El Constitucional avisa al presidente del Parlament de las consecuencias penales de desobedecer resoluciones

El Tribunal Constitucional ha movido ficha y acordó este jueves por unanimidad, tras pedírselo el Gobierno, comunicar al presidente del Parlamento de Cataluña y al resto de miembros de la Mesa su "deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga "ignorar o eludir" sus resoluciones o sentencias anteriores. Ese recordatorio, que incluye la advertencia de posibles consecuencias penales, se produce en vísperas de que se emita la sentencia del juicio del procés y después de que los partidos separatistas anunciaran que responderán con "desobediencia institucional y civil" a dicho dictamen si es condenatorio.

De nuevo, no hubo fisuras en el pleno del Constitucional, que ha salvaguardado la unanimidad en prácticamente todas sus resoluciones sobre el desafío secesionista. Los 12 magistrados admitieron este jueves a trámite la petición del Gobierno de anular varios apartados de una resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio, donde se planteaba la reprobación de Felipe VI y se defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación. Una medida del alto tribunal que no solo implica suspender temporalmente esos preceptos bajo sospecha, sino que además, como pedía el Ejecutivo de Pedro Sánchez, supone dirigirse directamente por escrito al presidente de la Cámara autonómica, al secretario general y a los miembros de la Mesa para advertirles de que tienen la obligación de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar esta nueva decisión del Constitucional o sus sentencias previas.

Los magistrados aceptaron así, a través de tres providencias firmadas este mismo 10 de octubre, la iniciativa anunciada por el Consejo de Ministros la pasada semana, cuando el Gobierno decidió no presentar un nuevo recurso contra la resolución del Parlament del 25 de julio —como se ha hecho otras veces—. Optó, en cambio, por pedir una "ejecución de sentencia", al considerar que la Cámara incumplía con esa resolución varios dictámenes previos del Constitucional donde se abordaban los mismos hechos. Por ello, el Gobierno pidió al tribunal que también avisara a los miembros de la Mesa del Parlament y en especial a su presidente, Roger Torrent, de las consecuencias penales que puede acarrearles el persistir en ese comportamiento. Y en ese sentido se pronunció este jueves el Constitucional.

Torrent: "No podemos convertir la Mesa en un órgano que limite la libertad de expresión"

Una iniciativa que provocó la inmediata respuesta de los partidos independentistas. "Es una dinámica peligrosa. La Mesa no puede convertirse en un órgano que limite la libertad de expresión y los derechos políticos de los diputados", afirmó Torrent después de que los 12 magistrados dejasen por escrito que debía "notificarse personalmente" su decisión al propio presidente de la Cámara autonómica; al secretario general, Xavier Muro; y a los miembros de la Mesa: Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado. A todos "se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada [de la resolución del 25 de julio], apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". También se les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" sentencias anteriores del Constitucional.

En Cataluña, la respuesta no se hizo esperar. Josep Costa, vicepresidente del Parlament, y Eusebi Campdepedrós, secretario de la Mesa, ambos diputados de Junts per Catalunya, rechazaron firmar el requerimiento al considerarlo "ilegítimo y sin base legal". Los dos parlamentarios acusaron, a su vez, al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar la ley que reformó el Tribunal Constitucional por impulso del PP y que los socialistas, según ellos, prometieron derogar. Costa vinculó, además, la iniciativa del Ejecutivo a un mero interés electoral, sostuvo que se ha superado el plazo de dos meses para presentar un recurso y que el Constitucional solo tiene derecho a anular y suspender resoluciones, pero no obligar a la Mesa a aplicar la "censura previa".

En esa línea se pronunció también Torrent, que consideró que la Mesa no puede convertirse en un "órgano censor" y avanzó que no piensa obstaculizar los debates pese a que su antecesora, Carme Forcadell —también procesada por rebelión en el juicio del procés— recibió una querella por desobediencia. El republicano alegó que seguirán existiendo dos millones de catalanes republicanos por mucho que se prohíba el debate sobre la Monarquía o la autodeterminación.

La patronal pide "respeto"

Tras el requerimiento, la CUP se ofreció este jueves —sin éxito— a formar parte de la Mesa y pidió a los ciudadanos una movilización sostenida en el tiempo. "Nos reafirmamos en la soberanía del Parlament", dijo el partido independentista, lamentando que se quiera acotar que en la Cámara solo se pueda hablar de aquello que quiere el "Ibex 35, las oligarquías y la Monarquía". "Seguiremos impulsando las resoluciones que sean oportunas y si lo consideramos necesario lo haremos", avisó la CUP: "En nada nos condicionarán". "Que no se pueda hablar no va a servir de nada porque eso no va a cambiar", continuó también Torrent, que invitó a Pedro Sánchez a plantearles una nueva propuesta sobre Cataluña.

Estas manifestaciones coincidieron este jueves con un comunicado emitido por la patronal Foment del Treball, donde pidió respeto a la sentencia del juicio del procés que, previsiblemente, se conocerá en los próximos días. La entidad que preside Josep Sánchez Llibre reclamó respeto a la justicia, subrayó que España es un Estado de derecho y pidió "responsabilidad" al Govern.