Miseria, acoso policial y pesticidas, así malvive en California la mano de obra de la gran despensa americana

EL VALLE DE San Joaquín, en California, se extiende desde Stockton, en el norte, hasta Arvin, en el sur. Mide 377 kilómetros de longitud y 209 de anchura. Si uno se dirige a él en coche desde el área de la bahía de San Francisco, en menos de una hora la temperatura pasa de 14 a 36 grados, y todavía subirá más. Las emisoras de radio son predominantemente de lengua española. Emiten rancheras, boleros, corridos, baladas de amor desdeñado y el característico sonido norteño, percutiente y vigoroso.

El valle es llano y está cubierto permanentemente por una nube de polvo, niebla tóxica, humo y pesticidas. La neblina, producto del tráfico del área metropolitana de la bahía de San Francisco, llega arrastrada por el viento; los pesticidas proceden de los miles de toneladas de sustancias químicas que se vierten cada año en la tierra, y el humo lo desprenden los incendios que arden en el norte y quedan atrapados en el valle, aplastado por el calor. La nube no se mueve de su sitio debido a la presencia de Sierra Nevada, al este; las cadenas costeras, al oeste, y la sierra de Tehachapi, al sur, a la que el escritor de Fresno Mark Arax llama “nuestra Línea Mason-Dixon”, porque marca la separación física y psicológica entre el valle y la cultura cosmopolita del sur de California y Los Ángeles. La ciudad de Bakersfield y la zona circundante, situadas en el límite meridional del valle, tienen el aire de peor calidad de Estados Unidos.

Medido en cosecha anual, San Joaquín es una de las franjas de tierra agrícola más valiosas del país, dominada por grandes productores al mando de una mano de obra formada por trabajadores emigrantes. Las condiciones no han cambiado demasiado desde que Carey McWilliams describiera el ambiente en su libro de 1939 Factories in the Field (Fábricas en el campo). Arax lo equipara con un país centroamericano. “Es la zona más pobre de California”, me explica. “Casi no hay clase media. Para encontrar su equivalente en Estados Unidos tendría que ir a la región de los Apalaches o a las tierras fronterizas de Texas”.

Pasas, uvas de mesa, pistachos, tomates, frutas con hueso, fresas, ajo y col son algunos de los cultivos del valle. En conjunto, los ingresos proporcionados por las cosechas del valle y del resto de California aportan unos ingresos que ascienden a 47.000 millones de dólares anuales (cerca de 42.000 millones de euros), más del doble que los de Iowa, el segundo mayor Estado agrícola de Estados Unidos. La mayoría de estas rentas benefician a unos pocos centenares de familias, algunas de las cuales son propietarias de nada menos que 50.000 y hasta 100.000 hectáreas de tierra. En la vertiente oeste del valle, las plantaciones son tan grandes que los capataces vigilan a los trabajadores sobrevolando en avión los campos. Los ordenadores controlan el flujo del agua, que se conduce hasta las plantas a través de un intrincado sistema de tuberías y válvulas. “Son prisiones y plantaciones, nada más”, denuncia Paul Chávez, hijo de César Chávez, uno de los cofundadores del sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW por sus siglas en inglés). “En ellas no es posible ni siquiera recibir educación. Según un sondeo oficial del Estado de California, en los poblados en los que viven los peones los maestros titulados no llegan al 30%”.

Hoy en día, al menos el 80% son mexicanos sin papeles, en su mayoría indígenas de los Estados de Oaxaca, Sinaloa y Guerrero —las regiones más pobres del país— que hablan muy poco o nada de español, y mucho menos inglés. La mayor parte lleva como mínimo una década trabajando las fincas, han formado familias en el valle y viven aterrorizados por la migra, como se conoce al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), y la deportación inmediata o el encarcelamiento, que los apartaría de sus hijos.

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A finales de junio visité una plantación de tomates en el condado de Fresno, cerca de la pequeña ciudad de Mendota. La hacienda es propiedad de Gargiulo, uno de los mayores productores de tomates del país. Aparcados junto a los márgenes de las parcelas listas para la recolección había docenas de coches destartalados. Los grupos de indígenas mixtecos dependían del único peón que hablaba español con fluidez para comunicarse con el jefe de la cuadrilla y el representante sindical de UFW que me había introducido clandestinamente en la finca. En temporada alta, estos campos emplean a 400 recolectores. El día de mi visita había unos 250 trabajando. Casi la mitad eran mujeres, algunas de ellas visiblemente embarazadas.

