El poder del pasado

EL DÍA 13 de abril, Santiago Abascal, líder de Vox, lanzó su campaña electoral en Covadonga, Asturias. Lo hizo allí porque, según el relato del nacionalismo español, fue allí donde el ejército astur de don Pelayo derrotó en el año 722 a los invasores musulmanes e inició la Reconquista de España, que terminó siete siglos después, en 1492, con la conquista de Granada. Por supuesto, este relato es falso, según recordaron algunos historiadores: ni la batalla de Covadonga existió —fue un invento posterior de la corte de Alfonso III—, ni existió la Reconquista —esa palabra jamás se usó en la época—, ni en la Edad Media existía España —­que como nación cuenta con poco más de 200 años de vida—, ni siquiera lo de Granada fue una conquista —no pasó de rendición pactada—. Da lo mismo: Abascal funda su cruzada contra “progres, comunistas e islamistas” y sus ambiciones políticas en el episodio central de la historia mítica de España, y resucita así la visión franquista del pasado, según la cual España existe al menos desde Séneca, o desde Viriato, pastor lusitano.

Nada de esto debería extrañarnos. Lo primero que todo el que aspira al poder intuye, por necio e ignorante que sea, es que para dominar el presente y el futuro necesita dominar el pasado, implantando un relato que justifique o legitime su aspiración; lo de menos es la veracidad de ese pasado: lo esencial es su capacidad para justificar y legitimar. Esto significa que al pasado le cuesta un trabajo enorme pasar, que sigue operando en el presente, que a menudo es de hecho una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado; también significa que el poder —cualquier poder, y no sólo el que menos restricciones tolera, el más autoritario— es ciego y voraz: su esencia consiste en la pura vocación de perdurar. Lo cual no quiere decir, claro está, que todo el que accede al poder, o el que aspira a él, lo haga a costa de amañar el pasado de forma tan grosera como lo hace Vox; pero la tentación es casi siempre irresistible. También los separatistas catalanes, por ejemplo, han inventado un pasado útil para sus propósitos; de acuerdo con él, la historia de Cataluña es la historia de su enfrentamiento secular con España, la cual ha tratado en vano de sojuzgarla una y otra vez: la Guerra Civil fue, sin ir más lejos, una guerra de España contra Cataluña, que hasta 1714 era prácticamente independiente de su opresor. Trolas y más trolas, claro está, pero no nos engañemos: no sólo los nacionalismos las difunden (aunque sólo ellos son capaces de convencer a sus creyentes de que el séptimo día, en vez de descansar, Dios creó su nación); las usa todo el que, puesto a elegir entre la verdad y el poder, elige el poder; es decir: las usa casi todo el que llega al poder. En 2014, Podemos irrumpió en la política española decidido a acabar con lo que sus dirigentes bautizaron como Régimen del 78; para ello intentó desbancar a los partidos que lo representaban tratando de imponer un relato histórico según el cual la Transición habría sido un sucio pacto entre élites, una estafa que no engendró una verdadera democracia, sino una prolongación del franquismo por otros medios. Que este relato era falso no sólo lo demuestran los hechos, sino la propia, increíble evolución de Podemos: baste decir que, cinco años después, durante la pasada campaña electoral, el partido de Pablo Iglesias blandió la denostada Constitución del 78 no ya como lo que es cualquier constitución democrática –el marco que define las reglas del juego político–, sino como si fuera su mismísimo programa electoral. Este fervor de conversos prueba que o bien los dirigentes de Podemos han dedicado el último lustro a estudiar historia, o bien hasta hace poco usaban la historia como suele usarla el poder (y como no la usó casi nadie, por cierto, durante los años decisivos de la Transición): como un arma de combate político.

Es un uso perverso de la historia, contra el que ­todos, y no sólo los historiadores, deberíamos rebelarnos. Porque el poder trata siempre de imponer una versión fraudulenta del pasado para imponer una ­versión fraudulenta del presente. Y eso sí que es una estafa.