Una semana

El presidente del Gobierno anunció ayer su propósito de ampliar el estado de alarma durante una segunda quincena. Dada la evolución de la epidemia, el propósito resulta pertinente y permite a todos, ciudadanos y Administraciones, ajustar sus planes y la intensidad de sus medidas.

Las decisiones sanitarias discurren en paralelo a las tomadas sobre una economía sumida en una súbita crisis por causa de la casi paralización de la actividad. El paquete (adoptado los días 10, 12 y sobre todo, el real decreto ley urgente del día 17) responde a su profundidad. Ha sido validado por el conjunto de la sociedad y de las formaciones políticas —salvo en círculos residuales— y entronca con otros similares de nuestro entorno europeo. La prioridad al sector sanitario, la liquidez a empresas y autónomos, los aplazamientos impositivos y de cotizaciones sociales, las facilidades a las regulaciones temporales de empleo y el automatismo de las mismas para las compañías más afectadas, la moratoria hipotecaria y el incremento de dotaciones a los servicios sociales —en compenetración con las comunidades autónomas— son sus piedras angulares. Juntamente con la acción europea del Gobierno para influir en la acomodación legislativa y financiera de la UE al apoyo a sus Estados miembros.

El planteamiento es correcto y coherente. Pero necesita concreción urgente. La agravación de la crisis exige intensificar su flexibilidad y aceleración: quedan algunas lagunas y urgencias de simplificación. Entre las lagunas destaca la conveniencia de extender a los trabajadores autónomos el aplazamiento de su cotización social, si conviene estableciendo un suelo mínimo de ingresos de forma que favorezca a quienes mayor necesidad tienen, pues la tesorería de un taxista no es la misma que la de un profesional liberal de élite. También, y con idéntica prioridad, a las empresas que se comprometan a mantener sus plantillas en esta coyuntura, y cubran necesidades sociales (de servicio público). Conviene hacerlo con carácter inmediato. Los plazos corren y dentro de poco más de una semana concluye marzo.

Entre las necesidades de concreción sobresale el porcentaje con que el Estado —y el Instituto de Crédito Oficial— cubrirá los avales previstos a las empresas con problemas de liquidez. Cuanto más alta sea esa cobertura y más se aproxime a un porcentaje muy alto (un 80% del total de los créditos, o un 90%, como en Alemania), más eficaz será la medida pública, porque el incentivo de las instituciones financieras a prestar a las empresas será mayor, y el número de crisis de estas disminuirá. Una especial atención a las empresas de menor dimensión es del todo justificable, pero eso no debe suponer un detrimento para las medianas, incluso a las más grandes: algunas excelentes compañías españolas, en sectores clave como la automoción, la hostelería o la industria cultural, con menores reservas por distintas dificultades de mercado, pueden perecer en el intento si este dato final se modela sobre apriorismos ideológicos ajenos a la necesaria supervivencia del tejido productivo existente. Lo pequeño es hermoso, pero una economía potente requiere una combinación de distintos y complementarios tamaños.

También es muy urgente simplificar los apoyos públicos impositivos. La capacidad de acogerse a ellos, incluso administrativa, es crecientemente difícil, dada la menor presencia de los empleados de los bancos, gestorías o asesorías en sus sucursales y otros centros, por causa del aislamiento contra el virus. Quizá no sea imprescindible aplicar linealmente de entrada la propuesta de la patronal catalana, Foment del Treball, de proceder a la “suspensión de los plazos de presentación de autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones y de su pago”, pero conviene estudiar su aplicación selectiva con carácter amplio. Llega fin de mes y muchos carecen de recursos para afrontar sus compromisos oficiales. Más vale anticiparse con una pasarela temporal, aunque sea modesta en el plazo, que una repentina y completa ruptura de la cadena de pagos. Si eso sucediese, el objetivo de salvar el tejido productivo naufragaría. Y eso abonaría una nueva catástrofe económico-social, que este país no puede reeditar.