Competición temeraria

El partido ultraderechista Vox ha hecho públicas sus condiciones para apoyar la investidura del candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien gobernaría en coalición con Ciudadanos. Para contar con los votos de Vox, ambas fuerzas deberían retirar del programa pactado las iniciativas contra la violencia de género, así como devolver algunas competencias autonómicas al Estado central o cerrar la televisión pública andaluza. Estas exigencias dejan en evidencia la estrategia del PP y Ciudadanos en Andalucía, quienes parecieron dar por descontado el apoyo a cambio de nada de un partido que hace del nacionalismo español y de la intolerancia contra los extranjeros y las reivindicaciones de las mujeres y los homosexuales su bandera. Pero la ingenuidad o la astucia desde la que recabaron el apoyo de Vox es menos relevante que el núcleo político esencial que la negociación para formar un Gobierno conservador en Andalucía pone en juego: el Partido Popular, de manera evidente, y Ciudadanos, de manera equívoca e indirecta, se muestran dispuestos a gobernar con un programa que incorpora o excluye elementos al dictado de una fuerza antisistema. Si finalmente pagaran este tributo para hacerse con la Junta, el PP y Ciudadanos estarían incurriendo de manera flagrante en aquello que denuncian sin fundamento en el Ejecutivo central: gobernar a cambio de concesiones inaceptables a los grupos de los que se valen para completar su mayoría.

Transigir por las condiciones que Vox reclama para la investidura de Juan Manuel Moreno coloca al PP y Ciudadanos en una situación de precariedad parlamentaria y de dependencia política, puesto que ese mismo apoyo resultará imprescindible para sacar adelante cualquier iniciativa de Gobierno a lo largo de la legislatura autonómica, con el precedente de la claudicación realizada. Cualquier concesión efectiva al programa de una fuerza como Vox en Andalucía introduce tensión en la totalidad del sistema constitucional del 78, puesto que sirve de excusa para la exigencia de concesiones simétricas por parte de otras fuerzas antisistema, y augura una espiral de radicalización que las próximas citas electorales podrían acelerar en lugar de detener. De no cerrar inequívocamente el paso a los programas extremistas, la única alternativa al creciente bloqueo político provocado por la acción combinada de la fragmentación electoral y la crispación política será decidir por cuál de los extremos ideológicos cederá el sistema.

La irrupción de un partido de ultraderecha en el espacio político español demuestra que ningún electorado es inmune a la seducción ejercida por fuerzas que cuestionan los principios democráticos, sin importar la ideología desde la que lo hagan. Esta evidencia no dice nada, sin embargo, de las causas que contribuyen a que estas fuerzas afloren y a que su influencia no deje de aumentar. En España, no cabe minimizar el papel determinante del independentismo catalán en la irrupción de Vox, pero tampoco la persistente estrategia de la crispación que han adoptado PP y Ciudadanos en el problema territorial, cerrándose a cualquier consenso con el Gobierno central que no pase por la aplicación del artículo 155 concebido como vía espuria de recentralización. La fragmentación del centroderecha español, que viene a sumarse a la del centroizquierda que provocó la crisis económica, no es resultado de que el electorado disponga ahora de más alternativas políticas dentro del ámbito ideológico conservador. Por el contrario, sólo responde a una temeraria competición por demostrar más arrojo, más determinación, o como estas fuerzas prefieren decir, menos complejos, a la hora de llevar a la acción las palabras desaforadas y los argumentos catastróficos que agita la estrategia de la crispación.