El Constitucional, nuevo terreno de juego del ‘procés’

Pitado el final del partido en el Tribunal Supremo y a la espera de que la Sala encabezada por Manuel Marchena dicte resultado (y sentencia), un nuevo campo de juego se avista ahora en el horizonte del procés: el Tribunal Constitucional. Un terreno al que algunas defensas de los líderes independentistas ya han previsto acudir, como paso previo a elevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y que se ha abonado de manera intensa durante los últimos meses. Desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, los 12 magistrados del pleno han emitido más de medio centenar de resoluciones sobre el desafío secesionista, según el recuento efectuado por EL PAÍS. La inmensa mayoría, al menos 50, se han dictado en contra de los intereses de los dirigentes separatistas.

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Los varapalos se han sucedido de forma muy diversa: en sentencias, autos y providencias. Y se han traducido, por ejemplo, en la validación de la intervención de la autonomía a través de la aplicación del artículo 155, la anulación de las leyes de desconexión, el respaldo de los ingresos provisionales en prisión de los políticos encarcelados, la anulación de la declaración de independencia...

La última cornada del tribunal, sin ir más lejos, llegó hace apenas unos días, cuando se anuló una declaración del Parlament que reprobaba a Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017. Y el secesionismo reaccionó de inmediato contra los magistrados, que basaron su decisión en la “inviolabilidad” de la figura del Monarca. "El posicionamiento del Constitucional, anulando una resolución política del Parlament, desvirtúa al propio tribunal", afirmó Roger Torrent, presidente de la Cámara autonómica, que afirmó que se "amenazaba así gravemente la autonomía parlamentaria".

Ante los ataques del independentismo, el Constitucional tiene en la cabeza la importancia de dar una imagen firme y cohesionada —a sabiendas, además, de que en noviembre afronta la renovación de un tercio de sus componentes, incluido el presidente—. Por ello, se ha esforzado estos meses en salvar la unanimidad en sus resoluciones, según reconocen fuentes del propio órgano, que lamentan que esta se haya roto una "única" vez. Y encima, añaden, por un asunto de menor calado. Ocurrió el pasado 22 de mayo, cuando tres magistrados emitieron sendos votos particulares contra la decisión del pleno de no admitir, por presentarse fuera de plazo, un recurso de Jordi Sànchez contra la medida de Instituciones Penitenciarias de castigarle con menos horas de patio por grabar un mensaje de voz usado después en un mitin.

Los tres acusaron a sus compañeros de recurrir a una interpretación rigurosa de la ley “para evitar que el tribunal tuviera que pronunciarse sobre el fondo”. Una pequeña brecha en el alto tribunal, pero que tuvo repercusión fuera y dentro del mismo. Los tres magistrados corrigieron su voto particular, pidieron disculpas y eliminaron uno de los párrafos críticos después de que otros miembros del pleno les trasladaran su indignación. Esta marcha atrás la aprovechó entonces Gonzalo Boye, abogado del expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española: "Cuando no se puede confiar ni en el Tribunal Constitucional... ¿Qué nos queda?". Era otro dardo más.

Porque, desde el inicio del procés, el independentismo ha centrado parte de sus ataques en los tribunales españoles. Y, por supuesto, en el Constitucional. El exconseller Toni Comin, huido a Bélgica, ha repetido que perdió su "imparcialidad" en 2010, con la sentencia del Estatut. "Le falta toda legitimidad moral por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa legislativa del Parlament", añadió también el exconseller Josep Rull durante el juicio celebrado en el Supremo.

Con este enfrentamiento como telón de fondo, el Constitucional ha afrontado dos momentos especialmente tensos en el último año. Cuatro de los políticos presos —Jordi Sànchez, Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull— mantuvieron una huelga de hambre de 20 días porque, según ellos, el tribunal bloqueaba sus recursos de amparo para dificultar que los elevasen después a Estrasburgo. Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, advirtió a los magistrados que acudiría a Europa si no le decían cuando iban a resolver las alegaciones contra su ingreso en prisión provisional, cuyo debate en vísperas del inicio del juicio del procés se aplazó sine die ante la falta de consenso en el pleno sobre la argumentación que se iba a dar. En ambos casos, los magistrados se sacudieron las presiones y no cambiaron el ritmo que se habían marcado para dar una respuesta.

"Grave atentado"

Los líderes del procés prácticamente solo han ganado una batalla de calado en este terreno de juego, que se avecina decisivo en un futuro: la inadmisión de los recursos de Ciudadanos y PP contra la inclusión de Puigdemont y dos de sus exconsejeros en las listas a las elecciones europeas del 26 de mayo. El resto de sus resoluciones han servido, en cambio, para golpear con dureza la línea argumental de los secesionistas. Por ejemplo, en sus distintos fallos, los componentes del pleno han afirmado que la declaración unilateral de independencia fue un "grave atentado" contra el Estado de Derecho; que, durante octubre de 2017, los dirigentes secesionistas actuaron "con desprecio de toda norma que no sirviera a su propósito" y "sirviéndose de las instituciones de todos los catalanes"; que en la Cámara autonómica "suprimieron todos los trámites reglamentarios y legales" con las leyes de desconexión, violando los derechos de los diputados no independentistas; y que, con la ruptura, pusieron en "riesgo máximo" la "vigencia y efectividad" de los derechos de los ciudadanos preservados en la Constitución.

Todo un marcaje que contradice el mensaje lanzado por Quim Torra el día de la declaración de independencia: "De una tacada nos hemos quitado de encima al Rey, al Gobierno, al Congreso, al Constitucional, al Supremo, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a Hacienda". La verdad es que no.