Adiós Madrid-Estado

¿Cómo es posible que la Constitución española de 1978 fuera votada a favor por una mayoría de catalanes que hoy se decantan por la independencia? En mi opinión hay dos causas profundas. La primera, el golpe de Estado de 1981 que supuso un punto de inflexión, de hecho, condicionando hasta su casi total desaparición política el espíritu plurinacional-federalista que la constitución recién aprobada prometía y permitía desplegar. La segunda, la integración en la Unión Europea y en el euro, con la creación de un inmenso mercado único que reducía muy significativamente la relevancia del mercado interior español.

Dos fenómenos de dirección opuesta, uno centrípeto y el otro centrífugo, en medio de los cuales se ha hecho evidente la necesidad de un Estado al servicio de Cataluña; entendiendo por Estado el conjunto de herramientas de acción colectiva para proteger y a la vez empoderar a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier pueblo. Dos fenómenos ampliados y reforzados por la explícita opción política de los dos grandes partidos españoles (PSOE y PP) decididos desde el primer momento a construir un gran Estado nación con Madrid como centro casi exclusivo de poder económico y político.

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En lo que se refiere al movimiento centrípeto, debemos registrar, para constatar cómo fueron de ignorados, los avisos que hizo Pasqual Maragall en 2001 y 2003, con sendos artículos en este periódico de título revelador: Madrid se va y Madrid se ha ido. La descripción anticipada de un Madrid, sede del Estado, decidido a vaciar la periferia para convertirse en gran metrópoli es ya una realidad patente. A excepción de Cataluña, que ha resistido el embate y mantiene su peso económico respecto del conjunto del Estado, el resto de territorios lo han visto disminuir para alimentar el crecimiento imparable del de Madrid, un 30% desde 1980. El mismo porcentaje de crecimiento en las infraestructuras del Estado en Madrid en detrimento de los demás.

El Estado post-Transición está hoy en su nivel más alto de centralización, en la medida en que ha añadido a la concentración del poder político de siempre una concentración económica nunca vista. Y eso a pesar de la supuesta descentralización autonómica, que lo es en términos de gestión y gasto social pero en ningún caso de responsabilidad política, fiscal o económica. Una negación directa, por parte del Estado, del resto de sujetos políticos y de su capacidad para autogobernarse.

El crecimiento de Madrid a costa de toda la periferia es el certificado del más absoluto fracaso de la política de reequilibrio territorial que todo centro debe procurar, si es que verdaderamente lo pretende, y ha dejado sin la más mínima justificación las transferencias fiscales interregionales que lo habían de facilitar. El modelo actual se ha acabado convirtiendo en fuente de desigualdad crónica y de consolidación de la dependencia, en lugar de ser un instrumento de convergencia.

En cuanto a la fuerza centrífuga, la sustitución de la peseta por el euro multiplicó por 10 el tamaño del mercado interior; es decir, multiplicó el número de competidores y de clientes potenciales bajo un mismo marco regulador. De entrada, esto supuso en Cataluña la desaparición de miles de empresas insuficientemente competitivas, pero a continuación disparó el volumen de las exportaciones al resto de la Unión Europea y del mundo. De tal manera que hoy las ventas internacionales ya duplican las que hacemos en el resto del Estado; y en cuanto al saldo exportaciones/importaciones, obtenemos actualmente un superávit comercial equivalente a ambos lados, cuando tradicionalmente ese saldo era deficitario con el extranjero. En definitiva, nunca fue mayor la concentración de España en Madrid ni menor la dependencia de Cataluña.

El Estatuto de autonomía que aprobó el Parlamento de Cataluña allá por septiembre de 2005 pretendía encontrar el encaje institucional en este nuevo escenario, con el blindaje de las competencias necesarias y también con la capacidad de decisión política para resurgir socialmente, asegurando al mismo tiempo una financiación justa. Y lo hizo siguiendo escrupulosamente los procedimientos previstos por una Constitución que el Tribunal Constitucional ya venía reinterpretando en contra del Estatuto vigente hasta ese momento.

Ni jueces ni policías resolverán algo que es de naturaleza política, de distribución de poder real

El cepillado de 2006 y la sentencia del Constitucional de 2010 completaron el círculo del rechazo a la lealtad federal que Cataluña había puesto sobre la mesa. La ruptura fue definitiva, y ese desprecio hizo crecer el amor propio y la conciencia colectiva. De aquí el hito independentista del 1 de octubre de 2017. Y de ahí, hoy, el encono del Estado, la ignominia de la prisión y el exilio forzado.

Ahora, dos años después, el Estado se ha instalado en la judicialización y la presión policial como único lenguaje de comunicación con Cataluña, mientras el independentismo aprende a resistir y sigue trabajando para convertir la mayoría parlamentaria en mayoría social.

Ahora sabemos que el objetivo republicano, junto a la movilización y la resistencia pacífica, pide aún más y mejor gobernación y transformación social, tanto en la Generalitat como en los Ayuntamientos. Reflexión que ayuda a entender porqué las fuerzas que hoy representan el Estado han hecho todo y más para impedir un gobierno progresista encabezado por ERC en la ciudad de Barcelona.

Evidentemente, ni jueces ni policías resolverán algo que es de naturaleza política, de distribución de poder real. Tampoco, claro está, cuestiones que responden a cambios estructurales como los mencionados. Aún menos lo harán sentencias como la que estamos a punto de conocer.

Cataluña y España son hoy realidades muy diferentes de las de 1978, cuando la integración en la UE no era más que un desiderátum. Y es para esta nueva realidad que hay que encontrar respuestas y soluciones. La nuestra es clara: la república catalana de derechos y deberes, igualdad y progreso. Si España tiene una propuesta para Cataluña mejor que la de su independencia, que la proponga y se atreva a ganar o perder, donde se gana y pierde en democracia; es decir, en las urnas, en un referéndum vinculante.

Ernest Maragall es presidente del grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y diputado en el Parlamento de Cataluña.