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La granada contra los niños fue de odio y todos sabemos quién la lanzó

Con su trato a algunos inmigrantes, Madrid corre el riesgo de convertirse en una ciudad irreconocible

centro de menores hortaleza
Jesús y Rubén, venezolanos y dos de los solicitantes de asilo que se han visto obligados a pasar la noche frente al SAMUR social. EFE

Lo que ocurrió en Europa entre los años 2014 y 2017 no fue una crisis de refugiados, sino una crisis de acogida y protección. Un déjà-vu de Ruanda y los Balcanes, pero con una onda expansiva aún mayor: en su empeño por culpar a la víctima, los gobiernos europeos han puesto en jaque el sistema mundial de asilo y han embarcado a sus sociedades en un ejercicio de histeria nacional-populista que podría cambiarnos hasta hacernos irreconocibles.

Tomen el caso de Madrid, una ciudad que ha presumido siempre de su carácter abierto. Solo en las últimas semanas hemos vivido dos ejemplos repugnantes de cómo la manipulación informativa y política puede llegar a destrozar la vida de las personas más vulnerables. El primero de ellos es el del colapso de los servicios de acogida a solicitantes de asilo, decenas de los cuales han tenido que dormir al raso frente a las puertas del SAMUR Social mientras las administraciones se enzarzaban en un espectáculo obsceno de reproches cruzados. Su situación constituye un epítome del intolerable colapso del sistema nacional de asilo y de la incapacidad de las administraciones locales para ofrecer la protección más básica a los refugiados que llegan a nuestro país.

Pero el segundo resulta aún más doloroso y complejo: en Madrid, los chavales extranjeros no acompañados están siendo objeto de una operación de acoso y derribo. La ambigüedad política de quienes deberían proteger a un niño por el simple hecho de serlo está dando carta blanca a todo tipo de tarados y a su discurso del odio. Ayer mismo, como saben, fue lanzada contra el centro de menores de Hortaleza una granada de entrenamiento que hubo de ser desactivada por los Tedax.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha hecho un llamamiento a la “calma”. Pero a quien debería pedir “calma” es a los representantes de Vox, el partido que desfila frente a los centros de menores mintiendo a boca llena y que le garantiza seguir en su cargo. O dirigirse a su presidenta, que no pierde oportunidad de pedir disculpas por no repatriar a estos niños en la sentina de un carguero.

Este Gobierno de bomberos pirómanos tiene una responsabilidad directa en lo que está ocurriendo y en lo que ocurra a partir de ahora.

¿Qué político dará la cara por estos niños? ¿Quién arriesgará su cargo o su coalición por hacer lo correcto? ¿Dónde demonios están los límites? Ser una ciudad de acogida –una ciudad santuario, si prefieren el término que se ha popularizado en los Estados Unidos– empieza por no ser una ciudad de odio. La desatención social de asilados puede ser consecuencia de la incompetencia administrativa; pero el segundo asunto exige un punto añadido de crueldad que lo hace más alarmante, si cabe.

No reconozco a mi ciudad en estos comportamientos. Sé que la inmensa mayoría de la gente no es cruel y recapacita cuando conoce los casos de cerca. Pero no me cabe en la cabeza que 648.000 de mis conciudadanos hayan votado el 10N a un partido que lleva este asunto como bandera. Perdonen mi pesimismo, pero creo que estamos enfermos de miedo.

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