Arantxa Sánchez Vicario, ante el juez: “Estoy en la ruina”

Arantxa Sánchez Vicario ha declarado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para explicar por qué se ha querellado contra su familia y contra los gestores de su fortuna. “Estoy en la ruina y quiero que mi familia me explique por qué tengo tantas deudas. Hacienda y Luxemburgo me reclaman cantidades que no puedo pagar”, ha detallado ante el juez la excampeona de Roland Garros, que les acusa de haber dilapidado buena parte de su patrimonio.

La declaración, como testigo, de la extenista es el último episodio de una larga batalla judicial que ha partido en dos a la familia. En noviembre de 2012, Arantxa se querelló contra su padre Emilio, su hermano Javier-José y las dos personas de “confianza” que gestionaban sus ingresos: el abogado Bonaventura Castellanos y el gestor Francisco de Paula. Les atribuye cuatro delitos (apropiación indebida, administración fraudulenta, deslealtad profesional y falsedad) por haberse apropiado de una fortuna que, entre torneos y patrocinios, asciende a unos 45 millones de euros.

En su comparecencia ante el juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la extenista ha explicado que “se dedicaba únicamente al tenis” y que desconocía por completo cuáles eran sus ingresos. Todo lo relativo a los temas extradeportivos los había delegado en su padre y en el abogado Castellanos. “Tenía plena confianza en ellos”, ha relatado. Las cosas se empezaron a torcer en el ocaso de su carrera, en 2003, cuando se vio envuelta en una causa por fraude fiscal. Fue condenada, en sentencia firme, a pagar 5,2 millones de euros.

La excampeona de Roland Garros revela que vivía con una tarjeta para gastos de 1.500 euros al mes

Arantxa ha permanecido muchos años, incluso después del choque con Hacienda, a oscuras sobre su patrimonio. “Mi padre me explicaba que estuviera tranquila, que lo que había ganado me daba para vivir a mí, a mis hijos y dos generaciones más”, ha relatado ante el juez. Hasta que se casó, en 2008, con el empresario Josep Santacana, la extenista vivía “con una tarjeta de 1.500 euros al mes” para sus gastos. Solo a través de Hacienda, ha insistido, supo “lo que había ingresado” en su época de tenista. Ese impacto le dejó “anulada” y le obligó, ha explicado, a someterse a tratamientos “psicológicos y psiquiátricos”.

La mujer que fue icono del deporte español ha explicado que ni siquiera conocía la existencia de cuentas en Andorra. Según la querella, elaborada por los penalistas Xavier Melero y Judit Gené, el padre abrió diversas cuentas en ese país para ingresar los beneficios obtenidos por su hija. Arantxa no tuvo firma allí hasta 2010. “Tuve que ir banco por banco, con el DNI, para saber dónde tenía cuentas”, ha añadido. La querella detalla que hay transferencias bancarias y retiradas de efectivo “injustificadas”, y añade que las inversiones inmobiliarias que se hicieron con su dinero “no se orientaron a la protección de los intereses de Arantxa”, sino “al beneficio de su padre”.

El fiscal le ha preguntado por qué no tomó las riendas de su carrera cuando alcanzó la mayoría de edad. Arantxa ha insistido en que estaba plenamente volcada en el mundo del tenis. “Estaba en la cima de mi carrera. Entrenaba todo el día y al año viajaba 10 meses y medio”.

Tuve que ir banco por banco en Andorra para para saber dónde tenía cuentas

La querella fue archivada inicialmente pero, en junio de 2013, la Audiencia de Barcelona obligó reabrir la causa e investigar los hechos. Poco después, la familia intentó hacer las paces. El acuerdo para resolver ese y otros litigios en marcha —un proceso en Andorra, otro en España sobre el uso de un piso en Barcelona y una residencia de verano en la Costa Brava— estuvo a punto de fraguarse, pero fracasó a última hora. La excampeona, visiblemente emocionada en la sala de vistas, ha explicado que intentó llegar a un acuerdo porque estaba “desesperada” al no poder pagar las deudas y buscaba una solución.

La causa por la que ha declarado hoy Arantxa se reemprendió, pero no ha hecho más que empezar. Todo este tiempo se ha dedicado a analizar si el padre puede ser imputado. Los forenses han concluido que no porque padece la enfermedad de Alzheimer. El resto deberán declarar, previsiblemente, como imputados, aunque aún no han sido citados.