Prórroga y deber

La intervención realizada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en el pleno del Congreso de los Diputados para autorizar la prórroga del estado de alarma provoca una única reacción: estupefacción. Porque la pregunta que sus palabras dejaron flotando en el hemiciclo casi vacío era también una sola: ¿qué catástrofe tiene que abatirse sobre España para que el Partido Popular ofrezca una cooperación leal a las instituciones del Estado en las que no gobierna? Cualquier tribuna y cualquier circunstancia no pueden ser ocasión para exhibir un cicatero listado de reproches ni para convertir medias verdades en acusaciones feroces. Las hemerotecas de los últimos años pueden ser, sin duda, un arsenal político ilimitado para proseguir la bronca de todos contra todos. Pero también el recordatorio de lo que el país no puede permitirse ahora.

Casado sugirió que las banderas ondeen a media asta, que se celebre un funeral de Estado y que se levante un monumento a las víctimas. El presidente del Partido Popular puede tener la absoluta certeza de que no se le escatimará el apoyo a estas medidas cuando la pandemia del coronavirus sea solo una pesadilla que, mientras duró, colocó a cada cual ante su propio concepto del deber. Pero entretanto, es de este concepto de lo que se trata. Casado y otros dirigentes de su partido, que han llegado a responsabilizar de los fallecimientos al presidente del Gobierno, limitan el suyo a apoyar la prolongación del estado de alarma, entendiendo que ese voto les libera de cualquier otro compromiso ante una circunstancia dramática para el país y los ciudadanos.

Casado acusó al Gobierno de ineficacia al adquirir material de protección, y también de poner en peligro a los profesionales que se encuentran en primera línea para evitar la progresión de los contagios y cuidar a los enfermos. Lo que no dijo Casado es que los mercados internacionales de estos materiales están desbordados, al tratarse de una pandemia que afecta a casi dos centenares de países, todos compitiendo a la desesperada. Criticó el funcionamiento del mando único de Sanidad para distribuir entre las comunidades autónomas las limitadas cantidades de material con las que ha podido hacerse el Estado, bajo una extrema presión interna e internacional. Lo que no dijo es que la alternativa a ese mando es que las comunidades actúen por separado, disminuyendo la capacidad de negociación con los proveedores y distorsionando la distribución dentro de España.

Las fuerzas independentistas, por su parte, demostraron una vez más la imposibilidad de mantener la coherencia desde sus posiciones políticas. No existe lógica desde la que, por un lado, se pueda solicitar del Ejecutivo el endurecimiento del confinamiento, y, por otro, abstenerse de apoyar la prórroga del estado de alarma. Si el resto de los grupos parlamentarios se hubieran atenido a este mismo criterio, en el que no se sabe si lo que prevalece es el ventajismo o la irresponsabilidad, el país se habría visto abocado sin remedio a una situación sanitariamente dantesca. Pero, además, jurídicamente kafkiana. Si era eso lo que perseguían con su abstención, no deberían ocultárselo a los ciudadanos que rechazan su programa, pero, sobre todo, a los que creen en él y lo apoyan.

Frente a unos y frente a otros, los independentistas, más allá de prorrogar o no la alarma, también tienen un deber.