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Treinta años después de Tiananmen: ¿adónde va China?

La violenta respuesta del Gobierno a las protestas de 1989 en Pekín anunció el férreo control que se ha impuesto

En la foto, un manifestante en la plaza de Tiananmen, en mayo de 1989. En el vídeo, represión de las protestas en el mes de junio.

Disturbios. Desorden. Caos. Son las palabras que más teme el Partido Comunista de China. No siempre fue así. Durante la Revolución Cultural (1966-1976), el máximo líder, Mao Zedong, había incitado a los guardias rojos a rebelarse —“es justo”— y “bombardear los cuarteles generales”. Que hoy día el PCCh esté dispuesto a anteponer la estabilidad por encima de cualquier otra meta —incluso el crecimiento económico—, a invertir cuanto haga falta en dotarse de los más sofisticados sistemas de control y a cortar de raíz cualquier movilización social que le parezca mínimamente sospechosa tiene su origen en lo acontecido hace ahora 30 años. El 4 de junio de 1989 fue cuando ocurrió la matanza de Tiananmen, en Pekín, a manos del Ejército. Aquel día cambió la historia reciente del país. Y es el día cuyo recuerdo aún hoy es el mayor tabú posible dentro de China.

La noche del 3 al 4 de junio de 1989, por órdenes del partido, los tanques cargaron contra el pueblo para disolver las manifestaciones que, iniciadas por estudiantes universitarios, reclamaban desde hacía dos meses, en la principal plaza de Pekín y en otras ciudades chinas, libertad de expresión, medidas contra la corrupción y, al final, democracia. El número de víctimas aún se desconoce, y los cálculos oscilan desde los centenares hasta cerca de 10.000. Nunca se ha publicado una lista completa. El PCCh nunca ha admitido responsabilidades: porque eso pondría en cuestión su legitimidad. En vez de explicaciones, cunde el silencio oficial. Muchos jóvenes chinos hoy solo tienen una vaga idea o ignoran totalmente lo que ocurrió. Las generaciones que sí lo recuerdan se guardan muy mucho de mencionarlo en público. 

Después de Tiananmen —y a contracorriente de la ola democratizadora en la mayor parte del bloque comunista, tras la caída del telón de acero aquel mismo año—, Estado y sociedad acordaron un contrato social tácito: los ciudadanos se abstendrían de inmiscuirse en la política y el Estado les proporcionaría una vida cada vez mejor. Los resultados han terminado de convencer al PCCh —si es que alguna vez tuvo alguna duda— de que hizo lo correcto en Tiananmen; de que aquella brutal represión encauzó el camino para llegar al auge del que el país disfruta.

China hoy invierte más en control interno que en defensa. En 2017, según un estudio de Jamestown Foundation, el presupuesto de seguridad interior alcanzó los 197.000 millones de dólares, sin incluir inversiones en tecnología de vigilancia y de seguridad urbana. Una cifra que superó en 40.000 millones de dólares la partida de gasto militar. “Es la ironía de la tiranía”, opina el antiguo líder estudiantil en Tiananmen Zhou Fengsuo. “Mientras más poder se tiene, más temor se sufre a que alguien te lo intente arrebatar”.

Pero China también se ha convertido en segunda potencia del mundo, con un crecimiento económico sin precedentes por su rapidez y dimensiones. Su PIB per capita es actualmente de 9.608 dólares, 20 veces superior al de 1989, cuando apenas rebasaba los 400 dólares. Está a punto de erradicar por completo la pobreza rural. Su huella en el mundo es cada vez más profunda.

El Partido Comunista cree que aquella brutal represión encauzó el camino para llegar al auge de hoy

Si el partido ha cumplido su parte del contrato, la población también. El liderazgo de su presidente y secretario general del partido, Xi Jinping, es enormemente popular. Según el Asian Barometer Survey, un programa de monitoreo de la Academia Sinica en Taiwán, en 2016 un 63% de los chinos expresaba su apoyo al sistema político y un 72% se declaraba deseoso de vivir bajo su régimen. Pocos creen en la necesidad de una democracia; aún menos lo manifiestan en público.