Aunque las temperaturas llegan a los 45 grados, los trabajadores se protegen de los pesticidas con todo tipo de ropajes. Las tasas de cáncer entre ellos son muy elevadas

A causa del calor, la jornada laboral va desde las cinco de la madrugada hasta las diez de la mañana, cuando las temperaturas alcanzan los 45 grados. El sol caía a plomo, pero todos iban cubiertos de pies a cabeza con varias capas de ropa: gorras de béisbol medio rotas sujetas en su sitio con capuchas y bufandas caseras, jerséis encima de jerséis, dos pares de pantalones, calcetines gruesos y botas. Solo los ojos, las mejillas y los dedos quedaban al descubierto. El objetivo era protegerse de los pesticidas. Entre los trabajadores del valle se registran altas tasas de cáncer. Los productos químicos han endurecido tanto la tierra que cuando la coges con la mano forma terrones como piedras, secos y descoloridos. Con el calor, los plaguicidas suben con fuerza desde el suelo. Al cabo de una hora notas cómo te queman en la boca.

El tomate se recoge encorvado. No hay trabajo más penoso y agotador. A pesar de ello, los oaxaqueños se entregan a él a una velocidad vertiginosa. Cobran a razón de 73 centavos (unos 64 céntimos de euro) por cada cubo de 19 litros que consigan llenar. Los peones lo prefieren a la alternativa de los menos de 10 euros por hora del salario mínimo en California. Los más jóvenes llenan dos recipientes a un tiempo. Arrancan de la planta los enormes tomates verdes, les quitan el tallo de un tirón y los dejan caer en el cubo. Luego salen corriendo hasta el remolque de carga enganchado a un tractor a unos 45 o 55 metros de distancia al fondo de la parcela. A continuación vuelven rápidamente a la fila, llamándose y gritándose unos a otros como soldados para mantener el ánimo y el ritmo. En cinco horas, un recolector habilidoso puede ganar entre 66 y 75 euros.

La época del tomate dura cuatro meses, desde junio hasta octubre, transcurridos los cuales los braceros se trasladan a la vertiente este del valle para cosechar cítricos o podar vides y frutales. Con suerte, un peón diligente puede encontrar trabajo ocho o nueve meses al año y ganar entre 18.000 y 20.000 euros antes de impuestos. En 2010, los obreros indocumentados pagaron alrededor de 10.600 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social, un dinero que fue a engrosar las pensiones de jubilación de los estadounidenses, una prestación que estos trabajadores nunca cobrarán.

En respuesta al argumento de que los inmigrantes dejan sin trabajo a los estadounidenses al hacer que bajen los salarios, UFW creó una página web que ofrecía a los nacionales y a los residentes legales trabajo en el campo en cualquier lugar del país a través de los servicios de ocupación estatales. Era 2010, durante la Gran Recesión. La página recibió alrededor de cuatro millones de visitas. Unas 12.000 personas rellenaron las solicitudes de empleo. De ellas, en total se presentaron efectivamente a trabajar 12 nacionales o residentes legales. Ni uno solo aguantó más de un día. Según un reportaje publicado en Los Angeles Times, Silverado, un contratista de mano de obra agrícola de Napa, “nunca ha visto a un blanco nativo estadounidense aceptar un empleo del nivel más bajo, ni siquiera después de que la empresa aumentase el salario por hora cuatro dólares por encima del mínimo”. Un vinicultor de Stockton no logró atraer a los parados ofreciendo cerca de 18 euros a la hora.

La cosecha de frutas y verduras es trabajo de una sola generación. Los peones con los que he hablado ni querían ni permitirían que sus hijos los sucediesen en el campo. El calor y el coste para la salud, unidos al poder feudal de los productores, hacen que prefieran trabajar en un hotel con aire acondicionado o en una planta de envasado, donde pueden estar derechos y a salvo de los pesticidas por un salario igualmente bajo.

