Los pescadores artesanales que frenaron el expolio de los mares

En las noches oscuras, el plancton bioluminiscente brilla en las aguas de bahía Solano y se pesca mejor carnada. Pero cuando hay luna, los peces que no aceptan el destino de convertirse en cebo se esconden. Aun así, los locales salen igual al mar. Cargan sus lanchas de pequeños animales que luego usan para atraer a otros más grandes. Mocho y Chamaco forman equipo desde que se acuerdan. Son diestros con el bote y con la línea de mano, una técnica artesanal que consiste solamente en un rollo de sedal y un anzuelo. Su fuerza y su habilidad hacen el resto. Así, llegan a levantar del agua atunes de más de 70 kilos.

Cuentan que hubo un tiempo en el que la pesca era más bien escasa y las lanchas tenían que adentrarse en el Pacífico para volver con alguna captura de valor. Pero en la región colombiana del Chocó, los años en los que las grandes compañías esquilmaban los recursos marinos han quedado atrás.

El Chocó, en Colombia, es uno de los lugares más húmedos y lluviosos del planeta. Ubicado al sur del tapón de selva infranqueable del Darién, su población la forman afrocolombianos descendientes de esclavos, indígenas y colonos mestizos llegados de otras regiones del país. Su costa está salpicada de manglares espesos y playas kilométricas. Su mar esconde ballenas, tiburones y tortugas, y un vergel pesquero que aprovecha las frías aguas del Pacífico, cargadas de oxígeno y nutrientes.

La pesca tradicional ha sido el sustento de las poblaciones costeras durante generaciones. Merluzas, atunes, jureles y pargos se agolpan a poca distancia de la tierra, tal como señalan los datos de los atlas marinos de MarViva. Las prácticas poco sostenibles, las actividades ilegales y el trabajo industrial llegaron a dejar los recursos bajo mínimos, amenazando el equilibrio de los ecosistemas y de los pueblos que vivían de ellos.

“Dejábamos los espineles [un arte de pesca] calados por toda la costa y los industriales, arrastrando sus camarones, se los llevaban. Los barcos atuneros también nos causaban problemas. Arrasaban con todo y contaminaban las aguas cuando eliminaban el exceso de combustible”. Luis Emilio Medina, del municipio de Bahía Solano, recuerda las dificultades de los primeros años 2000.

Entonces, la respuesta ya estaba en marcha. “Al principio, los únicos que tenían voz ante el Estado eran los industriales. Ellos decían que generaban riqueza. A nosotros no se nos escuchaba. Poco a poco, gracias al conocimiento científico y a la conciencia de la comunidad, logramos una voz”, explica Luis Alberto Perea, Lucho, líder comunitario y presidente del Grupo Interinstitucional y Comunitario para la Pesca Artesanal (GICPA). El nacimiento de este grupo en 1998 fue el primer paso oficial en la reconquista del espacio costero. Hacía pocos años que una nueva Constitución en el país había dado alas a la participación ciudadana. Y una ley había reconocido de forma especial a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Si a mí me dan derecho a participar, pues participo”, recalca Óscar Saya, miembro de la Mesa de Ordenamiento Ambiental de Nuquí (otro municipio del Chocó), rememorando los inicios de las demandas ambientales. “Los pescadores industriales venían haciendo su faena de una forma desordenada. Había disminución de las especies y también conflictos. Era una competencia desequilibrada”.

Un parque y una zona exclusiva de pesca artesanal

Cada año, al final del verano, las ballenas jorobadas llegan a la ensenada de Utría. Recorren toda la costa sudamericana desde las aguas polares para dar a luz. Hoy son uno de los emblemas del Chocó y su mayor atractivo turístico. Pero la importancia del parque nacional Utría va mucho más allá. Creado en 1987, fue uno de los ejes alrededor del cual empezaron a girar las demandas ambientales de los chocoanos.

El parque, las alcaldías, el GICPA y varias ONG encararon el final del siglo XX con una única idea en mente: la necesidad de ordenar el espacio y sus actividades para proteger los ecosistemas y la forma de vida de las comunidades locales. Su primera victoria tardó en llegar, pero llegó. En 2008, el gobierno declaró 111.200 hectáreas de aguas costeras como Zona Exclusiva para Pesca Artesanal (ZEPA).

Desde la marea más baja, 2,5 millas mar adentro. Esa es línea que aún hoy marca la frontera para los pesqueros industriales. A cambio de la exclusividad, los locales aceptaron, no sin resistencia, abandonar las técnicas de pesca menos sostenibles. El cumplimiento de la ZEPA no fue inmediato, pero poco a poco, gracias a los estudios que medían el impacto positivo de las medidas, el espacio quedó conquistado para la pesca artesanal.

“Enseguida empezamos a notar que la merluza aumentaba en tamaño y volumen. Antes de la ZEPA, tirábamos 12.000 anzuelos y recogíamos tres o cuatro ejemplares. Hoy tenemos faenas de más de 100 kilos, con ejemplares de siete kilos que hacía muchos años que no se veían”, señala Luis Emilio Medina. Según el Atlas Marino-Costero del Pacífico Norte Colombiano, la presencia de tiburones y tortugas ha aumentado considerablemente.

