Lecciones de una legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer su intención de disolver las Cámaras el próximo 5 de marzo y convocar a las urnas el 28 de abril, apenas cuatro semanas antes de que tengan lugar las elecciones municipales y autonómicas, y unas europeas muy significativas. El jefe del Ejecutivo ha hecho uso de una prerrogativa que le corresponde en exclusiva, a los ocho meses de haber obtenido el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, al prosperar una moción de censura contra el Gobierno del PP.

Pedro Sánchez llegó a la presidencia por un procedimiento indiscutiblemente constitucional, inequívocamente legítimo desde el punto de vista institucional e inexcusable desde el político: el Congreso habría faltado a su deber más elemental si hubiera tolerado la continuidad en el Gobierno de un partido condenado por corrupción, y de un presidente decidido a no depurar responsabilidades y a convivir indolentemente con ella. Sánchez también disuelve las Cámaras por las razones que le obligaban a hacerlo: no por la presión de una manifestación que nunca debería haberse convocado, y menos con el apoyo de fuerzas de ultraderecha (como finge creerse el líder del PP, Pablo Casado), sino por haber perdido la única votación que decide sobre la continuidad de un Gobierno, como es la de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante los meses que ha estado al frente del Ejecutivo, el presidente Sánchez y su equipo han cumplido una tarea sobre la que será inevitable volver después de las elecciones: el país no solo enfrenta una grave crisis territorial en Cataluña, sino un inaplazable problema social, arrastrado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la devastadora recesión económica. Centrar la práctica política del Ejecutivo socialista en esta agenda social ha sido un acierto. Que el nihilismo de las fuerzas independentistas dispuestas a debilitar las instituciones democráticas y sacrificar el bienestar de todos haya encontrado su réplica perfecta en el nuevo liderazgo del Partido Popular, en la volatilidad ideológica de Ciudadanos y en la regresión ultranacionalista de Vox no significa que la desigualdad en el reparto de los costes de la crisis económica y social deba desaparecer del debate político, ni tampoco pasar a un segundo plano la cruel ausencia de expectativas a la que están condenados nuestros jóvenes o el deterioro de los servicios públicos (fundamentalmente el de la sanidad).

El hecho de que los logros sociales no hayan podido tener la continuidad anunciada, debido, entre otras razones, a la acción combinada de las prácticas de filibusterismo de la oposición y a las exigencias independentistas incompatibles con la división de poderes, y, por tanto, con cualquier ideal democrático, no invalida que frente a la agenda nacional, estéril y asfixiante, exista una inaplazable agenda social, cuya vigencia y cuya viabilidad ha tratado de reivindicar el Ejecutivo saliente en un esfuerzo que merece reconocimiento.

Es prematuro aventurar la composición de las Cámaras que resultará de las elecciones del 28 de abril, por más que los pronósticos señalen una fragmentación política igual o superior a la existente. Pero las lecciones de esta legislatura no deberían ser olvidadas. Sobre todo, el intento de gobernar sin pretender siquiera reunir una mayoría parlamentaria, que fue lo que llevó a este país a niveles de inestabilidad desconocidos en la etapa de Mariano Rajoy, junto al daño que infligió a las instituciones con actitudes de gobierno que normalizaban conductas corruptas. Afortunadamente, otra de las lecciones de estos ocho meses ha sido la solidez que han demostrado estas instituciones sometidas a fuego graneado.