Bolivia: anatomía de un derrocamiento

“Fue golpe, no fue fraude”, “Fue fraude, no fue golpe”. Estos relatos organizan dos visiones polares de lo ocurrido en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre pasado que derivaron, luego de tres semanas de crisis política, en la renuncia de Evo Morales. El 10 de noviembre se ponía fin, así, a 14 años de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), un partido sui géneris cuyo núcleo duro son los campesinos cultivadores de coca en el Trópico de Cochabamba. Desde 2005, el MAS logró una inédita porción del poder en un contexto particular: el declive de las élites tradicionales de la región andina y las dificultades de las élites económicas emergentes, con base en la región oriental de Santa Cruz, para construir una visión de país que trascendiera su región. Fue en ese escenario, atravesado por una enorme conflictividad social, que amplios sectores urbanos se mostraron dispuestos a votar por un candidato de origen indígena-campesino como Morales a fines de 2005, y lo siguieron haciendo alentados por los datos macroeconómicos y la falta de candidatos alternativos atractivos. Los resultados electorales, casi siempre por encima del 60%, llevaron al MAS a controlar dos tercios del Parlamento y, con ello, todos los poderes del Estado.

Esa concentración de poder, en gran parte en manos de Evo Morales, es lo que entró en crisis al insistir con su repostulación luego de haber perdido el referéndum de febrero de 2016. El documental “Antes del golpe”, del periodista Diego González, deja ver que la última campaña presidencial careció de la mística de antaño y que el uso del aparato estatal reemplazó la potencia de los movimientos sociales, ya con sus cúpulas crecientemente “estatizadas”, envueltas en procesos clientelares y desconectadas de las bases. Los déficits democráticos en el manejo del Estado ya venían alimentando un nuevo tipo de oposición urbana, de base más juvenil, pero fueron las denuncias del manejo irregular del conteo de votos lo que terminó de erosionar el “capital moral” del Gobierno.

Es sobre esto que se montó una suerte de contrarrevolución que tuvo como epicentro a la región agroindustrial de Santa Cruz de la Sierra (lo cual no resulta novedoso en la historia boliviana), se extendió por el país y terminó involucrando primero a la policía, cuyo amotinamiento tuvo un fuerte impacto político, y luego a las Fuerzas Armadas, que le “sugirieron” a Morales que renunciara y luego tutelaron la asunción de su sucesora, la senadora conservadora Jeanine Áñez. Fue esta participación militar la que dio un carácter de golpe a la renuncia de Morales.

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Entremedio hubo una inédita movilización de sectores urbanos que, hasta ahora, habían tendido a protestar sobre todo desde las redes sociales, y que incluyó a grupos violentos. En paralelo, se vislumbró un “desinfle” de la capacidad de movilización de las bases del MAS. Un elemento decisivo fue la constitución, sobre la marcha, de un eje novedoso entre Santa Cruz y Potosí, una región donde el MAS mantuvo la mayoría pero involucrada en una serie de batallas regionalistas, sobre todo para conseguir más recursos (Potosí es sede de las grandes reservas de litio de Bolivia). Luis Fernando Camacho, un empresario conservador cruceño, se alió con el potosino Marco Pumari, hijo de un minero. Ambos actuaron desde la cabeza de los “comités cívicos” de sus regiones, instituciones que agrupan a las fuerzas vivas y cuya misión es bregar por los intereses locales. Este “eje geopolítico” fue clave en el derrocamiento de Morales, porque mostraba unidos a dos extremos del país tanto desde el punto de vista étnico como geográfico y en alguna medida político. Su eficacia desplazó del escenario al ex presidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, quien no logró encontrar su lugar en un escenario de radicalización pese a su efímera conversión sin fe al discurso duro.

En el devenir de los acontecimientos se acumularon muchos descontentos, pese a que las cifras macroeconómicas fueron una de las fortalezas de los Gobiernos de Morales. Entre sectores medios más “blancos”, hubo, sin duda, en estos años, una dosis de “pánico de estatus”; y entre sectores urbanos populares, la sensación de que los beneficios del “proceso de cambio” fueron en mayor medida para los campesinos que para ellos. A su vez, en el bloque anti-Evo hubo —y hay feministas, ecologistas, liberal-democráticos o simplemente conservadores, e incluso anticomunistas estilo Bolsonaro. Pero más allá de esta diversidad, la derecha, incluso en su versión religiosa, corre con ventajas para construir el sentido de la “revolución” anti-masista respecto de los discursos alternativos.

