Arantxa Sánchez Vicario, dos escenarios para un divorcio
Un juzgado de Esplugues fija para marzo la resolución del matrimonio de la tenista, como quería su marido, Josep Santacana. La pareja también tiene una deuda de 7,5 millones con el Banco de Luxemburgo
La nada amistosa separación de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana se ventila, en paralelo, en dos escenarios judiciales muy lejanos. Un océano separa los tribunales de Florida de los juzgados de Esplugues (Barcelona). La tenista quiere que el proceso de divorcio se decida en Estados Unidos, donde vive, mientras que el empresario pretende que sea en Cataluña. Mientras Florida no se ha pronunciado, Esplugues ha puesto ya fecha para la vista sobre la demanda de divorcio: el próximo 4 de marzo.
La cita en los juzgados llega más de un año después de que se hiciera pública la separación de Sánchez Vicario y Santacana, que se instalaron en Miami en 2014 y tienen dos hijos en común, Arantxa y Leo. Los problemas económicos y judiciales que arrastra la tenista desde hace años pesaron sobre la convivencia de la pareja, que dos años después de aterrizar en Estados Unidos sufrió una severa crisis que les llevó a vivir a cada uno por separado.
Santacana impulsó inicialmente el proceso de divorcio en Miami y pidió la custodia de los hijos con el argumento de que Sánchez Vicario padece problemas psicológicos y no puede hacerse cargo de ellos. La excampeona de Roland Garros, por su parte, le acusó de haber gestionado y malgastado su fortuna. Cuando se casaron, en 2008, los padres y hermanos de la tenista le advirtieron contra Santacana: trataron de que el hombre firmara un acuerdo para renunciar al patrimonio de Sánchez Vicario e incluso encargaron una investigación a detectives privados. Pero la tenista apostó por la relación y empezó entonces a distanciarse de sus padres.
El proceso judicial empezó a tramitarse en Florida, pero cuando el tribunal exigió detalles sobre el manejo de la fortuna de la tenista, Santacana decidió cambiar de estrategia y trasladar la batalla al otro lado del Atlántico. El empresario interpuso la demanda de divorcio en España. Su intención es demostrar que no debe nada a su esposa y que, antes de la boda, firmaron un régimen de separación de bienes.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Esplugues comenzó entonces a tramitar el procedimiento. La defensa de la tenista intentó paralizarlo con el argumento de que ya existía un proceso anterior abierto en Miami. La juez, sin embargo, lo rechazó y concluyó que era competente para seguir con el proceso teniendo en cuenta que ambos tienen la nacionalidad española. La vista está fijada para marzo.
En el trasfondo de la separación y de la disputa económica entre Sánchez Vicario y Santacana está la querella impulsada por el Banco de Luxemburgo y que investiga un juzgado de Barcelona. La entidad se querelló contra la extenista y contra el empresario por una deuda pendiente de pagar de 7,5 millones de euros y llegó a pedir su ingreso en prisión, que fue rechazado.
Todo comenzó en 2009, cuando el Tribunal Supremo condenó a la campeona de Roland Garros a pagar una abultada multa (5,2 millones) por fraude fiscal. Pese a su prolífica carrera en la primera línea del tenis mundial, Sánchez Vicario no tenía dinero para afrontar el pago. Cómo se llegó a esa situación es una de las claves del asunto. La jugadora acusó inicialmente a sus padres de haber malgastado su fortuna.
La Agencia Tributaria, en cualquier caso, pudo cobrar gracias a un aval del Banc de Sabadell que, a su vez, recuperó la cantidad de otro aval suscrito con el Banco de Luxemburgo, donde la jugadora depositó durante años —por consejo de sus asesores— el dinero acumulado con sus triunfos sobre la tierra batida.
Al no poder cobrar, el Banco de Luxemburgo dirigió sus acciones contra Sánchez Vicario, pero también contra Santacana. Al reafirmar que hubo separación de bienes y que nunca se hizo cargo de gestionar el patrimonio de la tenista, Santacana pretende, entre otras cosas, que sea solamente Arantxa Sánchez Vicario la que responda en su contencioso con el banco luxemburgués.
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