Austeridad

Sin Presupuestos para 2019, la economía española se enfrenta a un año de incertidumbre profunda en las finanzas públicas. La ausencia de cuentas del Estado liquida buena parte de las iniciativas sociales del Gobierno, tales como las ayudas a la dependencia o ampliar el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, congela la inversión pública en infraestructuras y anula la aportación prevista a las comunidades autónomas. Pero también compromete gravemente la estabilidad financiera. Sin Presupuestos, el déficit público pactado con Bruselas, el 1,3% del PIB para este año, probablemente se desviará hasta el 2,2% y, según las estimaciones más realistas, hasta el 2,4%. En síntesis, el Gobierno que salga de las urnas tendrá que hacer frente a un ajuste superior a los 12.000 millones para aproximarse al objetivo de déficit pactado con Bruselas. Los perjudicados por ese ajuste serán el gasto social y la inversión pública. Hay un riesgo de que la política económica vuelva a los años duros de la austeridad. El colapso presupuestario llega en un momento de estancamiento económico europeo que acabará por afectar al crecimiento español.

La causa principal de este desajuste financiero está en la cancelación del plan para aumentar la recaudación del Estado incluido en los Presupuestos. Sin cuentas públicas, el reloj del gasto sigue corriendo, pero se detiene el de los ingresos y se congela el de algunas reformas imprescindibles del Estado de bienestar. Se pierden para el ejercicio 2019 medidas fiscales como la creación de la tasa financiera, la aplicación de la llamada tasa Google o, lo que es más importante, los nuevos requerimientos en el impuesto de sociedades. Sin un aumento progresivo de la recaudación no es posible coordinar una política que intente recuperar el gasto social previo a la crisis, aumente la inversión pública y, al mismo tiempo, respete el calendario previsto de reducción del déficit. Una vez agotada la política de ajuste del gasto, combinada con recortes de los impuestos directos, la estrategia fiscal del Gobierno, anulada por el rechazo en el Parlamento, era y es la mejor opción.

Las consecuencias económicas de la ausencia de Presupuesto incluyen un nuevo retraso en la reforma del sistema de pensiones

Las consecuencias económicas de la ausencia de Presupuesto incluyen un nuevo retraso en la reforma del sistema de pensiones. Es verdad que la revalorización de las pensiones no puede ser revocada, ni tampoco la subida del salario mínimo. Pero no es menos cierto que la orfandad presupuestaria impide una reestructuración a fondo de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. Sin marco presupuestario no es posible trasladar parte de los gastos del sistema a las cuentas públicas, para recortar un déficit que supera los 18.000 millones. Ni tampoco proseguir en las mesas de negociación y en el Pacto de Toledo con la reforma a largo plazo de las pensiones.

Estos costes, con su carga de incertidumbre, tienen que imputarse a quienes cerraron todas las puertas al debate parlamentario de las cuentas del Estado y a quienes pretendieron intercambiar concesiones parlamentarias por ventajas judiciales en el proceso contra los acusados por el 1-O. Argumentar que la herencia del Gobierno socialista es más gasto público y más déficit puede ser un estribillo electoral, pero no responde a los hechos comprobados en los últimos nueve meses.