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La culpa no era suya

La violencia, la vulnerabilidad, el riesgo y la discriminación atentan contra el desarrollo humano de las mujeres, en tanto que no les permiten perseguir los planes de vida que desean

Ofrenda para todas las víctimas de feminicidio en la columna del Ángel de la Independencia en Ciudad de México (México) el pasado 23 de febrero.
Ofrenda para todas las víctimas de feminicidio en la columna del Ángel de la Independencia en Ciudad de México (México) el pasado 23 de febrero. EFE

El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) llama, nuevamente, a una reflexión acerca de la situación de las mujeres en el mundo y, en nuestro caso particular, en América Latina y el Caribe. Más aún, este año, estos pensamientos están inundados por las voces de miles de ellas alrededor del mundo que con su grito “y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía”, hicieron fiera denuncia de una sociedad que las agrede, discrimina y excluye.

En esto, en América Latina y el Caribe estamos en deuda. Pese a importantes mejoras, hay al menos tres ámbitos en los que no hemos logrado avanzar al ritmo que quisiéramos cuando se trata del empoderamiento de las mujeres, esto es, de su habilidad para hacer que otros actúen de acuerdo a sus intereses.

Primero, con relación a la pareja y al interior de los hogares. Ahí, las mujeres tienen un bajo poder de negociación en temas como la asignación del presupuesto o la planificación familiar. Las altas tasas de embarazo adolescente en la región son prueba de la relación desigual en las parejas. Existe una distribución también desigual de las actividades domésticas y de cuidado de dependientes entre hombres y mujeres lo que, a su vez, impacta negativamente sobre la participación de las mujeres en la fuerza laboral. En el extremo, el hogar se vuelve un espacio poco seguro para las miles que son víctimas de la violencia de género por parte de sus parejas.

Segundo, en el mercado. Si bien la participación laboral femenina ha mejorado, solo una de cada dos participa en el mercado laboral en la región. Por otro lado, más del 80% de las trabajadoras se encuentra empleada en sectores de baja productividad (agricultura, comercio y servicios); proporción que no ha cambiado en los últimos 15 años. Las mujeres son discriminadas en el acceso a créditos o herramientas, son menos susceptibles de obtener ascensos en sus puestos de trabajo, ganan en promedio menos que sus pares hombres y acceden a empleos de menor calidad.

Tercero, en sus comunidades y en la sociedad. La participación femenina en puestos de liderazgo en las esferas pública y privada sigue siendo baja. Si bien entre 1997 y 2019, la proporción de mujeres en los ámbitos políticos como el parlamento, el gabinete ministerial y la corte suprema, casi se ha triplicado, todavía estamos muy por debajo del nivel de paridad, y la heterogeneidad entre los países dentro de la región sigue siendo sustancial. De hecho, solo dos países de la región habían logrado la paridad de género parlamentaria al año 2018. Más aún, aquellas pertenecientes a minorías, como las afrodescendientes y las indígenas, permanecen sistemáticamente excluidas de la arena política.

El aumento de la participación de las mujeres en política coincide con resultados de desarrollo más equitativos en términos de género

Ya lo han dicho las mujeres. La culpa no era suya. Y las consecuencias son graves. La violencia, la vulnerabilidad, el riesgo y la discriminación atentan contra su desarrollo humano en tanto no les permiten perseguir los planes de vida que valoran. Su empoderamiento tiene entonces un valor normativo y un valor instrumental, puesto que sus liderazgos son incluso más efectivos que los de los hombres y mejores a la hora de velar por sus intereses y los de las minorías.

Por otro lado, la solución no es sencilla. Pueden cambiarse las leyes como ha ocurrido con las sanciones contra el feminicidio o con el aumento de la provisión de servicios de cuidados infantiles para la promoción del empleo femenino. En ambos casos, el abordaje ha mostrado ser insuficiente. Existen normas sociales que definen los roles de género y naturalizan conductas, actitudes y prejuicios respecto de estos, que son determinantes de las oportunidades que enfrentan hombres y mujeres en los hogares, la economía o la sociedad y que no responden a los cambios en las leyes formales.

Para abordar las restricciones que limitan a las mujeres necesitamos una gobernanza efectiva que implica transitar un camino de tres vías: mejoras en la productividad, inclusión y resiliencia. Para ellos, debe aumentarse la representación de mujeres en la arena de negociación de la política de manera de fortalecer su poder en todas las escalas, incorporar sus intereses a la discusión y promover políticas que transformen las normas sociales y las percepciones en pos de la igualdad entre los géneros.

La experiencia de la región muestra que el aumento de la participación femenina en política coincide con resultados de desarrollo y reglas de juego más equitativas en términos de género. Estos logros, a su vez, han ayudado a redistribuir un mayor poder de facto para ellas, lo que fortalece aún más su voz en el campo de las políticas y, posteriormente, su capacidad para hacer que el sistema responda mejor a las demandas y aspiraciones de las propias mujeres. La responsabilidad es colectiva.

Luis F. López-Calva es director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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