Esto significa que se necesita una provisión continua de emigrantes mexicanos sin recursos dispuestos a hacer el trabajo. Pero los emigrantes no llegan. Desde 2005, el número de mexicanos que se marchan de Estados Unidos supera al de los que llegan. La explicación no reside solo en la política de mano dura en la frontera. En 2000, cuando esta era mucho más permeable que ahora, 1,6 millones de mexicanos fueron detenidos intentando entrar en Estados Unidos. En 2016 fueron 192.696. El economista Ed Taylor, de la Universidad de California en Davis, calcula que el número de posibles emigrantes procedentes del México rural se reduce cada año en 150.000. Este hecho se explica en parte por la mejora de la situación económica en el norte y el centro de México, que ha atenuado el atractivo del trabajo a cambio del salario mínimo en Estados Unidos, y en parte por el coste y el peligro de aventurarse a cruzar la frontera. Si se consigue entrar en territorio estadounidense, lo que tiene que pagar al traficante puede endeudar de por vida a un obrero que reciba la retribución más baja.

Hemos visto familias separadas en la frontera. Son imágenes de una atrocidad primitiva. Sin embargo, las crueldades cometidas con los emigrantes ilegales de las filas inferiores del ejército de trabajadores que ya viven en Estados Unidos han recibido mucha menos atención. Incluso en California, miles de obreros viven rodeados por un cordón de terror a pesar de la legislación del Estado que protege a los sin papeles. Hay californianos que sostienen que las “leyes santuario” no han hecho sino empeorar las cosas al convertir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU en una fuerza paramilitar itinerante reforzada por un presupuesto cada vez mayor y alentada por el presidente.

En todas mis visitas al valle de San Joaquín se respiraba el miedo a la migra. Algunos trabajadores no se atrevían a salir de casa para ir al campo o incluso a comprar comida debido a la omnipresencia del ICE tanto en vehículos identificados como sin identificación. En Radio Campesina, una red de emisoras del valle en español, propiedad de la Fundación César Chávez, se recibían llamadas de personas que avisaban a los oyentes de dónde se había detectado la presencia de agentes del servicio, como un supermercado, un colegio o un puesto de control surgido de improviso en una carretera. “Contamos a nuestros oyentes lo que pasa por ahí, qué esperar y qué evitar”, me contaba el director de la emisora de Radio Campesina en Bakersfield. “Hacemos advertencias sutiles, informamos a la gente, pero tenemos que asegurarnos de que son llamadas espontáneas. De lo contrario, podrían acusarnos de obstrucción”.

La policía federal está dispuesta a deportar a todos los emigrantes indocumentados que pueda y a hacer la vida imposible a los demás para que se vayan por iniciativa propia

La policía federal parece dispuesta a deportar a tantos emigrantes indocumentados como pueda y a hacer la vida imposible a los demás hasta que abandonen el país por propia iniciativa. Los agentes del ICE rastrean el valle en busca de mexicanos que han entrado en el sistema legal debido a la comisión de pequeñas infracciones acompañadas de multas o citaciones o, en el peor de los casos, por conducir bajo los efectos del alcohol sin haber causado víctimas. Al marido de una mujer con la que hablé lo deportaron después de 22 años viviendo en California por no pagar una multa por exceso de velocidad.

En la sede central de UFW, en el centro de Fresno, me reúno con un grupo de 12 personas que dan asesoramiento legal gratuito a los emigrantes. Vienen de las principales ciudades de los valles de San Joaquín y Salinas. Todas me dicen que están desbordadas por la afluencia prácticamente inacabable de trabajadores aterrorizados que temen por su futuro. “Nuestra principal tarea consiste en informar a la gente sobre cómo tratar con el ICE”, explica Fátima Hernández, una asesora de las oficinas de UFW en Bakersfield. “Cómo evitar que los detengan y los deporten”. Las instrucciones son simples y estrictas: no responder a ninguna pregunta, no firmar nada, no mostrar ningún documento, no dejar que ningún agente entre en su casa si no desliza bajo la puerta una orden judicial con el nombre de la persona afectada. Instan a los emigrantes a que hagan fotos y graben vídeos, y a que apunten el número de la placa policial y el modelo del coche. “Estén preparados para probar exactamente lo que sucedió”. Su principal protección es la Quinta Enmienda, que reconoce el derecho de permanecer en silencio incluso a quienes no sean ciudadanos estadounidenses.

