba más como una posibilidad teórica que como la espantosa realidad que ha terminado siendo. Los pronósticos acerca de cuánto puede durar la pesadilla y cuáles serán sus efectos en todos los ámbitos de la vida social e individual no tienen más fundamento que una alucinada profecía, porque la experiencia acumulada es todavía insuficiente y la ciencia no dispone aún de los medicamentos para detener el virus y curar la enfermedad.

Conviene no proyectar la vehemencia de los deseos sobre una realidad que los desmiente día tras día: los efectos de la pandemia podrían no ser leves ni seguramente transitorios. Y es para esta hipótesis más dramática que el resto para la que hay que estar preparados, conscientes de las debilidades pero también de las fortalezas de la sociedad española, y unidos lealmente en torno a una estrategia que conduzca a preservar sus mejores logros y sus principios más irrenunciables. Si la pandemia se prolonga y el miedo gana terreno, no tardarán en aparecer quienes propongan a una ciudadanía sobrecogida el siniestro negocio de una salvación ilusoria a cambio de renunciar a esos logros y a esos principios, señalando chivos expiatorios entre los partidos políticos, los extranjeros que huían de otros peligros o las naciones señaladas como enemigas. No es la salvación lo que está al final de ese camino, sino un infierno liberticida y tenebroso.

Frente a estas fuerzas oscurantistas que la pandemia amenaza con liberar, al revelar de pronto que incluso las sociedades más fuertes están construidas sobre la fragilidad humana, el más firme baluarte recibido de la normalidad cívica que parece desdibujarse en el inmediato pasado es el Estado democrático. Un Estado que es democrático porque no consiste en un artefacto impersonal del que reclamar soluciones que nadie tiene, sino en un compromiso individual con unas instituciones a las que se reconoce la legitimidad para fijar la respuesta a la pandemia, para buscar y allegar los medios con los que detener sus efectos sanitarios y económicos, y para convocar a los ciudadanos de manera que cada acción diaria, así sea minúscula y elemental, no comprometa el objetivo común.

En España, ese Estado democrático legado por una sociedad que hace medio siglo dejó atrás la dictadura y eligió vivir en libertad, igualdad y fraternidad pese a todos los obstáculos, se ha manifestado durante el estado de alarma en el esfuerzo abnegado de arquitectos, sanitarios, soldados, policías y profesionales que, sin abandonar ninguna de sus infinitas otras tareas, levantaron salas y hospitales de emergencia en pocas horas, lo mismo que en el de cada ciudadano que observa las reglas de confinamiento y se apresta a ayudar a sus vecinos más necesitados. Y no hay por qué ocultarlo, también se ha manifestado en los titubeos y en los errores de un Gobierno legítimo, unos inevitables y otros resultado, quién sabe, del exceso de confianza o de la inexperiencia.

Comprometerse en este caso con el Estado democrático significa que cada responsable político se pregunte honestamente si habría sido capaz de ofrecer mejores soluciones. Si la respuesta es negativa, solo cabe apretar los dientes y cerrar filas. Y si es afirmativa, el deber inexcusable es ponerlas a disposición de quien tiene la legitimidad para ejecutarlas, no servirse de ellas como instrumento de chantaje para reclamar la razón o incluso el poder. Tantos años de crispación han terminado por convertir el consenso que permitió construir el Estado democrático en una aspiración quimérica. En estos graves momentos, sin embargo, una parte de su futuro, así como del futuro de todos los ciudadanos, depende de que esa aspiración se haga de nuevo realidad.