La salida electoral pactada entre el Gobierno y el Congreso, controlado por el MAS y con su poder muy debilitado, no puede ocultar que la Presidencia de Áñez se propone ir mucho más allá de un Gobierno transitorio destinado a convocar elecciones y deshacer el legado de Morales. Para ello, se viene hilando un relato que reduce el periodo del MAS a mera corrupción y dictadura. Hasta se mostraron las habitaciones presidenciales para reforzar la idea de que Evo Morales vivía como un “jeque árabe”, lo que claramente no coincidía con lo que se veía en las imágenes, más allá de lo que se opine sobre la compra de un avión presidencial o la construcción de la estéticamente dudosa Casa Grande del Pueblo como nueva sede del Gobierno.

De esa forma, se ve en operaciones una clásica reacción antipopulista cuyo costado democrático tiende a ceder rápidamente ante las perspectivas restauradoras de viejos órdenes y jerarquías sociales. Las carencias democráticas en estos 14 años fueron reales, pero el régimen del MAS estuvo lejos de ser una tiranía. Estas expresan debilidades institucionales propias del populismo pero también de una cultura política local, por lo que no comenzaron ni terminarán con el MAS. En este marco, el Ministerio de Gobierno (Interior) echó a andar la tesis de que el país está infestado de terroristas extranjeros y desde el Ministerio de Comunicación se amenazó a los “periodistas sediciosos”, al mismo tiempo que el Gobierno protagonizaba incidentes diplomáticos con México y España y reforzaba una retórica nacionalista sobre una “conspiración internacional” contra Bolivia.

Por su lado, mientras denuncia el golpe, el MAS –al menos su ala parlamentaria, parte de ella parcialmente distanciada de Morales– ha reconocido de hecho a Áñez, a la que le envió la ley de convocatoria a elecciones para su promulgación, lo que da forma a un escenario institucional confuso y crispado, con decenas de detenciones y prisiones preventivas de funcionarios del Gobierno anterior, junto a grupos de civiles que los increpan y hasta rodean sus casas.

Hay tres palabras claves del nuevo relato: “hordas” –los militantes del MAS son reducidos a meros grupos de choque facinerosos–; “despilfarro” –el ampliamente elogiado manejo macroeconómico habría sido una mera realidad virtual– y “tiranía” –los últimos 14 años habrían sido puro despotismo estatal–. Frente a este relato, el MAS intenta otro: el de un Gobierno que no cayó por sus defectos sino por sus aciertos, lo que más allá de su exactitud deja de lado cualquier visión autocrítica del pasado reciente.

En este escenario se va dibujando un panorama electoral aún incierto para las elecciones del 3 de mayo: el binomio Camacho-Pumari ocupa el espacio ubicado más a la derecha; Carlos Mesa busca posicionarse en el “centro” frente a los “extremos que causan chispas”, y el MAS intenta reorganizarse en medio de fuertes tensiones internas. El binomio presidencial entre Luis Arce (exministro de Economía) y David Choquehuanca (excanciller con peso en las regiones aymaras y distanciado estos años del expresidente) fue decidido en Buenos Aires como una solución de compromiso entre la voluntad de Evo Morales y la de las bases, y hay que ver si logra reunir al MAS y recrear su mística interna. Por lo pronto con esta fórmula se busca atraer a sectores medios sin perder la identidad indígena y campesina del MAS.

Falta saber si Áñez se decide finalmente a postularse y trata de capturar el espacio ubicado entre el centro y la derecha. En todo caso, el anti-evismo, dividido en múltiples siglas, buscará triunfar en una segunda vuelta, donde el partido del expresidente la tiene más difícil. Mientras tanto queda por ver si las elecciones son una válvula de descompresión o combustible para la inestabilidad.

En cualquier caso, es posible que unas nuevas elecciones no basten para cicatrizar las heridas que vive Bolivia. Quizás cuando baje la espuma se puedan hacer balances más sosegados de estos años irreductibles a simplificaciones extremas propias de las burbujas de filtro de las redes sociales.

Pablo Stefanoni es un historiador argentino y jefe de redacción de Nueva Sociedad, una revista latinoamericana de ciencias sociales.