El mapa y la brújula

La formación de Gobierno en Andalucía con el apoyo de la ultraderecha, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso por parte de un Ejecutivo en minoría, así como la sorpresiva ruptura de Podemos, han terminado de acotar esta semana el terreno político donde, en el curso de pocos meses, tendrán lugar dos acontecimientos determinantes para el futuro del país: la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas y europeas en mayo, y la celebración del juicio a los líderes políticos que participaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, tras derogar la Constitución y el Estatut para imponerla por vías de hecho.

La conciencia de que el sistema constitucional de 1978 se enfrentará en breve a pruebas que podrían comprometer su continuidad tal y como se conoce está más extendida que el compromiso de las fuerzas políticas para minimizar el riesgo de derivas indeseadas, recuperando el sosiego en los discursos, buscando acuerdos que amplíen el espacio de la centralidad en lugar de invalidarlo, y estableciendo una agenda pragmática que limite la capacidad desestabilizadora de los extremos.Las estrategias que guían a los partidos son exclusivamente electorales, y, dentro de estas, variaciones apenas disimuladas de una sola: agitar asuntos que dividan a los ciudadanos, con la esperanza de movilizar los propios apoyos y provocar el desistimiento de los adversarios.

La agenda social debe recuperar terreno con respecto a la nacional, compensando a los que más padecieron la crisis

Si hasta ahora la política española había logrado mantener un precario equilibrio entre dos agendas, una social y otra nacional, la irrupción de Vox y el correlativo desplome de Podemos indica que la última se está imponiendo a la primera. Con el agravante de que, también en la agenda nacional, se está produciendo una reducción del espacio político central, traducida en una irreductible polarización entre dos posiciones que pretenden desbordar el sistema desde extremos opuestos: la de los partidarios de utilizar el artículo 155 como vía espuria de recentralización y la de quienes, desde el independentismo, promueven o transigen con la estrategia de cuanto peor, mejor.

La tramitación de los Presupuestos en el Congreso será con toda probabilidad una de las últimas ocasiones para conjurar el riesgo de que la situación no resulte ingobernable tras las próximas citas electorales y judiciales. El deterioro político ha alcanzado tales cotas que las dudas no se limitan a si resultarán aprobados o no, sino que se refieren, incluso, a la simple posibilidad de que sean debatidos. Poco o nada cabe esperar del Partido Popular en ninguno de ambos capítulos, lanzado a competir con Vox en la recuperación de una idea carpetovetónica de España. Ciudadanos, por su parte, se juega en la decisión sobre la tramitación de las cuentas públicas algo más que su política de alianzas. Después de formar Gobierno en Andalucía con apoyo de Vox, es ahora cuando dejará claro si se trata del partido de centro que proclama o de una simple comparsa en cualquier fórmula para llegar el poder.

Las invocaciones de los independentistas a la democracia no les ha impedido cerrar el Parlament

Existen diversas razones para defender la conveniencia de debatir y, en su caso, aprobar unos Presupuestos como los que ha presentado el Gobierno. La primordial, dar ocasión de que la agenda social recupere terreno frente a la nacional, compensando a los ciudadanos que más padecieron los efectos de la crisis. Pero no es la única. Desde las últimas elecciones generales la estabilidad política se ha basado en una situación parlamentaria anómala, que ha marcado la presidencia de Rajoy tanto como la de Sánchez. Sin mayoría para gobernar ni tampoco para ser fácilmente desalojados, ambos han recurrido a mecanismos extraordinarios de Gobierno que, por una parte, impiden abordar reformas de calado, y, por otra, retroalimentan la crispación. El Gobierno se arriesgaría a acelerar esta dinámica infernal si optase por prolongar la legislatura sin Presupuestos. La situación no es diferente en el Parlament de Cataluña. En lo que va de legislatura no ha aprobado una sola ley, no ha celebrado una sesión de control al Ejecutivo digna de ese nombre y no ha sido capaz de renovar la composición de los órganos institucionales que dependen de él. La principal responsabilidad corresponde a los grupos independentistas, cuyas constantes invocaciones a la democracia no les ha impedido cerrar la Cámara, ni tampoco mantenerla reducida a la impotencia. Pero Ciudadanos no está exento de culpa, al renunciar a ejercer como principal fuerza de oposición en el Parlament y limitarse a interpelar desde él al Gobierno central, no al autonómico.

Los acontecimientos a los que se enfrentará próximamente el país, así como las posiciones ya adoptadas por los diferentes partidos, dibujan un mapa político al que no resultará fácil encontrar una salida. Más aún si, como parece, no se reconoce la obviedad de que una brújula es brújula porque señala al norte, no porque haga pasar por norte la dirección que uno prefiere.