Da la impresión de que el clima de miedo que recorre el valle “como una descarga eléctrica” afecta a Hernández y a sus compañeros. Los emigrantes detenidos en la zona van a parar a Mesa Verde, una cárcel privada situada en Bakersfield en la que les es prácticamente imposible contratar a un representante legal debido a que son pobres y no cuentan con ningún apoyo. Allí es donde los asesores voluntarios entran en escena. Según Hernández, son “una gota en el océano”. Desde la prisión, los detenidos “asisten” a la audiencia a través de un vídeo transmitido a una sala situada en Sacramento, a 460 kilómetros de distancia. El fallo se dicta en cuestión de minutos. La acumulación de trabajo es ingente. El tribunal tiene una lista interminable de casos y se abre paso a través de ella sin inmutarse.

Hernández asesora a padres para que preparen a sus hijos para lo peor. Uno de los temas de conversación es qué pasa si hoy tus padres no vuelven a casa. Antes los inmigrantes se sentían inseguros, pero tenían cierta sensación de que se necesitaba su trabajo, de que eran valorados aunque solo fuese por su disposición a realizar las tareas que nadie más quería. Sus hijos podrían estudiar y vivir la mayor parte del tiempo sin el temor de que sus padres desapareciesen, incluso con la agresiva política de deportación de Obama. Actualmente, ni siquiera los residentes en situación de legalidad temporal solicitan los cupones para alimentos, ni la prestación de desempleo, ni los servicios de desarrollo para la infancia, ni se presentan al programa integral de ayuda a los niños de rentas bajas y a sus familias. Recientemente, el Gobierno de Trump anunció un cambio en la normativa que impide a los emigrantes y a los residentes permanentes optar a la nacionalidad si han recibido o solicitado asistencia social. Las personas que se quedan sin trabajo, como ocurre inevitablemente con los trabajadores del campo durante parte del año, prefieren pasar hambre antes que arriesgarse a que el Gobierno los ponga en la lista negra.

La paranoia ha impregnado todos los aspectos de la vida. La actividad social, como por ejemplo la asistencia a reuniones ciudadanas y otros actos públicos, prácticamente ha desaparecido. “Las personas dan otro nombre o piden que se les oculte la cara si es que acceden a dar su testimonio o a compartir su historia en los medios de comunicación”, cuenta Eriberto Fernández, un organizador cuyos padres siguen trabajando en la vendimia en el condado de Kern. “Algunos no quieren ni que los vean en nuestra página de Facebook”. Cuando era pequeño, sus padres lo llevaban al campo porque no tenían a nadie que lo cuidase mientras estaban trabajando. “A los siete u ocho años empecé a trabajar con ellos después del colegio. El nuestro es un caso típico”. Ahora Fernández se dedica a registrar a los latinos para que voten, con escaso éxito. “Nos dicen que la última vez que votaron las cosas empeoraron, así que no van a volver a hacerlo”. En el condado de Monterrey, la participación de los latinos en las primarias del 5 de junio de 2018 fue más baja que nunca. El pesimismo es grande en la primera, segunda y tercera generación de esta comunidad, cuyos miembros son ciudadanos estadounidenses.

El inmigrante legal no quiere saber nada de los sin papeles. Entre el 25% y el 30% de los legales están a favor de las leyes republicanas sobre armas y son contrarios al aborto

Algunos se sienten resentidos con los inmigrantes ilegales, o los miran por encima del hombro o, sencillamente, no quieren saber nada de ellos. Una minoría significativa —entre el 25% y el 30%, según la mayoría de los cálculos— está a favor de las leyes republicanas sobre las armas y son contrarios al aborto.

En Delano conocí a una joven de 18 años llamada Rufina García. Lleva viviendo en Estados Unidos desde que tenía un año y medio. Sus padres eran mixtecos, y la trajeron con ellos desde el pueblo de Putla, en Oaxaca. Los dos trabajaban en el campo. Se trasladaban de un lado a otro según las cosechas, recogiendo cerezas, uvas, mandarinas y naranjas. A lo largo de sus 16 años y medio en Estados Unidos tuvieron otros cinco hijos, todos nacidos en el valle de San Joaquín.

