El Gobierno vuelve a acudir al Constitucional contra el Parlament en plena precampaña

El Gobierno no deja pasar un día sin reforzar el nuevo tono de dureza con los independentistas que ha adoptado en las últimas semanas, en especial después de la convocatoria de las nuevas elecciones. El Consejo de Ministros ha decidido este viernes, más de dos meses después de que se aprobaran sendas resoluciones del Parlament —una sobre la reprobación de Felipe VI y otra en la que se refrendaba el derecho de autodeterminación—, plantear un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional para que declare nulos esos acuerdos.

El Ejecutivo no hace un nuevo recurso, como otras veces, porque cree más expeditiva esta vía que implica pedirle al Constitucional que, en función de una sentencia anterior sobre un asunto similar, ordene la anulación de la resolución. En realidad se trata de actos más simbólicos que prácticos porque estas resoluciones del Parlament no tienen ninguna consecuencia ejecutiva, pero el Gobierno quiere mostrar que está atento a cualquier movimiento que considere fuera de la ley y decidido a no pasar ni una a los independentistas.

La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha negado que esta decisión se haya tomado ahora por motivos electoralistas y ha asegurado que esto requería "una preparación jurídica interna". "El Gobierno ha determinado que este era el momento oportuno. Es tema suficientemente riguroso y serio como para que el Consejo se haya tomado su tiempo", ha insistido. Sin embargo, decisiones anteriores sobre impugnaciones se han tomado con mayor rapidez.

Esta vez el Ejecutivo va un poco más allá y pide al Constitucional que avise a los miembros de la Mesa del Parlament y en especial a su presidente, Roger Torrent, de las consecuencias penales que podría tener persistir en ir contra algo que ha sido claramente sentenciado en otras ocasiones por el tribunal que garantiza el cumplimiento de la Constitución. Los miembros de la Mesa podrían ser procesados por desobediencia si desoyeran las instrucciones del Constitucional.

El Ejecutivo también tiene intención de recurrir las últimas dos resoluciones del Parlament, en las que se pedía, por ejemplo, que la Guardia Civil abandone Cataluña. Pero no ha podido hacerlo este viernes porque, en una calculada maniobra de juego político, el Parlament las ha publicado justo cuando había terminado el Consejo de Ministros y mientras se producía la rueda de prensa posterior.

En plena precampaña electoral, la voluntad del Gobierno, que está especialmente centrado en recuperar votantes de Ciudadanos que, según las encuestas, abandonarían este partido, es muy clara: después de mantener una relación cercana con los independentistas tras la moción de censura, que le llevó incluso a establecer una negociación para una mesa de partidos con un relator, el equipo de Pedro Sánchez ha ido paulatinamente endureciendo su discurso hasta llegar al punto álgido actual, en el que el presidente ha avisado de que podría incluso aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Generalitat si la situación se descontrola por culpa del Ejecutivo catalán después de la sentencia del procés, que es inminente y llegará en pleno periodo electoral.

La ministra Celáa ha lanzado varios mensajes a los independentistas durante la rueda de prensa y les ha advertido de que el Gobierno tiene todo preparado por si "la Generalitat abre la puerta a la excepcionalidad", pero confía en que no se abra. Todo depende de lo que haga el Gobierno catalán después de conocer la sentencia, ha insistido. El Ejecutivo, de momento, confía en que no sea necesaria ninguna medida excepcional e insiste en que los Mossos d'Esquadra hasta ahora se están comportando de una manera ejemplar, como demostró su actuación el pasado 1 de octubre, una fecha especialmente simbólica.