Alternativa de futuro

Los únicos que tenían voz ante el estado eran los industriales. Ellos decían que generaban riqueza. A nosotros no se nos escuchaba. Poco a poco, gracias al conocimiento científico y a la conciencia de la comunidad, logramos una voz

La regulación quedó decretada en la zona norte del Chocó. El resto del espacio permanecía sin protección. El resto era, también, el más rico en recursos pesqueros. “Seguimos peleando y profundizando en la investigación”, señala Óscar Saya. Repitiendo la fórmula que había funcionado antes: grupos sociales, ONG, pescadores y algunas instituciones lucharon por aumentar la protección de la costa.

Optaron por otra fórmula: una que protegiese el espacio marino, pero también las playas, los manglares y las actividades locales. El resultado fue el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de Tribugá-Cabo Corrientes establecido en 2014. “La cuestión no era pescar más, sino  mejor. No se trataba de proteger un recurso, sino del desarrollo integral de las comunidades”, añade Saya. Y en esas siguieron. En 2017, lograron la aprobación de un nuevo acuerdo para el territorio que se extiende al sur de Cabo Corrientes, conocido como Bajo Baudó. Y toda la costa quedó ordenada 30 años después de que se declarase la primera figura de protección en la zona, el parque Utría.

“En Colombia, donde hay un recurso importante, hay una guerra. Pero no en nuestro caso. Hemos logrado una solución ordenada de forma pacífica. Hemos logrado que las comunidades hablen, construyan un discurso, tengan conocimiento de causa y generen su propio desarrollo”, concluye Óscar Saya. “Hemos garantizado que todos nuestros hijos tengan un futuro con la pesca artesanal”, añade Luis Emilio Medina.

El reto de la sostenibilidad

En Nabugá no hay cobertura. Para hablar por teléfono hay que caminar media hora hasta una pequeña montaña. Pero sí hay una bahía en la que cada vez hay más pescado. Y un pequeño pueblo al que hace 10 años llegaron un grupo de indígenas huyendo del horror del conflicto armado para construir una historia de convivencia y superación que bien puede ilustrar todo lo que ha conseguido el Chocó.

Franklin es uno de los 118 vecinos asentados en Nabugá. Antes vivían en el interior, en Bojayá, donde en el 2002 tuvo lugar una de las peores masacres de la historia reciente de Colombia. Cuando llegaron, no sabían pescar. “Pero los afros nos dijeron que teníamos que aprender, era la forma de ganarse el sustento”, explica Franklin. Ahora, juntos, conforman una asociación afro-indígena de pescadores. “Ya no pensamos en regresar a Bojayá. Esta es nuestra casa”.

“Al principio la gente no creía. Solo cuando se han visto los resultados ha crecido la confianza y la motivación y han llegado más iniciativas”. Lorena Marmolejo, chocoana y técnica de la ONG MarViva, acompañó el proceso de la asociación de Nabugá desde el principio. Hoy, la violencia no es tan problemática como en el pasado, pero sigue presente. Además, existen otros desafíos.

El Chocó es un lugar mal comunicado con el resto del mundo —no hay carreteras hacia el interior y los aeropuertos solo reciben pequeñas avionetas— y un corredor del narcotráfico. La primera característica limita las oportunidades comerciales. La segunda presenta posibilidades de negocio con las que es difícil competir.

“La cultura de la plata del narcotráfico permea la sociedad. Somos frontera con Centroamérica, paso hacia México y Estados Unidos. Terreno fácil para el reclutamiento de hombres y jóvenes”. Aunque la situación ha mejorado, Luís Alberto Perea reconoce que la llamada pesca blanca sigue siendo una alternativa para algunos. Cuando los narcotraficantes son descubiertos, tiran su mercancía al mar y luego pagan a otros para que recojan los alijos naufragados. “Tenemos que demostrar a la gente que el narcotráfico o el reclutamiento por parte de los paramilitares no son el camino. Nosotros somos los que ponemos los muertos. Hay un mundo de oportunidades y de recursos en su entorno para ser aprovechados”, añade Perea.

Otro de los grandes retos que afronta el Chocó para hacer de la pesca artesanal una alternativa de futuro es lograr la sostenibilidad económica de la actividad. El consumo local del pescado es elevado, pero la comercialización hacia el exterior sigue siendo complicada. Algunas iniciativas, como el estándar de comercialización responsable de pescado que ha desarrollado MarViva, buscan reforzar el consumo de las capturas artesanales en el resto de Colombia. Pero hoy, empresas locales como Red de Frío o Nuquí Fish ven limitada su actividad, sobre todo, por la falta de infraestructuras.

Sin carreteras, sin electricidad en casi todo el territorio, sin agua corriente potable, sin apenas sistemas de recogida de basura, sin cobertura. Pero con la intención de seguir viviendo de la mano de su territorio. Lo reflexiona, en voz alta, Lorena Marmolejo. “Todos tenemos un sueño, ¿cierto? El nuestro es que nuestra voz no se apague nunca y siempre haya un lugar donde sea escuchada. Y volvernos sostenibles, independientes y autónomos”.