Paro estacional
El desempleo de enero es imputable a la precariedad, no a la política de Sánchez
La evolución del empleo en España está sometida a una ducha escocesa permanente. Después de una encuesta de población activa (EPA) muy favorable en el último trimestre de 2018, la evolución del paro registrado en el mes de enero ha presentado un registro pésimo, con un aumento del número de parados de casi 83.500 personas y una afiliación a la Seguridad Social que ha caído por debajo de los 19 millones. El aumento del paro en enero no es un fenómeno nuevo. Responde con exactitud milimétrica a la preocupante estacionalidad del empleo; en temporadas altas los puestos de trabajo, mal pagados y a tiempo parcial, crecen y en temporada baja esos puestos de trabajo se esfuman sin dejar rastro.
Una volatilidad tan acusada del empleo tiene una causa estructural, que es la precariedad en la contratación y los bajos salarios. Y estas condiciones precarias son imputables en primera instancia a la llamada reforma laboral aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy. La política económica a partir de 2012 consistió en superar una recesión profunda deprimiendo las rentas y flexibilizando la contratación. Dicha reforma no acabó con la duplicidad del mercado de trabajo, como anunciaron a bombo y platillo sus impulsores, sino que contribuyó a agravar la desigualdad y, hasta hoy, ha conseguido que el mercado de trabajo español sea uno de los tres europeos con mayor índice de precariedad.
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Pero en lugar de imputar la responsabilidad mayor de la estacionalidad del empleo a una normativa laboral depresiva y mantenida artificiosamente en el tiempo a pesar de que ya en 2016 se había superado la fase recesiva, han aparecido durante los últimos días declaraciones y análisis que pretenden relacionar el crecimiento del paro de enero con la anunciada subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno de Sánchez. El Banco de España lidera la opinión cada vez más extendida entre los defensores de los ajustes de rentas de que la subida del salario mínimo destruirá los empleos peor retribuidos o que requieren menor formación. Es una opinión de la que discrepan otros estudios económicos, que no han encontrado relación significativa entre el alza del salario mínimo y la destrucción de empleo. La opinión del Banco de España, muy respetable, solo es una más entre las muchas que relacionan salarios, crecimiento y empleo.
La oposición política, en particular el PP, ha relacionado, por su parte y sin rubor, el aumento del paro en enero con las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. La relación es, por el momento, indemostrable. La volatilidad en el empleo es más imputable a la debilidad del patrón de crecimiento económico, sustentado en el sector servicios, que a unas disposiciones legales escasas que, por añadidura, no han tenido tiempo de surtir efecto, para bien o para mal.
El mercado de trabajo español, precario y desequilibrado, merece una reflexión conjunta de los partidos políticos y de los agentes sociales que vaya más allá de análisis parciales y oportunistas. El objetivo de esa reflexión es acabar de verdad con la contratación precaria, la ocupación de puestos fijos con contratos temporales y con los microsalarios considerados como la base del crecimiento.
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