Cuando la política influye en lo que comemos

Cuentan que, con tan solo 10 años, la concertista venezolana Teresa Carreño (1853-1917) fue invitada a tocar ante el presidente estadounidense Abraham Lincoln, que le pidió que interpretara una canción de cuna en un desafinado piano de la Casa Blanca. Su padre, Antonio Carreño, fue el autor del conocido como Manual de Carreño, una obra repleta de lecciones y consejos sobre cómo comportarse en lugares públicos y privados. Y ese Manual de urbanidad y buenas maneras —­que ese fue su título exacto— publicado a mediados del siglo XIX es el que ayudó a alumbrar la idea de que hablar de política en la mesa no es ni conveniente ni adecuado si se desea preservar la armonía, especialmente cuando se atienden visitas.

Paradójicamente, la mesa es uno de los espacios más políticos a los que cotidianamente accedemos sin saberlo. Y no me refiero a las charlas que animan la sobremesa. Según datos de la OMS, las políticas agrícolas, de transporte, de planificación urbana, medioambientales, educativas y de procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos influyen directamente en los hábitos y las preferencias alimentarias de los niños, así como en su actividad física. Tras el entramado de preceptos jurídicos vinculados a estas áreas hay un impacto directo en la prevalencia de la obesidad infantil y, por ende, en el bienestar de la población y en el futuro gasto sanitario. Por otro lado, regulando la actividad de grandes industrias se ha llegado a dejar fuera de juego a pequeñas explotaciones que preservaban modos de hacer tradicionales y lo que se conoce como variedades patrimonio, esas especies tanto animales como vegetales vinculadas a un territorio que han perdido terreno en favor de otras más productivas y globales.

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Educar y formar a los consumidores y desarrollar mercados que acerquen los productos de pequeños productores y zonas rurales fomentaría la conservación de métodos de trabajo que salvaguardan el patrimonio alimentario, ayudando, por ejemplo, a frenar la despoblación del campo. Recordemos que a mediados del siglo pasado, acciones gubernativas destinadas a procurar resultados cuantitativos en el sector primario, minusvalorando lo autóctono, originaron la desaparición de innumerables especies animales. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 139 de las 165 razas autóctonas presentes en el catálogo oficial —es decir, el 84%— están en peligro de extinción. Como podemos intuir, los planes y estrategias, actividad legislativa, formación, ayudas y convenios, campañas informativas, proyectos de cooperación, protección y prevención de los Gobiernos inciden directamente en los procesos de producción, distribución y consumo, determinando qué comemos y a qué coste, que no siempre es económico. Favoreciendo unas particularidades frente a otras se incurre en problemas como el calentamiento global, la disparidad en la distribución de los ingresos o el ahogamiento de la diversidad. Por eso es bueno hablar de ello, porque cuando una sociedad comienza a preocuparse por los alimentos de su mesa, los políticos y las industrias también lo hacen. O al menos deberían hacerlo.

‘Intxaursalsa’