Queremos acoger: por derecho, por ética, por humanidad

Nosotras y nosotros, la ciudadanía madrileña, hemos visto estos días como distintos medios de comunicación se hacían eco de la noticia de que familias enteras solicitantes de protección internacional se encontraban durmiendo a las puertas de la oficina central del Samur Social de Madrid por la falta de plazas de acogida en los centros específicos para personas refugiadas.

La fotografía de niños y niñas cobijados cada día, desde mediados de septiembre bajo las mantas pasando la noche al raso que nos ha conmovido, no es nueva. Esta situación se viene repitiendo en España desde hace más de cuatro años. Ya en julio de 2015, ciudadanía organizada y redes solidarias nos concentramos en la puerta del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) denunciando la situación de los “refugiados sin refugio”. Desde entonces no hemos dejado de denunciar y tratar de visibilizar esta situación. En diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Ministerio de Trabajo por vulnerar los derechos de dos personas refugiadas al denegarles la acogida.

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No hemos cejado en el empeño de denunciar pero también de movilizarnos ante ella, articulando respuestas desde la ciudadanía para dar acogida y apoyo a las personas vulnerabilizadas en sus derechos y atacadas en su dignidad. La experiencia de acompañamiento de todos estos años, pero muy en especial de los últimos meses, es que las personas vienen huyendo de contextos de violencia explícita y al llegar a España se encuentran sometidas a un nuevo circuito de violencia institucional que termina de quebrar sus resistencias vitales.

Las redes solidarias de acogida y las vecinas y vecinos que cada día nos acercamos a la verja del Samur Social consideramos que las Administraciones han respondido ante esto de un modo muy cicatero: de anunciar planes que no se llegan a concretar, hasta la guerra de competencias, con las declaraciones de reproche efectuadas por la ministra portavoz a los Ayuntamientos en un asunto que es competencia gubernamental. Sabemos bien que las competencias en materia de acogida de personas refugiadas son del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a ellos han ido dirigidos nuestras quejas y nuestras demandas judiciales. Pero también sabemos que en materia de derechos humanos y en materia de infancia todos somos responsables, por eso no dejaremos de evidenciar la irresponsabilidad de la Comunidad de Madrid en la materia y la exigua respuesta del Ayuntamiento de Madrid. Constituye una auténtica burla a la ciudadanía que desde el Ayuntamiento se anuncie la cesión de seis espacios de acogida, cuando es notorio que solo uno de ellos está habilitado y disponible —el centro de Cercedilla— y los demás no están acondicionados y no sirven para el uso de acogida. Todo esto, mientras mantienen cerrado la Residencia Escuela “Palacios Valdés” perfectamente acondicionada para acoger a 80 personas. Necesitamos respuestas honestas y soluciones viables ya, no tras reuniones planificadas para un futuro no concretado.

Mientras esto ocurría en los despachos, nos hemos organizado: hemos puesto parroquias y casas particulares al servicio de la acogida; se ha hecho acopio de productos de primera necesidad para la gente en calle; hemos organizado talleres jurídicos para preparar las entrevistas de asilo y conocer los derechos; hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo esta situación, y siempre hay alguien que se ocupa de que la comida caliente esté dispuesta.

La respuesta que los vecinos y vecinas de Madrid estamos dando ha dejado clara una cosa: queremos acoger. Una solidaridad desbordada de manos y voluntades que desde las periferias al corazón de la ciudad de Madrid lo tienen claro: la acogida es un obligación legal, un imperativo ético y un mandato ciudadano. Quienes hemos abierto nuestras casas para albergar, quienes hemos salido de casa para acompañar, quienes hemos puesto dinero para pagar hostales, y quienes hemos puesto nuestro grito para la denuncia, somos personas de distinta condición social, de distintas sensibilidades políticas y religiosas, y de muy diferentes orígenes.

Este hecho nos legitima para exigir a todas las Administraciones Públicas que cumplan con su mandato y con su obligación: que no miren para otro lado. Hacen falta políticas valientes que tomen el testigo de la ciudadanía y apuesten por los derechos humanos como una forma válida de gestionar las migraciones y de atención a las personas vulnerables. No queremos protocolos de actuación: exigimos derechos. La acogida como un derecho, la inclusión como un horizonte social.

Y esto exige del concurso de todas las Administraciones públicas y de todos los agentes sociales: que se siente en una mesa y pongan sus recursos, competencias e instrumentos legales para diseñar esas políticas ya. Frente a la guerra de competencias, la solidaridad de responsabilidades.

Firman esta tribuna: Nabiil Maxamed, Daniel Méndez, Susana Pineda, Eneko Lizarraga, Ángela Escribano, Maria Teresa Martín, Isabel Herrero García, Míriam Lozano, Beatriz Tejedor, Iria Candal, Mónica Hidalgo, Sandra Hermida, Olaya Osoro, María Pilar Villarejo, Vanessa Bejarano, Lucía Lois, Yolanda Martínez, María Zapico, Ana Camacho, Celia de Molina, Isabel Sánchez-Jara, Carmina Monferrer, Masé Rivas Franco, Maite Ripoll, Karin Avaria, Paola Vargas, Massimo Cirolli, Francesca Fiume, Inés Osoro, Rocío López, José Manuel Val, Yesika Mena, Carles Roca, Ana Laura Álvarez, Paz González, Carol Blázquez y Merche Negro, vecinas y vecinos de Madrid frente a la verja del Samur Social. Kena Yuguero, de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel; Carmen Rodríguez, de la Red Solidaria de Acogida; y Javier Baeza, sacerdote de la parroquia de Entrevías, San Carlos Borromeo.