Durante varios meses estuvieron notando que los agentes del ICE merodeaban a su alrededor, siguiendo la pista de sus movimientos. Se presentaban en el aparcamiento del edificio donde vivían, o en el colegio de los niños, o los seguían en coche para hacerles saber que los habían señalado y estaban siendo vigilados. Ni Rufina ni sus padres se explicaban la razón. La migra solía seguir a personas con antecedentes policiales. “Mi hermano se hizo experto en detectarlos mientras mi padre iba conduciendo”, recuerda mi interlocutora. “Los coches sin identificación se pueden reconocer por el número de matrícula. Mi padre estaba muy nervioso. Sabía lo que podían hacernos. Podían quitarnos todo. No hacía más que preguntarme por qué a nosotros”.

A las seis de la mañana del 13 de marzo, sus padres llevaron a la hermana de Rufina al instituto Robert F. Kennedy para el entrenamiento de atletismo de primera hora. Mientras se alejaban en coche, los agentes que los habían seguido desde que salieron de casa encendieron las luces de emergencia para indicarles que se desviaran hacia el arcén. Santos, padre de Rufina, obedeció, pero cuando los policías se acercaron al vehículo, sintió pánico y pisó el acelerador. Los agentes se lanzaron tras él a toda velocidad. Santos chocó con un poste de la luz. Él y Marcelina, madre de Rufina, murieron.

Al final resultó que los policías habían confundido a Santos con su hermano Celestino, al que pretendían deportar por una denuncia de conducción bajo los efectos del alcohol de 2013. La denuncia no iba acompañada de cargos por conducción temeraria, y se había resuelto satisfactoriamente en los tribunales. Las muertes movilizaron a los trabajadores agrícolas del valle, que no vieron el suceso como un mero accidente, sino como el resultado natural de las experiencias que todos ellos vivían, de una manera u otra, bajo la vigilancia de la migra. Centenares de personas asistieron al funeral. Las cámaras y los equipos de televisión se lanzaron en picado sobre la ceremonia. Arturo Rodríguez, el paternal presidente del UFW, hizo acto de presencia, y el funeral adoptó un aire de tímida manifestación.

Poco después del funeral, los agentes del ICE hicieron un despliegue de múltiples vehículos para rodear a Celestino en su casa y llevárselo como si fuese un peligroso criminal. El mexicano fue deportado de inmediato, dejando atrás a su esposa y a sus cuatro hijos, dos de los cuales son ciudadanos estado­unidenses. Firmó bajo coerción sus documentos de deportación, lo que supone ser expulsado de Estados Unidos sin audiencia y sin posibilidad de volver nunca más. Su sobrina piensa que el Servicio de Inmigración y Aduanas montó el espectáculo de su arresto porque Celestino había concedido entrevistas a la prensa para hablar del accidente y el coste que había tenido para la familia. “Nos daba ayuda emocional”, recuerda. “Para mi padre, él era como un hijo. Mi padre lo crio”.

Ahora Rufina —una de los denominados dreamers, en situación ilegal y con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) en un limbo judicial— tiene que cuidar de sí misma, de sus cinco hermanos, el menor de los cuales tiene ocho años, y de William, su hijito de un mes. Su mirada era opaca e irremediablemente triste. Me dio la sensación de que vivía en dos mundos: uno en el que conversábamos tranquilamente, y el otro un mundo de pesadilla del que, aparentemente, era incapaz de escapar o le resultaba imposible entender.

Quería que viese el santuario dedicado a sus padres junto a la carretera, cerca del lugar donde murieron. Por el camino pasamos por Forty Acres, la polvorienta parcela en la que estaba la gasolinera en la que, en 1968, César Chávez protagonizó una huelga de hambre durante 45 días para llamar la atención sobre la huelga contra Giumarra Brothers, el mayor productor de uva de mesa del valle. Robert Kennedy fue a verlo el día que abandonó el ayuno, lo cual convirtió a Chávez en un personaje famoso y dio a conocer a todo el país las tribulaciones de los trabajadores del campo. En 1970, tras la victoria de los huelguistas con la ayuda de un boicoteo nacional a la uva, había en torno a 70.000 vendimiadores sindicados.

