Bolivia: una deriva reaccionaria

Bolivia vive un acelerado proceso de fascistización: regresan biblias y militares al centro del escenario político, la represión ha cobrado varias víctimas en pocos días, hasta el jueves pasado, los militares tenían permiso para matar con impunidad, circulan listas de “traidores”. Las oligarquías de Santa Cruz y La Paz se reparten el botín del poder tras la renuncia de Evo Morales (Luis Fernando Camacho, el líder que comandó la protesta en contra de Morales, ha colocado a su gente en dos ministerios del Gobierno interino de Jeanine Áñez y en Impuestos Nacionales). La antigua élite, desplazada durante más de una década, pide el regreso de los “notables”, que no son otros que los que representan sus intereses. La discusión política ha sido reemplazada por la arenga religiosa: ahora se habla de “justicia divina”. Se trata de un movimiento contrarrevolucionario que se está beneficiando del debilitamiento institucional dejado por el Movimiento Al Socialismo (MAS, el partido de Evo Morales) —que socavó la credibilidad de instituciones antes respetadas como la Defensoría del Pueblo y cooptó y neutralizó a organizaciones indígenas y campesinas— y que intentará revertir las políticas progresistas de los últimos años.

El MAS fue un partido que, aun en sus numerosas paradojas y falencias, impulsó políticas a favor de las mujeres y de la población LGBTI, como por ejemplo la ley de identidad de género, la ampliación de causales que permiten el aborto y la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que reconoce el delito del feminicidio. Esos proyectos, sin embargo, fueron poco implementados, ya fuera por aplacar a sectores reaccionarios en alianza con el MAS, como las iglesias evangélicas, o por otras contradicciones internas: Henry Cabrera, diputado del MAS y uno de los que está llevando a cabo los acuerdos de “pacificación” del país, fue denunciado por su pareja en 2018 por agresiones físicas y psicológicas, y sin embargo retuvo su cargo con la complicidad de su partido. Así como Cabrera, hay muchos otros agresores de mujeres en las filas del MAS que se mantienen en la impunidad. La pregunta es obvia: ¿cómo podía el MAS implementar de buena fe su ley contra la violencia hacia las mujeres si apenas tenía la oportunidad prefería encubrir violentos dentro de sus filas?

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Pese a estas inmensas grietas, las leyes mencionadas no solo deben ser defendidas ante los avances de la agenda de la derecha —que impugna los derechos de mujeres y LGBTI— sino también profundizadas, convertidas en nuevos marcos de sentido común. A la defensa de esas leyes hay que añadir la fundamental permanencia del Estado laico, que garantiza la separación entre el Estado y las iglesias, y que en Bolivia existe desde 2009 (lo que no impidió que el partido de Evo Morales otorgara privilegios a las iglesias evangélicas).

Velar por el Estado laico no es una precaución exagerada: tanto Camacho como Chi Hyun Chung, el pastor evangélico coreano-boliviano que salió tercero en las recientes elecciones presidenciales anuladas por fraude, han manifestado repetidas veces que la Biblia debe regresar al Palacio y desterrar a la Pachamama; también habrá que vigilar de cerca la vigencia del Estado plurinacional.

Como líder de la institución de ultraderecha Comité Cívico Pro Santa Cruz, Camacho ha sido parte de marchas contra la ley de identidad de género y contra la ampliación de causales para la despenalización del aborto. Chi, por su parte, achacó los enormes incendios de la Chiquitania que comenzaron en agosto de este año a un castigo divino por los pecados de los homosexuales, y afirmó que el feminicidio es una “consecuencia del abuso de las mujeres contra el hombre”. Cabe esperar que tanto Camacho —que ha anunciado su deseo de candidatear en las próximas elecciones— como Chi arremetan contra la ley de identidad de género y la ley 348 contra la violencia de género, y que obstaculicen aún más el acceso al aborto legal en Bolivia.

Donde el MAS se da la mano con la ultraderecha es en las políticas medioambientales: aunque Bolivia posee una Constitución de avanzada que reconoce a la naturaleza como sujeto jurídico, capaz de ser representada legalmente, en la práctica los derechos de la naturaleza han sido sistemáticamente violados. Desde hace años el MAS ha venido apoyando proyectos controversiales con impactos nefastos para la ecología y los pueblos indígenas (ver los casos de TIPNIS, Tariquía e hidroeléctrica Rositas). La apuesta por la ampliación de la frontera agrícola para la exportación de soja, carne y biocombustible, y que responde sobre todo a los intereses del poderoso sector agroindustrial cruceño, fue una de las causantes de los incendios forestales en la Chiquitania que precipitaron el descontento hacia el Gobierno de Morales. Esos intereses continuarán estando celosamente resguardados por los partidos de derecha: no es casualidad que Samuel Ordoñez, militante del MAS y director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), haya sido elegido como ministro de desarrollo rural y tierras por el Gobierno de Jeanine Áñez.

Este es un momento político extraordinariamente difícil, en el que toca a los movimientos indígenas, ecologistas, feministas y LGBTI estar muy alertas y organizados ante el embate de la contrarrevolución. Muchas veces, la misma izquierda progresista los mandó a callar en sus críticas al Gobierno porque no había que “hacerle el juego a la derecha”; lo cierto es que estos grupos venían señalando corrientes reaccionarias y conservadoras que se fueron enquistando en el Gobierno durante los últimos dos mandatos de Morales y que hoy intentarán convertirse en la ideología dominante de la sociedad boliviana. Si es que no lo son ya.

Liliana Colanzi es escritora boliviana.