Un sistema que hace aguas

Celebradas las elecciones generales, podemos afirmar que en España –incomprensiblemente– la pobreza y la exclusión no han sido el tema estrella de la campaña. Tampoco ha sido la cuestión que ha definido los resultados. Pero para una sociedad, ¿hay algo más importante que el hecho de que haya personas que no pueden alcanzar unas condiciones mínimas para desarrollar su vida con dignidad?

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La política debería tratar precisamente de esto: del gobierno y la organización de las sociedades humanas para la consecución de su felicidad y bienestar. Sin embargo, la pobreza no es la materia estrella porque los más pobres son los que quizás no hayan ido a votar: por desafección, desmotivación o por no tener un domicilio estable donde residir, como el caso de las personas en situación de calle.

El número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones –el 18,4% de la población–, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007. Son datos del VIII informe FOESSA publicado en 2019. Para esas personas, pertenecientes a lo que los autores denominan “sociedad estancada”, el "ascensor" de la movilidad social no funciona y no son capaces de subir siquiera a la primera planta.

El estudio nos habla también de un conjunto de personas que viven en exclusión severa, una situación que acumula tantos problemas cotidianos que no pueden tener un proyecto vital mínimamente estructurado. Son 4,1 millones de personas, ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: carecen de vivienda o habitan en una insegura e inadecuada y están en desempleo persistente o sufren una precariedad laboral extrema.

Pero dentro de este grupo en exclusión social severa existe un subgrupo de expulsados que suman 1,8 millones. Personas que malviven en unas circunstancias que, según el estudio, demandan una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles acceso a una vida mínimamente digna. Son personas a las que no se ha protegido suficientemente desde otros sistemas: salud, violencia de género, acogida y asilo, empleo, educación, prestaciones sociales.

Es este el panorama que alimenta y nutre el fenómeno del sinhogarismo. Un contexto en el que se estima viven unas 40.000 personas en sus formas más extremas en España. Una cifra que solo hace referencia a personas en situación de calle y en recursos de alojamiento temporal.

Son 4,1 millones de personas con las que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: carecen de vivienda o habitan en una inadecuada y están en desempleo persistente

Las entidades que formamos la Red FACIAM acogemos y acompañamos a las personas en situación de calle y –desde hace cuatro décadas– seguimos enfrentándonos al problema de trabajar con ciudadanos que no tienen un espacio estable donde vivir y desarrollar su proyecto vital, ciudadanos sin derechos. Porque los rostros han cambiado, pero hoy, a finales de 2019, seguimos hablando de personas a las que la exclusión residencial les coloca en la más extrema exclusión, personas que si no votan tampoco importa –o pareciese–, que son los últimos de la sociedad.

¿Y quiénes son? Las personas sin hogar del siglo XXI son gentes que han perdido el empleo o personas que aun trabajando no pueden llevar una vida digna. Personas –y lo siento, aquí me toca repetir la palabra persona una y mil veces– que no pueden afrontar los gastos de vivienda y de sus suministros. Personas que han sido expulsadas de su domicilio. Personas a las que además le sobrevienen problemas psicológicos, personas con adicciones, personas que pierden la conexión con las redes de apoyo familiar o amigos. Personas que llegan a nuestro país huyendo de situaciones conflictivas o de emergencia humanitaria y no se encuentran un sistema suficiente de acogida y refugio. Personas que se ven expulsados o auto expulsados de sus hogares por discriminación, por su condición LGTBI, mujeres víctimas de violencia, jóvenes muy jóvenes, ex tutelados. Personas mayores de 55 años con muchos años sin salir de la situación de calle, personas que no cuentan con una prestación o renta suficiente.

Nos estamos educando en el “sálvese quien pueda”, no en el “salvémonos juntos”. Toca recordar a la clase política y a toda la sociedad que la desgracia del otro es la de todos, lo es porque nada de lo humano nos puede ser ajeno. Porque, además, una sociedad que no puede garantizar ciertas condiciones para muchos quizás no lo haga tampoco para aquellos que ahora se sienten a salvo.

Una sociedad más igualitaria y más justa es una sociedad más sana y más feliz, porque aunque muchos de nosotros nos situemos al otro lado de la raya de la exclusión, no podemos confiarnos. Si las distancias se acortan tanto, si las condiciones de vida van siendo cada vez más estrechas, en algún momento podemos pasar al otro lado. A la calle se puede llegar rápido, en muchos casos de un día para otro, pero salir de ella cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Nuestro sistema hace aguas, unas aguas que afectan casi al 19% de la población.

*María Elena Ayuso es secretaria técnica de Red Faciam.