“Este régimen va a mantenerse durante un largo tiempo gracias a su capacidad de adaptación y de modernización, a los medios no solo represivos, sino también financieros y económicos de los que dispone. Pero también gracias al apoyo que le proporciona la mayor parte de las élites y de la sociedad china, así como las aspiraciones prioritarias de esta sociedad y la debilidad de las reivindicaciones democráticas”, escribe el profesor francés Jean-Pierre Cabestan, de la Universidad Baptista de Hong Kong, en su libro Demain la Chine: démocratie ou dictature? (China mañana: ¿democracia o dictadura?).

El mensaje oficial, 30 años después de Tiananmen, es que China está a punto de ocupar de nuevo el puesto de liderazgo mundial que le fue arrebatado durante el “siglo de humillación” a manos de las potencias occidentales. El “sueño chino” y “el rejuvenecimiento de la gran nación china”, los lemas del mandato de Xi, parecen al alcance de la mano, mientras este país expande su influencia en el exterior a través de sus empresas y ambiciosas iniciativas como las Nuevas Rutas de la Seda. La China de hoy —­siempre según el discurso oficial— ya no se achanta y está dispuesta a hacer frente a Estados Unidos, la primera potencia, para defender lo que considera sus intereses clave. La fricción con EE UU, que comenzó en el área comercial, se ha extendido a la tecnología y amenaza con ampliarse a otras áreas, incluida la marítima y la defensa. La posibilidad de un mundo bipolar, dividido en dos ecosistemas no necesariamente compatibles, parece cada vez más real.

“Desde hace mucho tiempo China ha tenido esta voluntad de hacerse menos dependiente de las infraestructuras de otros países”, apunta por teléfono Alice Ekman, directora para China del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. “La gran cuestión, por un lado, es cuántas áreas estarán implicadas y —lo que mucha gente se está preguntando ahora mismo— hasta qué punto la competición resultará en una incompatibilidad de uso”.

En este gran auge chino, la sociedad civil ha quedado al margen. En su apuesta por aumentar el control para evitar rendijas y que se repitan las manifestaciones de hace tres décadas, solo en los últimos años ha aprobado una ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales extranjeras; ha apretado la censura en Internet; ha detenido a estudiantes que defienden una interpretación pura del marxismo y a centenares de abogados de derechos humanos. Y en Xinjiang, hogar de la minoría uigur de religión musulmana, ha encerrado a centenares de miles de personas (cálculos de ONG extranjeras hablan de millones) con el argumento de luchar contra el terrorismo y la inestabilidad. “Cada vez más actividades han sido catalogadas como políticas o subversivas, lo que priva al Gobierno de información clave sobre su gestión, y a la sociedad, de una plataforma para expresar sus quejas”, explica el director de MERICS, Frank Pieke, en la web de este centro de estudios alemán especializado en China. “Lo mismo ocurre con los medios, las universidades y los intelectuales públicos. La libertad de expresión se ha visto enormemente limitada y los debates solo pueden celebrarse de modos indirectos y opacos, si es que pueden”.

Víctimas también son las familias de los fallecidos en Tiananmen, cada vez más ancianas y siempre bajo la sospecha del Gobierno chino, que luchan contra el olvido oficial. “Han pasado 30 años, pero aún debemos obtener justicia por vosotros y permitiros descansar en paz. Por esto sentimos una culpa tremenda”, afirman las Madres de Tiananmen en una carta abierta publicada antes del aniversario. “Lo que podemos hacer es mantener nuestras demandas, salvaguardar la dignidad de los muertos y los vivos, mantener la independencia del grupo de familiares de las víctimas y ser los fieles guardianes de vuestras almas, ser custodios incansables de la esperanza”.

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