Hostales o viviendas

El Ayuntamiento de Madrid ha comprendido, igual que los de Barcelona, Valencia y Palma, que la proliferación de los llamados pisos turísticos en el centro de las ciudades constituye un grave peligro para la estabilidad urbana. El pleno municipal decidió el miércoles pasado imponer severas condiciones para conceder licencias de pisos de uso turístico, la principal de las cuales —la exigencia de que tengan entrada propia y separada de la que da acceso al resto de los vecinos— elimina de un plumazo el 95% de las viviendas destinadas a este tipo de alquileres y obliga a los propietarios de viviendas destinadas a este tipo de usos a replantearse el uso de sus propiedades. Quien quiera utilizar un piso como una pensión con una rotación elevada de inquilinos tendrá que acogerse a una regulación muy estricta. Una decisión que puede ser considerada extrema incluso por algunos especialistas pero que al menos tiene la virtud de abrir un debate en serio.

Existe un acuerdo general en que el fenómeno de los pisos turísticos ha producido una grave distorsión en los espacios céntricos urbanos. El piso turístico es fuente de problemas potenciales entre turistas y vecinos, a causa del deterioro de las zonas comunes, la utilización irresponsable de los servicios de la comunidad o las molestias de los alborotos nocturnos. La presión de los alquileres turísticos, servidos de forma masiva a través de plataformas digitales, provoca una presión alcista de los precios, demostrada en estudios hechos en ciudades como Barcelona. Se impide así el acceso a la vivienda de profesionales con salarios medios o bajos; y producen un cambio en el paisaje comercial de las zonas que ocupan en beneficio de tiendas o servicios de escaso valor añadido y empleo precario.

Las autonomías y Ayuntamientos tienen el derecho a imponer una regulación que limite los efectos más perversos de este coste externo del turismo; es más, tienen la obligación de reaccionar a tales consecuencias con una legislación razonable. La que acaba de imponer Madrid es una respuesta a los daños mencionados y a la multiplicación evidente del número de pisos que de forma ilegal se han convertido en pensiones a costa de los vecinos. Los argumentos en contra de esta regulación concreta, esgrimidos por PP y Ciudadanos, se fundamentan en la idea genérica de que “regular no es prohibir”. Sin embargo, los propietarios tienen garantías legales a través de un procedimiento administrativo para defender sus derechos. Y estaban advertidos de los graves problemas económicos y de convivencia que causaba el alquiler sin regular.

El mercado de la vivienda exige, hay que insistir en ello, una reforma integral que articule las acciones del Estado con las intervenciones posibles de comunidades y Ayuntamientos. Esa reforma tendría como finalidad situar la evolución de los precios en una senda moderada, mediante la construcción de viviendas sociales en promoción y alquiler, y solucionar el problema de los jóvenes profesionales y trabajadores que quieren independizarse. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, extremadamente severa, va en esa dirección, igual que las leyes hipotecarias y de propiedad horizontal.