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JUICIO DEL PROCÉS ANÁLISIS i

La Generalitat siciliana

Para entender el juicio del 'procés' hay que leer a Leonardo Sciascia y a Andrea Camilleri

Banderas independentistas frente a la sede de la Generalitat en Barcelona.
Banderas independentistas frente a la sede de la Generalitat en Barcelona.

Supimos del caso del 3%, del caso Palau de la Música, del caso Turismo, del caso Caric, del caso Pallerols, del caso de las ITV, de los casos de la famiglia.

De toda esa corrupción pujolista y pospujolista sabíamos una enciclopedia. Catalana, claro. Pero hasta esta vista oral nunca sospechamos hasta qué punto la Generalitat era la auténtica heredera institucional de nuestra excolonia siciliana.

Para entender este juicio hay que leer a Leonardo Sciascia y a Andrea Camilleri, a sus mares color de vino, gozo y sangre, a sus campos de alfareros, familias y venganzas. Está aquí casi todo, menos el sexo.

Esta es, en efecto, una historia donde se apelmazan el secreto (de las cuentas y facturas) con el silencio (sobre el ordenante último de los encargos para la votación), y el miedo a desafiarlos: la omertà.

Se arrebolan la presión sobre el débil (ese proveedor necesitado, a punto de ruina); la amenaza para que no falle (el insólito traslado de material en la calle, “junto a un bar”); ni diga (con quién habló, quién ordenó); la coacción social (somos de las mismas asociaciones); y el despiste (és la causa, ja m’entens), para que asienta.

Y se hermanan el apremio (¡para ya!) con la distracción (los intermediarios que todo lo ignoran), y la coacción (si hablas, no te contratamos más).

Y no falta, en fin, el aura misteriosa que rodea al seudónimo del Deus ex machina en la operación de papelería del referéndum: Toni. Toni es probablemente Toni Molons, exsecretario de Difusión (propaganda) del Govern, cesado cuando el 155 y actual ídem de Comunicación (propaganda). Está procesado por siete presuntos delitos en el Juzgado número 13 de Barcelona.

Ya ha aflorado su nombre dos veces: este martes, y en la sesión del día 6, también dedicada a la fabricación y reparto de papeletas, sobres, cartas, amén de encartes publicitarios y planes informáticos.

El esquema de los proveedores es secuencial: hay un encargo (por cuenta no identificable de la Generalitat, de Òmnium, o vaporosa, o de Xavier Vendrell: a veces, como este martes, los testigos se contradicen); se acuerda un precio (se prefactura proforma o se factura, o nada); se suele aludir a que otros, a veces indeterminados, pagarán.

Pero nadie paga, al parecer; se perdonan las facturas, o se cancelan mediante facturas “negativas”; y así las empresas perjudicadas/benefactoras siguen amorradas al pilón de la homologación para acudir a concursos públicos de la casa de Sicilia.

Todo eso relata un lodazal administrativo. Y una colosal vergüenza, en términos políticos, periodísticos, de la realidad social. O propios de Camilleri.

Pero judicialmente la cosa nostra es otra cosa. Al indicio, a la inferencia poderosa, a la intensa sospecha, al retrato exacto pero parcial, al testimonio contradictorio, deben añadírseles pruebas indubitables, personalizadas y sustantivas de que se haya cometido delito de malversación.

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