La migra, la policía antiinmigrantes, acosó y persiguió a Santos y Marcelina, padres de Rufina. Se asustaron y huyeron. Su coche chocó contra un poste. Ambos murieron

El santuario dedicado a los padres de Rufina se encuentra en una sofocante carretera de dos carriles, cerca del desvío que lleva a la cárcel de North Kern. A través del calor podíamos ver la prisión, rodeada por brillantes espirales de concertina. “Establecimiento penitenciario. No recoger autoestopistas”, dice una señal a uno de los lados de la carretera. En el lado opuesto hay otra cárcel, esta para mujeres. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de ambas prisiones, en las que se ve a los agentes del ICE conduciendo a toda velocidad por la calzada vacía detrás de Santos y Marcelina, indican que mintieron cuando declararon a la policía de Delano que no los habían perseguido, pero no fueron procesados. Una mujer que se dirigía a su trabajo en la cárcel se paró y sostuvo la mano de Marcelina a través de la ventanilla del coche volcado mientras moría. Los agentes aparcaron a unos 400 metros y no ofrecieron su ayuda. A los 40 minutos llegó una ambulancia.

El santuario narra la historia de la vida de los padres de Rufina. Hay flores, una lata de té frío Arizona, un florero rosa, un crucifijo y una imagen de la Virgen de Guadalupe, una botella de salsa picante, un viejo faro de coche, una maceta con tierra negra y una lata de cerveza Tecate. Rufina me llama la atención sobre una vela que alguien ha puesto desde su última visita. Parecía que le servía de consuelo. La joven cree en la presencia invisible de los muertos. Me explicó que las cáscaras de huevo que había por el suelo las habían esparcido personas que temían que les pasase lo mismo que a los padres de ella. Con voz seria, como para asegurarse de que no hubiese malen­tendidos, añadió: “Dijeron que había sido culpa de mis padres por asustarse y salir huyendo. Pero no lo fue. Lo único que hacían era ir a trabajar”. Un portavoz del ICE responsabilizó de las muertes a la legislación californiana que protege a los emigrantes ilegales y “ha obligado al servicio a salir de las cárceles y a nuestros agentes a llevar a cabo su misión en las calles, lo cual ha aumentado los riesgos para las fuerzas de seguridad y para la ciudadanía. Asimismo, aumenta la probabilidad de que el servicio se tropiece con extranjeros ilegales que hasta entonces no teníamos en nuestro radar”.

La campaña de mano dura del ICE es tan solo uno de los aspectos de un plan para deportar a todos los mexicanos indocumentados que ocupan las categorías inferiores del mercado laboral y acabar por completo con las nuevas llegadas desde el sur de la frontera. En el Congreso hay en marcha una iniciativa para sustituir a estos obreros por un amplio programa de “trabajadores invitados”.

Con la legislación actual, pensada para hacer frente a situaciones de emergencia debida a la escasez de mano de obra, los trabajadores invitados salen caros. Los empresarios tienen que pagarles el viaje de ida y vuelta a su país de origen y proporcionarles alojamiento mientras dure el contrato, que no puede ser superior a un año. La normativa está diseñada para disuadir a las empresas de la idea de hacerse con un sobrante de mano de obra por el procedimiento de importar un número ilimitado de mexicanos y bajar los salarios de los que ya viven en Estados Unidos, como hicieron los productores entre 1942 y 1964, mientras duró el Programa Bracero, en respuesta a la falta de trabajadores agrícolas durante la Segunda Guerra Mundial.

En las condiciones actuales, la escasez de mano de obra ha alcanzado unas proporciones desconocidas al menos en los últimos 90 años. En consecuencia, los productores han arrancado los cultivos que necesitan más trabajo manual, como las vides de uva de mesa, y han plantado almendros, para los que no hace falta tanto. Los precios de la vivienda, sobre todo en la zona costera del valle, hacen aún más difícil atraer y conservar a los trabajadores. En los últimos años, millones de dólares en cosechas no recogidas se han enterrado o se han dejado pudrir en el campo.