Han llegado los respiradores, ¡conéctenlos!

La necesidad de responder a la Covid-19 con medidas que aumentan la distancia social ha añadido a la interrupción de las cadenas globales de producción otros efectos más instantáneos, que han golpeado a muchísimas empresas por el retroceso de la demanda. La inmediata consecuencia ha sido una caída brusca de ingresos, que se va a transmitir a la liquidez de las empresas y el empleo. Es probable que el impacto alcance al menos a un tercio de la economía y, si no hiciéramos nada, cada mes de crisis reduciría la renta anual en torno al 3%.

El potencial destructivo de este shock ha hecho que durante los últimos días se activen medidas potentes de política fiscal —básicamente, nacionales— y, más todavía, monetaria —del BCE—. La UE sigue sin adoptar medidas que permitan mutualizar riesgos, pero al menos ha renunciado a aplicar una política de estabilidad que podría ser mortal en las actuales circunstancias.

Con esas decisiones el sector público y las autoridades monetarias asumen la necesidad de hacer todo lo que sea necesario para que los gastos extraordinarios derivados de la crisis puedan ser atendidos. En primer lugar, para que no colapse el sistema sanitario ni se incremente el número de muertos por falta de respiradores y otros recursos. En segundo lugar, para facilitar a las empresas un oxígeno financiero cuya falta puede ahogar a muchas en la insolvencia, pese a ser viables.

Una vez se dispone de los respiradores fiscales y monetarios para impulsar el aire hacia los debilitados pulmones de nuestra economía, es indispensable que esos instrumentos estén pronto y permanentemente conectados. Y hay que advertir de que eso no está garantizado todavía, pues depende de más cosas que de la llegada de los equipos: es preciso hacerlos funcionar de manera efectiva, y para ello es imprescindible asegurar los canales de transmisión de las políticas diseñadas.

En primer lugar, para que las empresas reciban financiación bancaria es clave que los avales públicos sean suficientes. Del primer tramo de 20.000 millones, en el destinado a grandes empresas la garantía es del 70% en crédito nuevo y del 60% en renovaciones, porcentajes que pueden ser insuficientes en un contexto en el que el desplome del PIB puede ser monumental.

El sector público y las autoridades monetarias asumen la necesidad de hacer lo necesario para que los gastos extraordinarios derivados de la crisis puedan ser atendidos

Pero, en segundo lugar, es muy importante que el sector público contribuya también a que los recursos financieros que pasan por sus cuentas lleguen a las empresas con celeridad. La suspensión de las reglas fiscales aprobada por Bruselas ofrece el marco de actuación, pero operar dentro de él depende de las autoridades nacionales, pues son las que canalizan la recaudación tributaria y la obtención de recursos derivados del endeudamiento. En ese sentido, el Gobierno central tiene una especial responsabilidad: conectar efectivamente el respirador de la financiación extraordinaria a las comunidades autónomas para que las compras a las empresas proveedoras de bienes y servicios —que representan la cuarta parte del gasto público— ventilen los pulmones del tejido productivo mediante una agilización de los pagos.

Las comunidades son responsables de una parte sustancial de servicios públicos, que generan pagos mensuales a proveedores superiores a los 4.300 millones de euros. Para pagar pronto, los Gobiernos regionales han de recibir de inmediato no solo los ingresos financieros ordinarios, sino los que reclaman que habitualmente les llegan con retraso. Y desde luego, también los recursos adicionales asociados a la ejecución de las medidas fiscales extraordinarias para combatir la crisis. Si siempre es negativo que los flujos financieros entre Administraciones se retrasen, ahora sería imperdonable porque estrangularía la capacidad de pago a empresas y familias y puede ser mortal para una economía débil.

Según los últimos datos disponibles, la deuda no financiera de las comunidades ascendía a 11.889 millones de euros, un 1% del PIB. De esa cifra, la mitad era deuda con proveedores, y el 70% de esta mitad era deuda con proveedores sanitarios. El periodo medio de pago una vez reconocidas las obligaciones era de 40 días, y en el sector sanitario, de 46 (sobrepasando los 30 días a los que obliga la ley de morosidad), pero estas cifras solo tienen en cuenta los pagos para los que la financiación está prevista. Sin embargo, siguen existiendo facturas en los cajones, sin reconocimiento presupuestario, cuyos periodos de pago son más largos. Actualmente, es probable que esas cifras hayan aumentado y es imprescindible que se reduzcan al mínimo. Si no se consigue, el sector público tapará la boca a unas empresas a las que les falta el aire, en vez de conectarlas al respirador. En cambio, si esa conexión se realiza, solo con que la deuda ya reconocida con proveedores se liquidara, llegarían a las empresas casi 6.000 millones de euros. Así, pues, es preciso prestar mucha atención a los flujos financieros entre la Administración central y las comunidades. También se requiere que todas las Administraciones sean más ágiles en los pagos, manteniendo sus servicios de intervención y tesorería a la altura de las circunstancias.

Francisco Pérez es director del Ivie y Joaquín Maudos es director adjunto del instituto; ambos son catedráticos de la Universidad de Valencia.